Situación inédita en Defensa: el 30% de los generales del cuerpo jurídico son familiares

El cuerpo jurídico del Ministerio de Defensa se ha convertido en una especie de coto familiar en su cúpula desde este martes con el ascenso a general auditor de María Dolores Plaza tras su nombramiento en el Consejo de Ministros. La duodécima general en la historia de las Fuerzas Armadas es esposa del también general auditor Francisco Javier Granados, quien está al frente de la asesoría jurídica del Ejército de Tierra, y cuñada del general consejero togado Alberto Granados, que dirige en la actualidad la Asesoría Jurídica General en el departamento de Margarita Robles.

Esta circunstancia supone que en un cuerpo con un reducido número de miembros en su generalato -solo once en la actualidad-, la familia Granados-Plaza roza el 30% de los fajines rojos. Una situación llamativa y sin precedentes por su porcentaje, pese a que las sagas familiares se siguen dando en las Fuerzas Armadas como en otros colectivos de la Administración, según coinciden fuentes militares a THE OBJECTIVE.

Además, los tres han conseguido sus respectivos ascensos al generalato en apenas dos años y de forma consecutiva. Alberto Granados llegó a general auditor el 27 de diciembre de 2023. Su hermano Francisco Javier consiguió la estrella de cuatro puntas el 18 de marzo de 2025. Y ahora le ha tocado el turno a la mujer de este último. Entre medias fue el ascenso a general consejero togado de Alberto –el pasado 2 de septiembre– para convertirse ese mismo día en el máximo responsable del cuerpo jurídico de las Fuerzas Armadas, algo que no consiguió hace 35 años su padre, Aquilino Granados, cuando llegó al puesto de asesor jurídico del cuartel general de Tierra, el mismo que ocupa ahora uno de sus vástagos en el Palacio de Buenavista.

María Dolores Plaza podía haber ascendido en ese mes de septiembre a general, pero Robles decidió retener la plaza para ella hasta que cumpliera dos años de antigüedad como coronel auditor y, sobre todo, para evitar suspicacias entre sus conmilitones «ante tanto nombramiento familiar», según confiesa una fuente consultada por este periódico. El punto de mayor fricción es que Defensa se saltó al número uno de su promoción, el también coronel auditor José Miguel Alía, tras el curso de ascenso.

Alía dirigía la asesoría jurídica del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y después del revés, decidió pasar directamente a la situación de retiro sin los años que le correspondían en la reserva para así dejar constancia de su enfado. Es decir, pasó de estar activo en las Fuerzas Armadas y en la cúpula del almirante Teodoro López Calderón a la jubilación anticipada. Todo ello después de que sus mandos le informasen de que no iba a ascender al equivalente a general de brigada, pese a haber quedado el primero en la puntuación objetiva del ascenso de este año por delante de Plaza y el resto de coroneles auditores.

El «portazo» de Alía conllevó la pérdida de salario como militar en la reserva y su reingreso en la vida civil el pasado 30 de octubre, fecha en la que cumplió 60 años. Además, contaba con el requisito de tener 30 años de servicio en las Fuerzas Armadas, por lo que salió del Ejército «por la puerta grande» después de verse «defenestrado» en la fase subjetiva del curso de ascenso a general, según reveló THE OBJECTIVE.

La nueva general auditor ha tenido en los últimos años el cargo de vocal asesor de Adoración Mateos, la subsecretaria del ministerio y máxima responsable de todos los cuerpos comunes —inclusive el jurídico— en su condición de número tres de Robles. Por lo tanto, Mateos se decantó por Alberto Granados para dirigir a los jurídicos militares cuando la esposa de este último trabajaba con ella codo con codo, subraya otra fuente.

A la Fiscalía Militar del Supremo

Plaza ocupará ahora la vacante en la Fiscalía Militar del Supremo con toda probabilidad, ya que el otro puesto libre por cubrir entre los jurídicos es el puesto de número dos en la Asesoría Jurídica General a las órdenes de su cuñado. Una situación que sería «insostenible», en opinión de un mando que prefiere guardar el anonimato, por lo que esta última vacante debería recaer salvo sorpresa mayúscula en José Antonio López Arauzo, quien también fue ascendido este martes por el Consejo de Ministros a general auditor.

La llegada de Plaza al generalato ha sido la comidilla entre sus compañeros del cuerpo en los últimos meses y ha generado división interna. Varios critican el hecho de que no haya hecho ninguna misión en el exterior ni haya sido asesora, fiscal o juez titular. Tampoco cuenta con un doctorado. «Su carrera se ha fraguado en los pasillos y los gabinetes del órgano central, al amparo de políticos civiles, especialmente del PSOE sanchista», advierte uno de ellos. Por el contrario, otros defienden su ascenso por ser «mucho mejor jurídica» que los hermanos Granados y destacan su paso por el Tribunal Central Militar (TCM), órgano judicial que dirige la general consejero togado Begoña Aramendía, la primera mujer en ocupar ese cargo. 

En el caso de Francisco Javier Granados, este mando se vio envuelto en una polémica el pasado verano después de que el Ministerio de Defensa tumbase la obra candidata a los últimos Premios Ejército que llevaba por título La batalla de Peñarroya-Valsequillo, enero-febrero de 1939, al comprobar que se citaba a Francisco Franco en 11 ocasiones como «Generalísimo», un término que «sacado de su contexto como máximo empleo militar, puede ser interpretado como encumbramiento o alabanza de la persona del General Franco» y, por tanto, vulnerar la ley de Memoria Democrática, que «proscribe cualquier manifestación que pueda suponer descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares o que supongan exaltación de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura».

El informe jurídico llevó la firma del asesor jurídico de Tierra tras una consulta del Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) sobre esta obra presentada en la categoría Investigación en Historia Militar, Humanidades y Ciencias Sociales que, según desveló Okdiario, había sido seleccionada como ganadora por el jurado. A raíz de este informe, el premio recayó en la obra Especialistas, los soldados del águila. Apuntes sobre el personal técnico del Ejército de Tierra que había quedado en segunda posición.

El IHCM fue el que tuvo la iniciativa de solicitar «asesoramiento jurídico» a la superioridad del Ejército de Tierra. En concreto, preguntó si la citada obra sobre la batalla de Peñarroya-Valsequillo en las postrimerías de la Guerra Civil contravenía o no la ley de Memoria Democrática. El general Granados indicó en su respuesta que el artículo 2.1 de la citada ley aprobada en 2022 «se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordancia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres». Y, en especial, que proscribe la mencionada «exaltación de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura».

El jefe de la asesoría jurídica de Tierra hizo hincapié en que, al tratarse de un trabajo sobre la Guerra Civil, «se hace necesario una escrupulosa, objetiva y neutral utilización del lenguaje». Tras ello, explicó tres consideraciones. La primera es que a lo largo del trabajo, «hasta en 11 ocasiones se refiere al General Franco como ‘Generalísimo’, término que sacado de su contexto como máximo empleo militar, puede ser interpretado como encumbramiento o alabanza de la persona del General Franco».

En segundo lugar, el general auditor comprobó que se utilizaban expresiones como «victoriosa ofensiva en Cataluña» en al menos dos ocasiones, «lo que puede entenderse, una vez más fuera de contexto, como enaltecimiento o encomio de las fuerzas sublevadas». Y tercero, se quejó de una cita en la página 188, en la que el autor de la obra decía que «cuando por la noche los republicanos recuperaron la posición, encontraron los cadáveres de 20 de sus soldados con los genitales cortados».