El PP pregunta por las mordidas de la trama Koldo cobradas en obras de la vía de Adamuz

El Grupo Popular ha iniciado ya su ofensiva en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno dé explicaciones sobre las empresas adjudicatarias de las obras de mantenimiento de las vías de tren en Andalucía. El interés se centra en el trayecto del AVE Sevilla-Madrid, concretamente el tramo Guadalmez-Córdoba, donde se produjo el accidente de los trenes Alvia e Iryo el pasado día 18. Entre el paquete de más de 65 preguntas registradas —a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE— los populares ponen el acento en empresas, como Anfersa y Azvi, vinculadas a Koldo García, asesor del exministro Ábalos, que pudieron pagar mordidas por estos contratos de mantenimiento.

El Partido Popular recuerda que Víctor de Aldama, considerado el «nexo corruptor» de la trama del PSOE y la organización criminal investigada, «presentó un listado de más de 100 contratos del Ministerio de Trasportes sobre los que pesa la sospecha de haberse adjudicado a cambio de mordidas». Los populares afirman que el ministro Óscar Puente respondió a esa denuncia con un informe en el que se «descartaba cualquier irregularidad en dichos expedientes». Sin embargo, poco después, «dicho informe fue desautorizado por el Tribunal Supremo al abrir pieza separada sobre las adjudicaciones de contratos de obras, tanto de carreteras como de infraestructuras ferroviarias». La consecuencia de tal situación, apunta el Grupo Popular, «fue poder conocer la supuesta implicación en el pago de mordidas de determinadas empresas como Levantina, Acciona, OCR o AZVI y el señalamiento de otros dos directivos de ADIF, Juan Pablo Villanueva y Ángel Contreras.

El Grupo Popular señala que, «por desgracia, el pasado 18 de enero, en el marco de las circunstancias descritas, se produjo el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que el choque de dos trenes de alta velocidad ha provocado el fallecimiento de 43 personas». El siniestro está bajo investigación, y desde el PP se señala que «una de las causas apunta a que está vinculado al estado de la vía». El tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el que se ha producido el accidente es el de Guadalmez-Córdoba, que ha sido objeto, en principio, de actuaciones de mejora integral a través del contrato 3.21/20810.0052, adjudicado en mayo del 2022, y de obras de renovación con el contrato 3.23/208110.0040, adjudicado en febrero de 2024.

El PP advierte de que «se da la circunstancia de que, en el contrato de mejora integral del año 2022, intervinieron los directivos bajo sospecha de amañar contratos: Juan Pablo Villanueva y Ángel Contreras». Además, «ambos contratos fueron adjudicados a una UTE de la que forma parte la empresa AZVI. Esta empresa, que hay que recordar, contrató a Koldo García durante varios meses, con una retribución de 6.000 euros al mes, como asesor, cuando ya no ostentaba ningún cargo en el Ministerio de Transportes»

Sin embargo, «esta no fue la única ocasión en la que una empresa próxima a la trama PSOE se benefició, presuntamente, de acceder como proveedor en el proyecto de mejora de la línea de Alta Velocidad (AVE) Sevilla-Madrid», siguen diciendo los populares en una de las preguntas registradas en el Congreso. El contrato del suministro de 275.000 toneladas de balasto en dicho trazado se adjudicó en noviembre de 2022 por un importe de 5.264.498 euros a una UTE conformada por Áridos Técnicos, Aritec Almonacid y Áridos Anfersa, «con un criterio, exclusivamente ligado al precio, en el que la oferta ganadora presentó una baja superior al 11% sobre el precio base de partida, recogido en la convocatoria pública».

El Grupo Popular alerta de que, «casualmente, una de las empresas integrantes del grupo —Áridos Anfersa— era propietaria de la cantera El Parroso (Sevilla) que no contaba con certificación para proporcionar balasto de alta velocidad, pero que recibió el primer contrato pese a que la UTE no estaba aún legalmente constituida; y, que, tras resultar seleccionada, contrató a la entonces pareja de Koldo García Izaguirre».

Ante este cúmulo de sospechas, el PP pregunta al Gobierno para que le responda por escrito: si «ha realizado o va a realizar algún tipo de revisión o análisis sobre la adjudicación del contrato de Suministro de Balasto a la empresa Anfersa»; si «es una simple casualidad que justo después de la adjudicación del contrato, la empresa incorporase a su plantilla a la entonces pareja de Koldo García»; cómo es posible que se adjudicase un contrato de esa naturaleza a «una UTE antes de que al parecer estuviera legalmente constituida»; o si «perdió el adjudicatario la garantía como consecuencia de que el material aportado no era apto».

Igualmente, quieren saber si «decidió ADIF, en la modificación contractual del tramo C, reutilizar balasto existente, por problemas detectados para garantizar el suministro previsto» y «de qué forma afecta el balasto a una correcta conservación, mantenimiento de la infraestructura ferroviaria».

En otra batería de preguntas, se centran en la empresa Azvi. Así, tras la denuncia de Víctor de Aldama sobre el supuesto pago de mordidas, interpelan al Gobierno si «ha llevado a cabo algún tipo de análisis o informe de las adjudicaciones del ministerio a dicha empresa», y si es «simple casualidad que una empresa como Azvi, denunciada por supuestas irregularidades en las adjudicaciones de obras, contrate poco tiempo después a alguien como Koldo García, que se ha conocido que intervenía en el amaño de contratos del Ministerio de Transportes, motivo por el que está en prisión a la espera de juicio».

Los populares quieren saber si el Gobierno «puede afirmar que la adjudicación de los contratos vinculados al tramo Guadalmez-Córdoba, respetaron los procedimientos de tramitación y adjudicación conforme a la ley, sin ningún tipo de irregularidad». Además, «teniendo en cuenta los ceses de los señores Villanueva y Contreras de sus responsabilidades directivas en ADIF, por sospechas de manipulación de licitaciones, y la coincidencia de los vínculos con Koldo García», preguntan si «ha realizado o va a realizar el gobierno alguna revisión sobre las valoraciones de los criterios de adjudicación de los contratos» y si ha llevado a cabo el Ministerio de Transportes «una adecuada vigilancia de la realización de las obras de mejora y renovación para comprobar la calidad de los trabajos y materiales afectados al tramo Guadalmez-Córdoba».