El Gobierno pagó 2,8 millones por el vídeo de los jubilados que compartían piso

La vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de debate de esta legislatura. Ante el imparable aumento de los precios de los inmuebles, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido anunciando medidas como la construcción de pisos sociales, que han sido rechazadas por la oposición y a menudo también por los propios socios del Ejecutivo. La última controversia ha sido la reactivación de la Operación Campamento y el compromiso de Sánchez de bonificar el IRPF a los caseros que no suban los alquileres, que ha recibido críticas por tratarse de una propuesta reciclada de proyectos anteriores y por la dificultad para lograr apoyos para la convalidación en el Congreso ante la precariedad parlamentaria de la coalición gobernante.

Se trata de la enésima polémica a cuenta de la crisis habitacional: el Ministerio de Vivienda ya estuvo en la diana hace tres meses por su campaña publicitaria en la que imaginaba un futuro de personas mayores que se veían obligadas a compartir piso, que generó indignación tanto como por su contenido como por su coste.

Inicialmente, trascendió que el coste de dicha campaña superaba el medio millón de euros, pero la información oficial consultada por THE OBJECTIVE a través de los portales de Transparencia y de Contratación Pública revela que en total asciende a 2,8 millones de euros más impuestos, si se tienen en cuenta las adjudicaciones tanto para crear el contenido de la campaña publicitaria como las tarifas para anunciarse en distintos medios y plataformas. El contrato más cuantioso es el de servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de la campaña denominada Plan de Acciones de Comunicación sobre servicios de interés público que influyen en la calidad de vida de la ciudadanía en el ámbito de Vivienda y Agenda Urbana.

Este servicio se adjudicó por 2.231.404,96 euros sin contar impuestos a la empresa Media Diamond. Además, la firma Sra. Rushmore se hizo con otra licitación por 548.250 euros para la creatividad, diseño, realización y producción para el conjunto de campañas y acciones de divulgación, información y concienciación social sobre la vivienda y la agenda urbana en España mediante procedimiento abierto durante 2024.

En la documentación consultada por este medio, el Ministerio de Vivienda ha aclarado que su anuncio emitido durante el mes de octubre y que hace mención de la vivienda pública «forma parte de una campaña más amplia cuyo objetivo es trasladar a la ciudadanía la importancia de la acción pública para preservar el derecho constitucional a una vivienda digna». Esta iniciativa «consta de diversos anuncios de televisión, radio, prensa y medios digitales». Y «se difunde tanto en medios nacionales como regionales».

Asimismo, el Ministerio que lidera Isabel Rodríguez señala que la campaña, que se emitió entre octubre y diciembre de 2025, no está financiada con fondos europeos y su presupuesto sale de lo previsto en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional, y que en ningún momento se canceló la emisión prevista en el plan de medios. Representantes de partidos como Podemos arremetieron en su día contra el Gobierno, al que reprochaban que se limitara a difundir un vídeo denunciando la situación de la vivienda en el país en lugar de aprovechar sus competencias para impulsar medidas efectivas. Desde la televisión de Pablo Iglesias, Canal Red, se definió el anuncio como «el vídeo perfecto para ayudar a Vox».

Según El Correo, el Ministerio de Vivienda retiró su polémico anuncio en el que tres pensionistas compartían piso tras las críticas en las redes sociales que consideraban la iniciativa como un insulto o una frivolidad en una problemática que afecta a millones de jóvenes, y que el vídeo se había recortado hasta los 11 segundos como respuesta al malestar social. Sin embargo, el documento audiovisual completo todavía está disponible en canales oficiales en plataformas como YouTube. La campaña imagina cómo se vivirá en 2055 si los precios del alquiler siguen desbocados, mostrando a tres jubilados compañeros de piso que discuten por problemas de convivencia más propios de las generaciones jóvenes. La publicidad concluye manifestando que todos los españoles deberían tener casa y que el Ejecutivo está haciendo todo lo posible para garantizarlo.

La indignación llegó a tal punto que incluso el ministro Óscar López reconoció que el polémico spot publicitario «se podía haber hecho mejor». Como ya contó TO, el anuncio formaba parte del Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2025, que, dotado con 161 millones de euros para 146 campañas distintas, constituye el mayor gasto en publicidad institucional de las dos últimas décadas. Asimismo, el Gobierno ha gastado 329,5 millones en campañas para combatir las fake news entre noviembre de 2022 y octubre de 2025.