El Senado denuncia al Congreso ante el Constitucional por no dejarle legislar

El Senado, impulsado por la mayoría absoluta del Grupo Popular, ha terminado el año presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional denunciando el bloqueo legislativo del Congreso de los Diputados a 36 proposiciones de ley aprobadas por la Cámara Alta, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes parlamentarias. El pleno aprobó iniciar la tramitación el 19 de noviembre, el Congreso tenía un mes para contestar, lo hizo negativamente, y finalmente la Cámara Alta lo ha registrado en el TC. Esta iniciativa aboca al Senado a un nuevo conflicto de competencias e inicia 2026 con un enfrentamiento entre el PP y la mayoría de izquierdas que domina el Congreso de los Diputados. Una batalla que se ha agravado a final de año, cuando el Congreso ha bloqueado hasta 125 proyectos de ley, prolongando el plazo de enmiendas para evitar su debate y que el Gobierno sea derrotado, entre ellos estas leyes del Senado.

Los populares han cumplido la amenaza lanzada en el mes de septiembre por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuando, en el inicio del curso político, afirmó, en una reunión con el Grupo Popular en la Cámara Alta, que iría al choque en el Tribunal Constitucional con el Congreso de los Diputados. El motivo de este enfrentamiento, el bloqueo sistemático de todas las leyes que la mayoría absoluta del PP aprueba y que la presidente socialista de la Cámara Baja, Francina Armengol, con el apoyo de Sumar, paraliza en la Mesa del Congreso. El líder popular llegó a denunciar lo que entiende como un fraude de ley, al advertir de que «el Congreso está hurtándole al Senado su facultad de legislar, por orden del Gobierno».

Feijóo afirmó que «el Senado es una Cámara tan legítima como el Congreso y, por eso, intentar eliminar su iniciativa legislativa es negar la legitimidad del Senado», anunciando que en el Plan de Calidad Institucional del PP se incorporará un bloque importante para que el Poder Legislativo recupere la independencia que le otorga la Constitución y no se vea «suplantado» por el Ejecutivo. A su juicio, «no es posible» que «para la presidenta del Congreso pese más su partido que su país».

Tras esta amenaza de Feijóo, el Congreso no se dio por aludido y no levantó la veda para tramitar las leyes aprobadas por el Senado, por ello, el Grupo Popular sometió al pleno del Senado el pasado 19 de noviembre la votación del inicio de este conflicto de competencias «contra los acuerdos del 11 de noviembre de 2025 de la Mesa del Congreso de los Diputados de ampliación de los plazos de enmiendas a todas las proposiciones de ley remitidas por el Senado y que traen causa de los sucesivos acuerdos en el mismo sentido que impiden su tramitación; o, en el caso de que estas recurrentes ampliaciones de plazo se sigan produciendo tras el registro de este documento, contra los sucesivos acuerdos con el mismo objeto de la Mesa del Congreso de los Diputados o del órgano competente, para que el Pleno del Senado requiera formalmente al Congreso de los Diputados a que la Mesa de esa Cámara acuerde la inmediata conclusión de dichos plazos de enmiendas», según el escrito remitido el 12 de noviembre a la Mesa del Senado, que es la base del recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Grupo Popular justificó la presentación de este conflicto de competencias, ante el que Junts y el PNV se abstuvieron, en el artículo 66.2 de la Constitución, que establece que «las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado». En este sentido, en su escrito a la Mesa y sometido al pleno, subrayan que «el origen de esa función legislativa es precisamente la iniciativa legislativa de la cual depende el impulso y la puesta en marcha de todo el procedimiento legislativo, estableciendo el artículo 87.1 de la Constitución que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras». En desarrollo de este precepto, «los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado regulan la iniciativa legislativa del Senado y, en concreto, el artículo 108.5 dispone que, aprobada una de ellas, se entenderá efectuada su toma en consideración, y el Presidente la remitirá al Congreso de los Diputados, para su trámite en este como tal proposición».

Armengol no hace caso

El escrito sometido al pleno señala que, «de ambos preceptos de cada Reglamento, se deduce lo mismo: que la remisión por el Senado al Congreso de la proposición de ley va asociada a su necesaria tramitación en el Congreso», y precisa que «para su trámite, dice el artículo 108 del Reglamento del Senado y serán tramitadas, dice el artículo 125 del Reglamento del Congreso». Por ello, concluye que «no puede quedar más clara la obligación del Congreso, conforme a su Reglamento, de dar tramitación a las proposiciones de ley del Senado, una tramitación real, no ficticia», precisando que «una tramitación real es solo aquella en la que el procedimiento legislativo, a través de sus diversas fases, pueda llegar a su culmen con un rechazo o con una aprobación del texto». A juicio del Grupo Popular, «no puede entenderse, obviamente, como tramitación, el que la iniciativa simplemente figure en el listado de asuntos pendientes desde su entrada en el Congreso hasta el fin de Legislatura, a la espera de que caduque».

Armengol contestó al requerimiento que le envió el Senado, tras su aprobación por el pleno, previo a la interposición de este recurso, y se limitó a decir que cumple lo que marca la ley en lo que se refiere a la posibilidad de ampliar los plazos de presentación de enmiendas. Esta respuesta motivó el recurso, que a fecha de hoy, se encuentra a la espera de lo que dictamine el Tribunal Constitucional sobre su tramitación.