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Política

La Comunidad de Madrid deja la Casa Árabe tras el polémico informe del Tribunal de Cuentas

El Ejecutivo de Ayuso justifica su decisión al conocer «una serie de dinámicas que consideramos incompatibles»

La Comunidad de Madrid deja la Casa Árabe tras el polémico informe del Tribunal de Cuentas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. | Foto: EP

La Comunidad de Madrid ha comunicado a Casa Árabe su salida del consorcio de esta institución cultural en una carta remitida este miércoles por el consejero de Cultura, Mariano de Paco, al director general de este organismo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, el diplomático Miguel Moro, según ha adelantado El Mundo y ha podido confirmar THE OBJECTIVE.

La decisión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se produce tras «una reflexión profunda y responsable» sobre la gestión que arrastra la institución de Exteriores y después de un demoledor informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la anterior directora, Irene Lozano. «A lo largo de los últimos años, desde la consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se ha observado con preocupación una serie de dinámicas que consideramos incompatibles con los principios que rigen nuestra administración y que entendemos deben prevalecer en toda entidad pública», se indica en la misiva de De Paco a Moro a la que ha tenido acceso este periódico.

«En ese sentido, el reciente informe conocido y publicado por el Tribunal de Cuentas viene a confirmar nuestras dudas sobre la citada gestión, resultado de decisiones y actuaciones que han repercutido negativamente en la credibilidad de la institución que usted dirige. Lamentamos no haber encontrado garantías suficientes que nos permitan asegurar que este principio se cumple de manera efectiva en Casa Árabe», señala el Gobierno madrileño, que en el último año contribuyó financieramente a esta institución con 40.000 euros.

«Por ello, y en defensa de la transparencia en la gestión de las instituciones, la Comunidad de Madrid se ve obligada a tomar distancia respecto a un funcionamiento que no responde plenamente a los estándares que exige la sociedad actual. Quiero subrayar que esta decisión se toma con el legítimo deseo de que la institución pueda recuperar en el futuro los valores y el prestigio que motivaron nuestra participación original», indica el consejero de Cultura, quien agradece en nombre de Ayuso la oportunidad de haber formado parte de Casa Árabe desde su constitución hace justo veinte años. «Deseamos que, en adelante, puedan superarse los obstáculos mencionados para el bien común y el desarrollo institucional», concluye el dirigente madrileño.

El Tribunal de Cuentas puso a finales de diciembre el dedo en la llaga al advertir de las «carencias» en el control interno de la institución durante el mandato de Irene Lozano. El órgano fiscalizador detectó deficiencias e irregularidades en la cobertura de puestos en el informe de fiscalización de los dos últimos ejercicios. También avisó de la delicada situación financiera, la misma que empujó a la biógrafa de Pedro Sánchez a abandonar su dirección el pasado febrero. Este escenario pone en peligro la «viabilidad» de la entidad (con sedes en Madrid y Córdoba) que busca apuntalar las relaciones entre España y el mundo árabe.

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el informe de fiscalización de Casa Árabe correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, cuando Lozano dirigía la entidad. Fuentes del órgano fiscalizador explican a THE OBJECTIVE que el documento examina su situación económico-financiera, su organización interna y el desarrollo de actividades como instrumento de diplomacia pública del Estado. La gestión de la otrora secretaria de Estado para el Deporte y de la España Global no salió bien parada.

El informe concluye que Casa Árabe «carece formalmente de un sistema completo y estructurado de control interno». El Tribunal de Cuentas sostiene que ese escenario afecta de forma transversal a la gestión económica, la contratación, la organización del personal y la seguridad de la información. Desde el punto de vista financiero, el órgano fiscalizador pone de relieve la existencia de resultados negativos recurrentes, cercanos al millón de euros anual, con gastos de gestión ordinaria de 3,2 millones de euros en 2023 y 3,3 millones de euros el año pasado. Cifras que han sido compensadas mediante el uso del remanente de tesorería.

La gestión de Lozano

El Tribunal de Cuentas señala que «la entidad se encuentra en una situación financiera crítica que afecta a su viabilidad», especialmente si se acometen las actuaciones necesarias para la conservación del inmueble de Madrid. La fiscalización identifica debilidades en materia de personal al carecer de un instrumento formal que establezca una relación de puestos de trabajo y procedimientos para la provisión de vacantes y selección del personal, «siendo ello fuente de numerosas deficiencias e irregularidades en la cobertura de puestos».

La dimisión de Lozano en febrero se debió al malestar interno en esta entidad cultural adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores por su mala gestión económica. Una delicada situación que llevó al consorcio a cuestionar los presupuestos que la biógrafa de Sánchez presentó para el año pasado y a plantearle un ultimátum para que presentase un plan para sanear las cuentas. Como avanzó este diario, la exdiputada socialista en la Asamblea dejó que el plazo expirase sin entregar ningún documento y posteriormente abandonó el puesto que ocupaba desde noviembre de 2021.

Los trabajadores de Casa Árabe ya esperaban este informe desfavorable del Tribunal de Cuentas, con el que vincularon la inesperada marcha de Lozano. La biógrafa de Sánchez transmitió esos días a sus allegados cierto hastío por su trabajo como gestora y su deseo de volver a escribir. Otras fuentes la sitúan en la rampa de salida a una embajada. Ya pidió a finales de 2021 al presidente del Gobierno que le concediera la codiciada embajada española en Londres, pero se lo negó porque el puesto ya tenía nombre.

La mala situación económica de Casa Árabe obligó a la entidad a reducir un 67% el gasto para el Ramadán, el mes sagrado del calendario musulmán. De los 7.666 euros que se destinaron el año pasado —con Lozano al frente—, se ha pasado a los 2.513 en 2025, según una resolución de Transparencia a la que tuvo acceso THE OBJECTIVE. Lozano elevó el presupuesto para esta fiesta tras su llegada al organismo. El récord se produjo en 2022, cuando se dedicaron más de 22.000 euros.

Sin supervisión de Albares

El Tribunal de Cuentas apunta a las actividades desarrolladas por Casa Árabe durante el mandato de Lozano. El órgano fiscalizador sostiene que la falta de indicadores impide medir adecuadamente su eficacia e impacto. Además, afirma que «se desconoce el grado de consecución de los objetivos pretendidos y su vinculación con los fines» de la entidad.

Además, el informe indica que «no se aprecia que haya recibido la correspondiente dirección, asistencia técnica y supervisión del Ministerio para constituir un instrumento eficaz», apuntando con ello al departamento de José Manuel Albares. El Tribunal de Cuentas sostiene que esa situación ha limitado el aprovechamiento de sinergias con otras entidades de la Red de Casas. La parte positiva es la actitud de la actual dirección, liderada por Miguel Moro, que considera «orientada a corregir algunas de las deficiencias detectadas», aunque a ojos de la Comunidad de Madrid no es suficiente.

Lozano llegó a Casa Árabe en noviembre de 2021, tras renunciar a su acta de parlamentaria en la Asamblea de Madrid. La escritora madrileña inició su carrera política en UPyD, el partido liderado por Rosa Díez, desde donde dio el salto al PSOE. Con Sánchez fue diputada nacional y ejerció como secretaria de Estado de España Global y presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD). Más allá de ello, ha dado forma a los dos libros del presidente del Gobierno, Manual de resistencia y Tierra firme.

Casa Árabe es un consorcio institucional creado en julio de 2006 mediante un convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de la capital y de Córdoba. Las instituciones autonómicas y locales, gobernadas ahora por el PP, fueron las más críticas con la gestión de Lozano en los últimos tiempos.

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