Pánico en la sede de Vox: el partido activa un 'protocolo antifiltraciones' tras el 'caso Revuelta'
La formación toma medidas después de que se hayan publicado audios de sus trabajadores en los medios
Reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox en la sede nacional del partido. | Vox
Bambú se bunkeriza aún más. La sede nacional de Vox ha tomado esta semana medidas para evitar filtraciones a raíz del caso Revuelta, que terminó con audios de trabajadores del partido publicados en los medios de comunicación. Se han tomado medidas para evitar que algo así se repita, comenzando por la expulsión del comité de empresa de Pablo González Gasca, el secretario general de Revuelta. Pero hay más. Fuentes internas afirman a THE OBJECTIVE que ha habido nuevos despidos y que se ha aprobado «un protocolo en la sede que prohíbe hablar con Gasca sin avisar, y si no lo cumples, te echan».
Pablo González Gasca ha sido acusado por el partido de filtrar audios a los medios de comunicación con Jorge Buxadé, Montserrat Lluis o Javier Esteban, el exjefe de redes sociales, que ha sido sustituido en funciones por el diputado Manuel Mariscal. Por este motivo, por insultos en redes sociales a Arturo Villa, y supuestos gastos irregulares (un viaje a Milán, dos hamburguesas y un bono de metro), ha sido expulsado de Vox. Pese a que el daño a los afectados no ha sido tan demoledor como podría, el partido ha tomado medidas para que algo así no vuelva a suceder.
El pasado lunes, en la votación para la revocación de Gasca, se obligó a los trabajadores de Bambú a entregar sus móviles y dispositivos digitales, y se les hizo pasar por un detector de metales. Otra fuente va más allá y asegura que para la votación se taparon las cámaras. Un protocolo nunca antes visto que sorprendió a los propios trabajadores, alrededor de 80. Quienes aún permanecen en su puesto de trabajo consideran que se ha instalado la «paranoia». Otros hablan de «pánico» generalizado.
Esto supone solo un paso más en la bunkerización de Bambú 12, que comenzó con la llegada de Álvaro Zancajo a la coordinación nacional de comunicación —en detrimento de Manuel Mariscal y los miembros del equipo de prensa—, quien «desmanteló la primera planta cesando a gran parte del personal o reubicándolo en otros departamentos» e instalando lo que algunos trabajadores conocen como «un régimen del terror». Entre los externalizados para que no se pasearan por la sede nacional del partido estaba, entre otros, Jaime Hernández, el presidente de Revuelta.
Esta situación se ha exacerbado aún más con el caso Revuelta. Pablo González Gasca habría estado grabando durante al menos dos meses a trabajadores de Bambú, y esos audios terminaron publicándose en algunos medios de comunicación. «Gasca sembró una buena semilla», confiesan trabajadores de la sede nacional de Vox. «Se han vuelto locos», dicen otros, que aseguran que se han producido nuevos ceses a «amigos de Gasca». En concreto, a un joven miembro del equipo jurídico.
La tensión se ha acrecentado con la publicación en THE OBJECTIVE de la revocación de Gasca en una reunión teóricamente privada que tuvo lugar este pasado lunes por la mañana. En esta, se expulsó al joven del Comité de Empresa. Pese a que había sido invitado a acudir, declinó la invitación por considerar que se trataba de un «escarnio». «Mi llamamiento a comparecer en una asamblea celebrada en estas condiciones, estando de baja médica y sin garantías de neutralidad, supone una prolongación del escarnio público y privado al que he sido sometido, con un perjuicio directo, grave y acreditable sobre mi salud mental y física», expuso en una carta que fue remitida al comité, pero que este no aclara si se leyó alegando privacidad.
El extrabajador de Bambú denunció la falta de «legitimidad del procedimiento», y anunció «cuantas acciones legales me asisten en defensa de mis derechos fundamentales, mi dignidad personal y mi condición de representante de los trabajadores».
Desde que estalló el caso, Vox ha presentado su actuación como un ejercicio de transparencia y responsabilidad al exigir las cuentas de Revuelta cuando sospecharon irregularidades y al denunciar cuando no se las dieron, mientras que sus juventudes oficiosas han denunciado que la guerra se debe a un intento fallido de control. Revuelta está ultimando una auditoría externa con la que espera lavar su imagen. «Ya se ha auditado 2023 y 2024. Están con 2025 y finiquitado».