Mañueco, al límite para convocar elecciones en Castilla y León y que se celebren en marzo

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, apura el mes de enero para convocar elecciones en Castilla y León y que se puedan celebrar en el mes de marzo, como siempre ha sido su objetivo: agotar la legislatura sin adelantos y dentro de una situación de normalidad. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE subrayan que hay tiempo para una notificación que tiene que producirse un lunes de enero, para que los comicios se lleven a cabo en domingo. A partir de este lunes, día 12, una vez pasadas las fechas navideñas, en cualquier momento se puede producir este anuncio.

Los populares avanzan en su calendario de convocatoria de elecciones autonómicas. Una vez celebradas las de Extremadura, con la victoria de María Guardiola, la siguiente cita es Aragón, el 8 de febrero; la próxima fecha a despejar es Castilla y León. En los dos primeros casos sí que se ha producido un adelanto electoral, al no poder sacar adelante el PP los Presupuestos, pero en el otro se agotará la legislatura. En la presidencia de Castilla y León hay tranquilidad en cuanto a un anuncio que creen que hay todavía tiempo para hacerlo público; pero entre las bases hay una cierta inquietud hasta que el presidente de la región despeje la fecha.

Si Mañueco convoca este lunes, las elecciones serían el 8 de marzo; si lo hace el lunes 19, tendrían lugar el 15 de marzo, como llegó a apuntar un cargo del Gobierno castellanoleonés. La única certeza es que el 13 de febrero, las Cortés de Castilla y León tienen que disolverse, ya que las elecciones se celebraron el 12 de febrero de 2022. Por lo tanto, 25 días antes, el presidente de la comunidad tiene que firmar el decreto de disolución y convocar elecciones. Ello supone que el 20 de enero es el último día que tiene Mañueco para convocar elecciones. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León señala que deben convocarse «entre el quincuagésimo cuarto (54) y sexagésimo (60) día desde la convocatoria». 

Las elecciones en Castilla y León se van a celebrar en un contexto político marcado por el ascenso de Vox, pero también del Partido Popular, como ha sucedido en Extremadura, y la caída del PSOE. Unos factores que pesarán en la decisión de Mañueco, que no puede esperar a conocer los resultado de las elecciones en Aragón, para ver si los cosechados en Extremadura son una tendencia que se confirma en otros territorios. Las fuentes populares consultadas están pendientes de un acto del PP europeo convocado el próximo viernes en Valladolid, al que asistirá Mañueco, para ver si da alguna señal de sus intenciones.

La principal preocupación entre los populares de la región es precisamente el crecimiento de Vox en las zonas rurales, que tienen gran importancia en Castilla y León. «Vox está fuerte, en Extremadura se ha llevado gran parte del voto rural y en Castilla y León se lo puede llevar», aseguran a este periódico fuentes populares, que admiten la intranquilidad existente por cómo afrontan en la campaña el crecimiento de la formación de Abascal. Un sector del PP cree que Mañueco tiene que «pescar en el caladero de Vox» para mejorar el resultado final y que la dependencia de los de Abascal no sea desmesurada.

Sistema de financiación

Junto a esta preocupación por Vox hay motivos para el optimismo, gracias a la baza que les ha regalado el Gobierno y el PSOE con el acuerdo de financiación autonómica que beneficia a Cataluña. Una bandera electoral que pueden esgrimir los populares como un elemento de discriminación con una parte del territorio nacional y de falta de solidaridad: «Hay una baza importante que es la de la financiación autonómica, sobre todo después de las declaraciones del candidato socialista».

Mañueco ha querido aprovechar esta cuestión para tomar distancia de los socialistas: afirma que el nuevo sistema de financiación es «el mayor ataque de Sánchez a Castilla y León» e insiste en que «ni es justa, ni atiende al territorio ni a las personas: solo responde a intereses partidistas». Además, ha anunciado, como han hecho otras comunidades autónomas del PP, que irá al Tribunal Constitucional si el acuerdo es aprobado finalmente en el Congreso de los Diputados.