María Chivite dio en total 1,7 millones 'a dedo' a la constructora investigada que reformó su sede
El Gobierno de Navarra reconoce 56 contratos la empresa que dirige el padre de uno de sus asesores parlamentarios
Reunión del PSN en su pamplonesa sede de Paseo de Sarasate, en marzo de 2025. | Archivo
El Gobierno de Navarra, que preside María Chivite, adjudicó un total 1,7 millones de euros en contratos a Adentro Construimos, la constructora que reformó la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN), así como la casa de Ramón Alzórriz, y que fue beneficiaria de adjudicaciones públicas desveladas por THE OBJECTIVE e investigadas por un posible troceamiento «irregular». Así consta en una respuesta del Ejecutivo foral a Vox, que recoge las adjudicaciones a la firma realizadas entre 2018 y 2025 a través de NICDO y Nasuvinsa, dependientes de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), que preside la propia Chivite.
En total, el Gobierno de Chivite ha adjudicado 56 contratos a Adentro Construimos. Todos estos son a dedo, por ser menores, a excepción de dos: los que se concedieron para las obras de platós de cine de Lecároz, uno para la construcción del edificio y otro para los forjados y cubiertas. Estos contratos son de 176.000 y 186.000 euros, respectivamente, por los que también están bajo sospecha. Y es que el no supera los 200.000, por lo que evita la mesa de contratación. En la respuesta, CPEN alega que la «información se publica trimestralmente en el Portal de Contatación de Navarra», pero Vox denuncia que en dicho portal solo existen listas con nombres de empresas y el gasto correspondiente al servicio, sin acceso al expediente administrativo ni a las facturas.
En la petición de información de Vox, su portavoz, Emilio Jiménez, pedía «todos los contratos firmados entre el Gobierno de Navarra, con sus departamentos, sus empresas públicas y organismos dependientes con la empresa Adentro Construimos» desde el 1 de enero de 2016 hasta el 25 de septiembre de 2025. La formación conservadora pretendía así obtener los contratos de la adjudicación de las obras de reforma del Parque Natural Sendaviva, en poder de NICDO por ser su administradora única.
Una rara omisión
En el listado remitido por el Gobierno navarro no figuran, sin embargo, las adjudicaciones del caso Sendaviva, pese a tratarse de contratos ejecutados por NICDO y adjudicados a la misma empresa. Cuatro contratos que, tal y como adelantó este medio, suman cerca de 800.000 euros, y que están siendo investigados por una juez por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Estos contratos fueron troceados para no alcanzar los 200.000 euros. El troceado evitó la obligatoriedad de una mesa de contratación y la presentación de al menos cinco ofertas, según la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra, modificada justo en 2021 para flexibilizar estos procesos. La norma prescribe que «para la adjudicación de contratos públicos cuyo valor estimado exceda […] de 200.000 euros en obras, será obligatorio la constitución de una Mesa de Contratación». Así se esquiva también la obligación de que se presenten al menos cinco empresas a concurso.
Adentro Construimos
Adentro Construimos SL también ha realizado reformas en la sede del Partido Socialista de Navarra y en un piso vinculado al exportavoz socialista Ramón Alzórriz, lo que ha levantado sospechas sobre posibles vínculos políticos. El ex número dos de Chivite contrató a la constructora en 2024 para la reforma de su casa, ubicada en una de las mejores zonas residenciales de Pamplona. Una reforma integral superior a 150.000€, pero de la que declaró 38.000. Alzórriz dimitió de su cargo de portavoz parlamentario el miércoles 18 de junio, alegando «pérdida de confianza» tras conocerse que su pareja, Diana Enériz Veisa, había sido colocada en Servinabar de 2021 a 2024. En julio de 2024 se compraron el piso al 50%, con una hipoteca de 306.000€.
Para más inri, El Partido Socialista de Navarra (PSN) tiene contratado como asistente parlamentario a Martín Vidaurre, el hijo del dueño de Adentro Construimos, Carlos Vidaurre, cuya constructora se llevó en total 792.000 euros. Por todo lo expuesto, el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ya ha abierto diligencias previas ante posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. Los querellados son Ramón Alzórriz, Carlos Vidaurre, el consejero José Luis Arasti y Rubén González, exgerente de Sendaviva.