Leire Díez fue multada por unas obras ilegales en Cantabria
El expediente sancionador identifica como responsables a César González y a Leire Díez, multados con 300 euros
Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por el caso ‘Leire Díez’. | EP
La exmilitante del PSOE Leire Díez fue sancionada en 2008 por adjudicar unas obras sin autorización en el municipio cántabro de Vega de Pas —donde inició su carrera política como concejala—, de acuerdo con una resolución administrativa de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el Boletín Oficial a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El expediente sancionador identifica como responsables a César González Engaña y a Leire Díez Castro. Ambos fueron multados con 300 euros por actuaciones no autorizadas en el término municipal. La resolución, firmada el 3 de septiembre de 2008, establece que la legalización de las obras quedaba supeditada a un expediente posterior, advirtiendo que, en caso de no resultar legalizables, debía procederse a la reposición del terreno a su estado original en un plazo de 15 días, incluyendo la demolición de aquellas partes incompatibles con las condiciones que pudieran imponerse en una autorización administrativa posterior.
Los hechos fueron considerados infracción de la normativa reguladora del dominio público hidráulico, en aplicación del artículo 116 d) de la Ley de Aguas y del artículo 315 c) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Estos preceptos sancionan las actuaciones realizadas sin contar con los permisos exigidos por la normativa vigente.
Una serie más amplia de penalizaciones
La resolución se limita a identificar a los sancionados como responsables administrativos del expediente, sin especificar la autoría material de las obras. Además, se integra dentro de una serie más amplia de penalizaciones publicadas ese año por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en Cantabria.
En el mismo boletín oficial se incluye a la empresa Norte Estancias SL, centrada en actividades inmobiliarias, actualmente en proceso de liquidación. La compañía recibió una sanción de 601,01 euros por una infracción cometida en el municipio de Ribamontán al Mar, con la obligación de «reponer las cosas a su primitivo estado, retirando el depósito realizado, en el plazo de quince días».
También figura el expediente S/39/0015/04, en el que José Manuel Gómez Landeta fue sancionado con una multa de 300,51 euros en Castro Urdiales, con la advertencia de la restitución del terreno si las obras no resultaban legalizables tras el correspondiente proceso administrativo.
Además, se recoge la apertura de un expediente sancionador a Dionisio Fernández Alonso por actuaciones en el concejo de Cillorigo de Liébana, iniciado el 30 de septiembre de 2008, dentro del mismo marco de protección del dominio público hidráulico.
Todas estas resoluciones se apoyan en la aplicación de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y reflejan una política sancionadora de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, mediante multas económicas, expedientes administrativos, procesos de legalización condicionada y órdenes de restitución del terreno a su estado original cuando no resulten compatibles con la normativa vigente.
Ley de Aguas
La Ley de Aguas española está contenida en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que refundió y consolidó en un solo texto las normas que regulan el dominio público hidráulico, el uso del agua y las competencias del Estado en esta materia. Es también objeto de esta ley el establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio de su calificación jurídica y de la legislación específica que les sea de aplicación.
Aunque el texto de 2001 es la base vigente, otras normas anteriores de referencia —como la Ley de Aguas de 1879— fueron incorporadas y sustituidas en su momento por este texto. Además, ha tenido múltiples modificaciones. El real decreto ley 4/2023 introdujo cambios mediante la reforma del capítulo sobre reutilización de aguas para adaptarlo a las normas europeas y fomentar su uso en contextos de sequía y escasez.
En octubre de 2024 se aprobó un nuevo reglamento de reutilización de agua que modifica disposiciones relacionadas con la gestión y concesiones de uso para aguas regeneradas. Este reglamento consolida la reutilización como herramienta estratégica frente al cambio climático y al déficit hídrico.