Los requisitos para la regularización de inmigrantes pactada entre PSOE y Podemos

El Gobierno ha iniciado este martes el trámite de urgencia para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de inmigrantes, tras un pacto entre PSOE y Podemos. Aunque de momento no se ha hecho público ningún documento que recoja los requisitos del procedimiento, tanto Podemos como el Ejecutivo han desgranado algunos de ellos.

Además, con este procedimiento, el Ejecutivo retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.

¿A quién beneficiará?

La medida se dirige, por un lado, a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, denegada o no. Respecto a los inmigrantes económicos, se va a aplicar a los que lleven en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

¿Cuáles son los plazos?

Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud -un procedimiento que se prevé que no exceda más de 15 días desde la petición- las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

¿En qué consiste la autorización y qué vigencia tiene?

En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.

Asimismo, el proceso permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, la vigencia será de cinco años. Fuentes de inclusión han precisado a Europa Press que esta vigencia de cinco años solo aplica a los menores y no a sus padres.

Aspectos clave

Otro, según ha informado Saiz, es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho. Igualmente, la permanencia en España podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

¿Dónde se puede hacer el trámite?

Para llevar a cabo el trámite para acceder a la regularización, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha avanzado que se habilitarán espacios como subdelegaciones de Gobierno, delegaciones de Gobierno, oficinas de la Seguridad Social. Además, el proceso podrá iniciarse por la vía telemática.

¿Cuántas regularizaciones se han hecho en España?

En España se han llevado a cabo dos regularizaciones extraordinarias impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.

¿Tiene dotación económica o refuerzo?

El Gobierno no ha especificado si la aprobación del Real Decreto irá acompañada de una memoria económica que permita reforzar las oficinas que se harán cargo del proceso.

¿Necesita el aval de Congreso?

No. El decreto es una fórmula normativa que no requiere aprobación por parte del Parlamento.

¿Están claros todos los requisitos?

No. A falta de un documento público que detalle de forma oficial los requisitos del procedimiento de regularización extraordinaria anunciado por el Gobierno, hay algunas lagunas sobre las condiciones concretas que deberán cumplir las personas inmigrantes para acogerse a la medida. Tanto el Ejecutivo como Podemos han ido avanzando algunos criterios de manera parcial, a los que se han sumado las aportaciones del movimiento Regularización Ya.

Desde la formación ‘morada’, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, señaló este lunes que uno de los requisitos será no contar con cargas penales «relevantes», una matización que, por el momento, no ha sido incluida ni aclarada por el Gobierno, que se ha limitado a señalar que los migrantes no podrán tener antecedentes penales. Además, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado este martes que, en aquellos casos en los que los inmigrantes no puedan aportar un certificado de antecedentes penales, valdrá con una declaración responsable del propio extranjero. Un extremo sobre el que el Gobierno no se ha pronunciado.

Por otro lado, Regularización Ya ha añadido nuevos elementos. En una rueda de prensa celebrada este martes en el Congreso de los Diputados, el movimiento ha indicado que los inmigrantes deberán acreditar uno de estos tres requisitos: trabajo, familia o situaciones de vulnerabilidad para poder acceder a la regularización extraordinaria.

Estos criterios, sin embargo, no han sido precisados oficialmente ni por el Ejecutivo ni por Podemos, que se han limitado a señalar que los extranjeros deberán encontrarse en España antes del 31 de julio de 2025 en el caso de los inmigrantes económicos, o haber presentado una solicitud de protección internacional antes del 31 de diciembre del mismo año.

Otros aspectos que aún se desconocen son, por ejemplo, qué requisitos debe cumplir el inmigrante que acceda a la regularización extraordinaria para renovar su autorización de residencia y trabajo pasado el primer año. Del mismo modo, tampoco se ha aclarado qué pasaría con un extranjero que ve denegada la renovación de ese permiso de un año, cuando tiene hijos que acceden desde el principio a un permiso renovable a los cinco años.

Regularización Ya también ha puntualizado que los solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 que aún no hayan visto denegada su solicitud no tendrán que renunciar a este proceso para acceder a la regularización extraordinaria, algo sobre lo que tampoco se ha pronunciado el Ejecutivo.

Finalmente, el Gobierno no ha especificado si prevé reformar el Reglamento de Extranjería que en estos momentos perjudica a los solicitantes de protección internacional a partir de enero de 2026 que vean denegada su solicitud y que ya no son candidatos a este proceso extraordinario.