Exteriores no encuentra una empresa que le proteja su información clasificada

El Ministerio de Asuntos Exteriores no ha logrado que ninguna empresa opte al contrato de «administración y mantenimiento de los sistemas de información que manejan información clasificada», después de que su oferta de 847.000 euros (IVA incluido) para llevar a cabo este trabajo no atrajese a ningún licitador y, en consecuencia, quedase desierta.

El órgano de contratación de Exteriores aprobó el 30 de octubre del año pasado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como el expediente de contratación, tras lo cual dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación. La licitación era por dos años, para los años 2026 y 2027, y se realizó por la vía de «negociado sin publicidad», por lo que el departamento que dirige José Manuel Albares eligió a dedo a siete empresas a las que propuso este trabajo sin necesidad de tener que publicitarlo en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Sin embargo, ninguna compañía ha querido hacerse cargo de este cometido tan sensible, por lo que el ministerio de Albares cerró el procedimiento administrativo el pasado 12 de diciembre sin lograr su propósito. «Se procede a declarar desierto el procedimiento por no haberse presentado ninguna proposición en tiempo y forma», se indica en el documento de la resolución al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

El problema que se le crea ahora a Exteriores puede estar relacionado con la oferta económica. El propio ministerio admite que el valor estimado del contrato se acerca a los dos millones y que su oferta de 847.000 euros es una cifra muy inferior a la adjudicada hace dos años, cuando se hizo la última licitación. Concretamente, del 60%. En aquel momento, el departamento de Albares resolvió el contrato desembolsando un total de 2.009.894,7 euros a la empresa S2 Grupo Soluciones de Seguridad, una compañía valenciana especializada en ciberseguridad y gestión de sistemas críticos con capital 100 % español, en cuya presidencia del consejo asesor está Cristina Garmendia, la exministra socialista de Ciencia, Innovación y Universidades en el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Precisamente, El Debate publicó esta semana que la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) estaría interesada en adquirir S2Grupo para incluirlo en su holding público. En este sentido, Moncloa busca la entrada en su accionariado en el primer trimestre de este 2026 después de que la fusión de Indra, presidida por Ángel Escribano, con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) se haya ralentizado por las reservas, tanto de consejeros independientes como accionistas, a dicha operación empresarial ante un potencial conflicto de interés por cuestiones familiares. Se da la circunstancia de que Indra firmó en noviembre un acuerdo de colaboración con S2Grupo para el desarrollo conjunto de capacidades avanzadas en ciberdefensa.

Exteriores ya se encontró con un embrollo similar a principios de 2023 cuando ninguna empresa optó al contrato para el suministro de 5.000 copas con las que poder beber en los actos y recepciones oficiales de las embajadas y consulados de España en el extranjero, por lo que la licitación quedó desierta. El contrato de cristalería para las representaciones en el exterior contaba con un presupuesto de 96.800 euros (IVA incluido). El ministerio indicó en su pliego de condiciones que se debían incluir 1.500 copas de agua, 1.500 de vino tinto, 1.000 de vino blanco y 1.000 de cava, con la particularidad de que cada pieza tenía que llevar grabado el escudo real de la Orden de Carlos III «mediante rueda y chorro de arena, de forma que resulte nítido e indeleble».

Entre las características técnicas para este tipo de suministro, Exteriores especificaba que las copas debían fabricarse «en cristal soplado de alta calidad con un máximo de PbO del 24%». Además, en la elaboración de las mismas, y al tratarse de una producción tradicional, adelantaba que podría aceptar «ciertas tolerancias en las medidas del pie, siendo la altura total la dimensión que permanecerá constante».

Exteriores exigía las entregas en 60 días

El contrato de Exteriores incluía la obligación de suministrar la cristalería oficial según se fueran recibiendo pedidos de las embajadas y consulados en el exterior, junto con un plazo máximo de entrega de 60 días a partir de la comunicación cuando se solicitara a la empresa cada pedido puntual. Y según se fueran recibiendo pedidos de las legaciones en el exterior, las entregas tenían que ser embaladas «de manera individualizada» para cada representación.

«El embalaje se realizará en la medida de lo posible en material reciclable en cuyo interior las piezas deben ir protegidas por bolsas rellenas de espuma de poliuretano que se adapte a las mismas, pues los paquetes viajarán a representaciones de España en el exterior y serán manipulados sin tener en cuenta la fragilidad de la mercancía», se estipulaba en el pliego de condiciones.

Asimismo, en el interior de los embalajes se exigía incluir instrucciones de lavado de las piezas «para su buena conservación». Exteriores fijó que las cajas solo podían tener un peso máximo de 20 kilogramos para su correcto manejo por el personal que interviniera en su traslado. Unos requisitos que no resultaron atractivos para las empresas. Unos meses después, se licitó de nuevo un contrato con unas características técnicas diferentes que sí tuvo dos ofertas. La adjudicación se fijó finalmente en 86.515 euros (IVA incluido).