El alcalde de Alicante pide cambiar la normativa de acceso a viviendas sociales tras la polémica

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha hecho un «llamamiento» a que «se modifique la normativa de acceso a viviendas sociales» y se ha mostrado «convencido» de que esa petición la van a recoger «la Generalitat» y «el Gobierno de España». Así lo ha expresado este viernes en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que no ha aceptado preguntas de la prensa, tras la polémica surgida sobre el proceso de adjudicación de viviendas de una promoción pública en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan.

También ha afirmado que la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, «adquirió la condición o se incorporó a la cooperativa» de esos inmuebles, donde «fue admitida en el año 2018, cinco años antes de entrar en política». Además, ha dicho que tendrá «máxima contundencia a la hora de depurar las responsabilidades» si fuera necesario. «Caiga quien caiga, sea lo que sea», ha apostillado.

En las últimas horas, ha trascendido que la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, ha dimitido de ese cargo en el consistorio, tras haber publicado ‘Información’ que entre los adjudicatarios de esas viviendas están dos hijos y un sobrino de esta alto cargo, además de un arquitecto municipal y la edil de Urbanismo.

«No podemos permitir que los procesos para acceder y para obtener una vivienda social no sean transparentes», ha señalado el primer edil, quien ha insistido en que hay que «modificar la normativa autonómica al respecto». A juicio de Barcala, «la normativa autonómica tiene que garantizar que solo y exclusivamente» aquellas personas «que cumplen los requisitos de vulnerabilidad» para poder optar a ese recurso «acceden a una vivienda social».

«No voy a permitir, bajo ningún concepto, que alguien que no está en situación de vulnerabilidad, alguien que no puede, que no debe acceder a una vivienda social, acceda a ella y deje sin vivienda a alguien que realmente la necesita», ha argumentado. Y ha aseverado que eso lo dice «no solo» por el procedimiento relativo a estos inmuebles, sino por «todas las viviendas que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat como la iniciativa privada promuevan en la ciudad de Alicante».

«Alarma habitacional»

Del mismo modo, ha hecho otro «llamamiento» a que «todos los municipios» exijan «exactamente lo mismo» y ha señalado que «no» se puede «permitir» que esta herramienta «se pueda poner bajo sospecha» en «una situación de alarma habitacional» que, según ha destacado, existe actualmente.

También ha manifestado que «esta es una oportunidad magnífica para exigir que todos los requisitos para acceder a una vivienda social, sea de protección oficial, sea de precio asequible o sea del tipo que sea», vayan acompañados de una «tramitación» de procesos «con la más absoluta transparencia».

«Un asunto como este con vivienda de protección oficial tiene dos aspectos. Uno es el aspecto de la cesión, evidentemente, del suelo municipal que se hizo en su momento en la licitación para la construcción de las viviendas de protección oficial, con toda la tramitación del expediente urbanístico para la construcción de dichas viviendas, en donde el expediente de averiguación de hechos lo que trata de ver es si ha podido haber alguna conducta reprochable», ha indicado.

El «otro aspecto», ha proseguido Barcala, «es la asignación o la adquisición de la condición de beneficiario de esas viviendas, expedientes relativos a las viviendas de protección oficial que corresponden, en este caso, a la Generalitat Valenciana».

Edil de urbanismo

Sobre el caso de la edil de Urbanismo, Barcala ha señalado que Gómez «adquirió la condición o se incorporó a la cooperativa» de esas viviendas públicas, donde «fue admitida en el año 2018, cinco años antes de entrar en política», es decir, «cinco años antes de ser concejala».

«La licencia de obras para la construcción de estas viviendas se dio en el año 2022, un año antes de acceder a la política y acceder al puesto de concejala», ha apuntado, al tiempo que ha resaltado: «Hasta donde tenemos conocimiento, no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión que haya tenido que ver con este expediente de la vivienda social».

Sin embargo, ha insistido en que él ya ha ordenado abrir «un expediente informativo» que «está en estos momentos cumplimentándose» y que «tiene que contener precisamente las respuestas a todas las preguntas» que, según afirma, se está haciendo.

Igualmente, ha afirmado que «a la mayor brevedad posible» los medios de comunicación y «toda la oposición» dispondrán «de toda esa información» y «según» se vayan emitiendo «todos los informes parciales que el instructor», que en este caso es el secretario general del Ayuntamiento, «ha estado solicitando y que se están en este momento cumplimentando».

Pleno extraordinario «en el menor tiempo posible»

En relación con el pleno extraordinario solicitado por la oposición, el alcalde ha afirmado que este viernes por la mañana «se ha informado para que se retocaran algunos de los extremos, sobre todo, el objeto y el contenido de los puntos» que tratar en la sesión, «para que sean subsanados y concretados».

Asimismo, ha explicado que su «intención» es que «ese pleno se celebre con la mayor celeridad y en el menor tiempo posible». Del mismo modo, «con toda certeza» cree que «todos» dispondrán «de la información necesaria del expediente completo y de los informes» sobre Urbanismo, Patrimonio y Contratación, «más los que el instructor haya estimado conveniente», para que abordar en ese pleno «todos y cada uno de los extremos» que «a todos» están «preocupando», según Barcala.

«¿Y por qué la premura? ¿Por qué la urgencia de celebrarlo? Porque a todos nos importa lo mismo», ha recalcado el alcalde, quien ha reconocido que comprende y entiende «perfectamente» lo que «está solicitando» la oposición «y el por qué lo está solicitando». En esta línea, ha señalado: «Yo tengo el mismo interés que la oposición en celebrar un pleno en el que se den todo tipo de explicaciones, donde probablemente no solo lo que han pedido, sino todo aquello que estimemos conveniente que tenga que ponerse en blanco sobre negro, se ponga ahí».

«No voy a permitir, bajo ningún concepto, que pueda ser utilizada una situación como esta para algo tan injusto, tan injusto como que aquellas viviendas que por ser de protección oficial tenían que llegar a las personas que las necesitan se pudieran haber desviado y no haber llegado a aquellos que, cumpliendo con los requisitos, no han podido optar a ellas», ha sentenciado.

«Caiga quien caiga»

Según ha sostenido Barcala, «ese no es el objeto de la política social y de la política de vivienda» desarrollada «desde el PP» en la ciudad de Alicante: «No lo voy a permitir bajo ningún concepto. Repito, caiga quien caiga y sean cuales sean las responsabilidades que se puedan derivar a cualquier nivel». En este contexto, el alcalde ha emplazado «a que durante las próximas horas o en los próximos días, no más allá», se pueda «ir ampliando» e «ir facilitando más información conforme la vaya obteniendo».

«Ante el más mínimo atisbo de responsabilidad que pueda haber inmediatamente me iré a Fiscalía para que se depuren responsabilidades de todo tipo», ha reiterado el primer edil, al tiempo que ha enfatizado: «Tenemos la obligación y la responsabilidad de actuar con total contundencia».