El Gobierno tendrá que explicar todos los rescates de la SEPI durante la pandemia

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá qué explicar ante el Congreso de los Diputados la gestión de hasta 2.700 millones del Fondo de Solvencia a las Empresas, tal y como se lo ha exigido el Grupo Popular. En una batería de preguntas registradas en la Cámara Baja —que deben responderse por escrito— a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los populares, tomando como base varias informaciones publicadas por este periódico, se interesan por conocer el papel que jugó el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández —vinculado a la presunta trama de corrupción de cobro de comisiones—, en la tutela de los rescates de Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera. Fernández fue apartado del cargo en 2019, pero se mantuvo 18 meses como presidente en la sombra.

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) se ha convertido, durante la gestión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el foco principal de atención por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al detectar que podría ser el centro de una trama de cobro irregular de comisiones por parte de su expresidente, Vicente Fernández, y la fontanera del PSOE, Leire Díez. Mientras los agentes intentan desenmarañar el ovillo de la corrupción del Gobierno y del PSOE, la oposición exige explicaciones en el Parlamento, que durante el mes de enero permanecerá prácticamente cerrado, sin actividad parlamentaria más que la comisión de la dana.

El Grupo Popular ha enfocado al holding público que gestiona la participación del Estado en varias empresas. Concretamente, los populares se fijan en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas que, entre 2020 y 2022 —años en los que estuvo en funcionamiento esta herramienta—, concedió 2.700 millones en ayudas a empresas al borde de la quiebra durante la pandemia. De esta partida salieron los rescates de Air Europa por 475 millones, en noviembre de 2020; Duro Felguera (120 millones), Plus Ultra (53 millones) y Ávoris (320 millones) en marzo de 2021. Unos años en los que, según el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, la SEPI gastó 23,3 millones de euros en la gestión administrativa de este fondo, sin aplicar un criterio objetivo ni un procedimiento fundamentado en datos para hacer estos cálculos.

Los populares quieren conocer la «justificación de las empresas que cumplían los requisitos exigidos por el Real Decreto Ley en su artículo 2, punto 2», que aprobó la creación del fondo, para recibir este dinero y cuáles son «las empresas a las que se le concedió ayudas […], qué importe, modalidad de la ayuda, condiciones y plazos». Una vez que el Gobierno remita por escrito el listado de estas empresas, solicitan saber la identidad de los «miembros del Consejo Gestor que aprobaron las solicitudes de ayudas del Real Decreto-ley 25/2020», si hubo «votos en contra u otra especificidad en las votaciones de las concesiones», así como «quienes asistieron y qué miembros no lo hicieron».

Otra cuestión a aclarar son las empresas que se contrataron, «para qué funciones y qué importes se facturaron finalmente, según el punto 9 del artículo que desarrolla el fondo», y que apunta que «para el desarrollo de las actuaciones que correspondan a SEPI en ejecución del presente real decreto ley, dicha entidad podrá contratar con cargo al fondo todos aquellos servicios de apoyo externo que sean necesarios para la efectividad y puesta en marcha, desarrollo y ejecución del fondo y de todas las operaciones financiadas con cargo al mismo, pudiendo contratar dichos servicios que resulten de inaplazable necesidad conforme a la excepción prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público de concurrir las circunstancias en él previstas».

Representantes del Estado

Igualmente, en los supuestos de participación en el capital social de las empresas apoyadas por el fondo, se interesan por el nombre de las personas que «representaron al Estado en esas empresas en los consejos de administración u órganos de administración». También demandan, en este caso al Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, los expedientes administrativos «hasta su salida del Consejo Rector», así como los «de todas las solicitudes que fueron al Consejo de Ministros».