El Gobierno pone coto al 'true crime': la víctima podrá denunciar daños a su honor

La reforma de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen impedirá que un condenado con sentencia firme utilice su crimen en los denominados true crimes si daña el derecho al honor de la víctima, más allá de los casos de violencia vicaria.

El Gobierno ha dado luz verde este martes, en primera vuelta, al anteproyecto de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, con el que ya no hará falta demostrar que el condenado ha participado en el true crime para obtener un beneficio económico o notoriedad. Ahora la víctima podrá invocar su derecho al honor.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado que el texto establece una nueva regulación para los denominados true crimes, para «dar mayor protección a las víctimas» de estos delitos, de tal manera que se considera injerencia en el derecho a la protección del honor siempre que el victimario obtenga algún tipo de rendimiento económico o no, y tenga proyección personal con ese true crime.

Según Bolaños, «se desvincula de la necesidad de que tenga un beneficio económico el que exista una intromisión ilegítima en el derecho al honor» y el victimario no puede usar el delito del que ha sido autor para una utilización posterior en una serie de televisión o en cualquier otra obra artística.

Fuentes del Ministerio de Justicia han detallado a Europa Press que la norma afecta a «toda persona con sentencia firme» que haga uso del delito para conseguir notoriedad o ganancia económica o -a partir de ahora- que sin un motivo aparente dañe el honor de su víctima.

Sobre quién puede denunciar la violación del derecho al honor de la víctima de un asesinato, las mismas fuentes han indicado que «la persona que hubiera designado en testamento, y en su defecto, o su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, o descendientes, ascendientes o hermanos». También la Fiscalía, a falta de todos ellos.

El Gobierno ya había incluido la regulación de los casos de los condenados por violencia vicaria en el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en esta materia, que incorpora al Código Penal una nueva pena que consiste en la prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido.

En el momento de su aprobación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se refirió al libro El odio, del escritor y periodista Luisgé Martín sobre el caso de José Bretón, asesino de Ruth y José, los hijos de Ruth Ortiz. «Afortunadamente, la sociedad acompañó a la víctima. La sociedad en ese momento fue por delante incluso de la ley. Lo que queremos en esta ocasión es que la ley acompañe a la sociedad en ese reproche que se hizo en aquella ocasión. Y, por otro, lado también queremos adelantar las soluciones», dijo.

En el caso de la obra sobre Bretón, la ministra de Igualdad explicó que se planteaba un conflicto de derechos, por un lado la integridad moral de la madre y, por otro, la libertad de creación artística. «Para evitar ese conflicto, para evitar que se produzca y que se suscite esa confrontación de derechos, anticipamos la solución con esta ley», añadió.

Aunque la obra iba a ser publicada por Anagrama en marzo de 2025, la editorial paralizó la publicación tras las quejas de Ruth Ortiz, madre de Ruth y José. En un primer momento el sello catalán defendió su derecho a editar el libro y la Audiencia de Barcelona confirmó la desestimación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la paralización de la publicación de la obra. Sin embargo, Anagrama decidió finalmente extinguir el contrato con el periodista en abril. Martín recuperó los derechos del libro, asegurando que mantenía su intención de publicar su obra y que Anagrama había «sentido miedo de la presión social».

En otro caso, la presión de Patricia Ramírez, madres del niño Gabriel Cruz, asesinado por la que fuera novia de su exmarido y padre del menor, Ana Julia Quezada, logró parar la producción de una docuserie sobre el caso. Ramírez llegó a comparecer en el Senado, donde denunció «la intención espuria” de la condenada «de realizar un documental o serie televisiva sobre el caso».