La Iglesia considera «llamativo» que el Gobierno solo focalice su interés en la pederastia

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha realizado este jueves una primera valoración del acuerdo con el ministerio de la Presidencia para la atención a las víctimas de abusos sexuales, asegurando que, tanto para la institución que representa como para el Vaticano, es una «cuestión llamativa que para el Gobierno de España, en los últimos meses, los puntos de interés, tanto en España, como en Roma, a la hora de hablar de la Iglesia Católica, hayan estado focalizados en este asunto», en relación con la pederastia y «en otro bastante público y conocido».

Argüello ha afirmado que el reconocimiento de las víctimas es «una obligación moral» de la Iglesia Católica, pero ha pedido que los términos del acuerdo se hagan extensivos a otros ámbitos, como la familia, el deporte o colegios públicos, donde la pederastia es más grave. En este sentido, ha señalado que «siempre hemos querido ampliar la mirada, tanto en este asunto, como en todo lo demás», pero «no pare decir que tenemos menos responsabilidad, sino porque queremos ser coherente con decir que las víctimas, la reparación de medidas adecuadas de prevención y de reparación integral estén en el centro de la vida de la Iglesia, y de la sociedad».

El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha asegurado que «muchas personas que han sido víctimas, fuera del ámbito eclesial, también son miembros de la Iglesia, en el campo del deporte, o en las escuelas regidas por administraciones públicas o en el campo de otros mundos asociativos, han sufrido este drama». A su juicio, «todos los estudios, vienen a decir que el ámbito en el que mayores abusos se han producido son ámbitos familiares, en un sentido amplio».

Argüello ha subrayado que a las oficinas habilitadas por las diócesis para acoger y escuchar a los afectados por abusos sexuales «han llegado personas que han sufrido personas en otros ámbitos» y «por eso nos ha parecido importante que en el acuerdo se recoja explícitamente que en la ley de protección de la infancia y la adolescencia, aprobada en 2021, se desarrolle esta ley generando una propuesta análoga a la que ya la Iglesia va realizando a través de la comisión asesora para que también otros sectores, donde ha habido abusos, puedan ofrecer una propuesta de reparación integral, aunque los asuntos también estén prescritos».

Por su parte, el ministro Félix Bolaños, ha puesto en valor la labor del Vaticano para «concienciar a las distintas iglesias católicas nacionales de la necesidad de reparar a las víctimas de abusos en el ámbito de la iglesia», calificando de «dura y larga» la negociación con la Iglesia Católica hasta «llegar a un punto de equilibrio donde el Gobierno de España estamos más que satisfechos porque hemos cumplido todos los requisitos que marcaba el informe del Defensor del Pueblo».

Defensor del Pueblo

En virtud del acuerdo alcanzado, el Gobierno se ha comprometido, como solicitaba la Iglesia, a abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública. Este sistema acordado de reconocimiento y reparación, tendrá el criterio técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la evaluación de la Comisión del PRIVA, el consenso Iglesia Católica-Estado y la participación de las víctimas.

La Oficina del Defensor del Pueblo estudiará los casos presentados y propondrá un cauce de reparación que será estudiado y evaluado por la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia. Los criterios de valoración de los casos y de la baremación de la reparación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión PRIVA serán homogéneos. En caso de discrepancia de la valoración, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia, será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER según el caso.

Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta. El sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes. Es una vía temporal con una duración de un año (prorrogable otro año más), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario.