La regularización de inmigrantes reabre la grieta entre Vox y los obispos: «Odian al pueblo»

El apoyo de la Conferencia Episcopal a la regularización masiva de al menos 500.000 inmigrantes ha reabierto la grieta entre Vox y los obispos. Estos, representados por Luis Argüello, han defendido el real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez alegando que es un «acto de justicia social» que «reconoce la dignidad de muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar». Por otro lado, la formación de Santiago Abascal ha cargado contra la medida acordada por el Ejecutivo con Podemos, entre otras cosas, por considerar que «colapsará el sistema español, y agravará el problema de la inseguridad y la vivienda inaccesible».

La grieta entre los obispos y la dirección de Vox, que en teoría deberían entenderse, es cada vez más evidente. Esta se abrió cuando la Conferencia Episcopal pactó con el Gobierno socialista la «resignificación» del Valle de los Caídos, y se agrandó enormemente con la aprobación de una iniciativa de Vox en la localidad murciana de Jumilla que vetaba los actos musulmanes en espacios públicos. Esta medida fue descrita por los obispos como «una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas». Tras esto, Abascal, por primera vez y utilizando el altavoz de Bipartidismo Stream, respondió con dureza, acusándolos de permitir el «avance islamista» en España y avisando de que en un futuro «tendrán que rendir cuentas».

La regularización exprés de 500.000 inmigrantes ha hecho aún más grande la crisis. «Nada nuevo», reaccionan los miembros de Vox consultados por THE OBJECTIVE, y añaden: «Nos entristece, porque no lo entendemos». De hecho, de un tiempo a esta parte, Vox se define como «un partido laico», desligado de la Iglesia, y actúa como uno «gibelino», esto es, que entre el poder eclesial y el poder civil elige a este último.

Justo esta es la tesis del filósofo Miguel Ángel Quintana Paz, uno de los principales ideólogos de Vox, así como mentor en el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP) de Carlos Hernández Quero, miembro de la actual dirección nacional que rodea a Santiago Abascal, que ha reaccionado en este sentido «gibelino» a las palabras de Luis Argüello: «La oligarquía al completo odia al pueblo español».

Más cauto ha sido Samuel Vázquez, portavoz de Inmigración: «Prefiero pensar que es por ignorancia, para no pensar otra cosa. La primera consecuencia directa de la regularización masiva será el incremento de seres humanos muertos en el mar. La segunda, el incremento (aún más) de los delitos violentos en España». Quien no se ha pronunciado esta vez ha sido Abascal, que a raíz de la polémica de Jumilla deslizó dos tesis de por qué la Conferencia Episcopal pacta con el Gobierno de Sánchez.

«No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos. No sé si se debe a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayuda a la inmigración ilegal. No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia que la tienen absolutamente amordazada ante las acciones de determinados gobiernos liberticidas que van contra nuestra identidad, incluso contra la libertad religiosa y contra la fe en muchos casos. No sé por qué es, pero asisto perplejo a estas posiciones», criticó el líder de Vox en una entrevista inusitadamente dura contra los obispos.

Tras esto, César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal llamó falso («sedicente») católico al político vasco, y comparó sus reflexiones con los eslóganes «furibundos y tremendos» que se lanzaban en la Segunda República contra la Iglesia.

Desde entonces, el discurso de Vox hacia los obispos se ha endurecido. «Hay que cerrar la Conferencia Episcopal», ha dicho Juan Francisco Rojas, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería. Esto, a pesar de que muchos de los dirigentes de Vox y de sus votantes profesan la fe católica. Según el barómetro del CIS, el 63% de quienes votaron a Abascal en las elecciones generales de 2023 son católicos, y de ellos el 18% se declara practicante y el 45% no practicante. Vox es, por detrás del PP (80%), la formación que mayor porcentaje de católicos tiene entre su electorado. Sin embargo, aspira a ser un partido laico, y atrapalotodo, al estilo de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

Por eso ha dejado de insistir públicamente en cuestiones que antes eran cruciales, como el aborto, para centrar su discurso en la inmigración. Por esta misma cuestión, la entidad católica Hazte Oír lleva semanas haciendo campaña a favor de Se Acabó la Fiesta (SALF) y reprochándole a Vox ser un «PP verde» por haber renunciado a incorporar en su programa el latido fetal, la medida que consiste en que los médicos ofrezcan a las mujeres embarazadas la posibilidad de escuchar el latido cardíaco del feto.