Junts niega contactos con el Gobierno sobre inmigración tras la regularización masiva
Recrimina a Sánchez querer negociar el traspaso de competencias tras «meterle más de cien mil» inmigrantes a Cataluña
La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras. | Eduardo Parra (EP)
La indignación en Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez va en aumento, alimentada por la decisión de pactar con Podemos la regularización de 500.000 inmigrantes, de los que creen que más de 100.000 residen en Cataluña. Fuentes de la formación independentista catalana han asegurado a THE OBJECTIVE que «no hay nada de nada», en relación con el inicio de conversaciones para empezar a negociar la ley que contempla el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. Junts solo aceptaría hablar sobre el preámbulo, pero nunca sobre el articulado. El malestar es evidente con esta regularización, tal como lo plantean: «Primero te meto 500.000 y después te traspaso el muerto».
El Gobierno cree que podrá recomponer su relación con Junts y terminar la legislatura con su apoyo, negociando el traspaso de las competencias de inmigración que fue tumbado por Podemos en septiembre de 2025. En aquel momento, la formación morada votó en contra de la proposición de ley de PSOE y Junts para transferir competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. La formación de Ione Belarra unió sus votos a los de Partido Popular y Vox e impidió que se tomara en consideración y pudiera seguir su tramitación parlamentaria. Esta votación también provocó una fisura en el Grupo Parlamentario de Sumar. Los diputados de Sumar Alberto Ibáñez (Compromís), Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista) y Esther Gil también votaron en contra de la iniciativa.
Cuatro meses después, la situación parlamentaria del Gobierno es muy complicada, ya que, tras la ruptura de Junts, necesita congraciarse con la mayoría de investidura para intentar cumplir con la legislatura y disolver el Parlamento en el primer semestre de 2027 para que las elecciones puedan celebrarse en torno al mes de julio.
El primer paso lo ha dado Sánchez al inicio de 2026 al pactar con Podemos una regularización masiva de extranjeros, más de 850.000 según distintas estimaciones. Una polémica decisión que le ha llevado a enfrentarse aún más con Junts. El Gobierno quiere darle la vuelta a las consecuencias de esta decisión y trata de acercarse a Junts, ofreciéndole la cesión de las competencias de inmigración, a lo que ahora Podemos, tras haber sido aceptada una de sus peticiones, podría no oponerse. Con el regalo de la regularización, Sánchez le ha dado el protagonismo que necesitaba a la formación de Ione Belarra.
Pero la formación de Puigdemont, de momento, no muerde el anzuelo de Sánchez, según fuentes de esta formación política. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ya ha advertido de que el articulado de la ley —rechazada en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2025— no se puede tocar. Lo único que estarían dispuestos a aceptar es prescindir de la exposición de motivos de la proposición de ley.
«Intoxicaciones del Gobierno»
A pesar de las informaciones que apuntan a la apertura de un canal de comunicación entre Junts y el Gobierno, fuentes de esta formación lo niegan tajantemente. «No hay nada de nada», insisten con cierto enfado, por lo que consideran «intoxicaciones» del Gobierno. Subrayan que primero tienen que traspasar las competencias «y después hablaremos de la regularización», y que lo que no se puede hacer es «primero, meter 500.000, y después [traspasar] el muerto». Junts cree que, del montante total, más de 100.000 residirían en Cataluña. La formación de Puigdemont no está dispuesta a aceptarlo y recuerda que «esto ya fue un chantaje de Podemos, en su día, y ya se les dijo que no: ‘Primero traspaso, y después discutimos cómo lo hacemos’».
Junts asegura que la regularización de inmigrantes para que puedan obtener permiso de residencia en España es un «fraude como la copa de un pino» porque «lo que tratan de hacer es regularizar por la vía de modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería a 500.000 personas». Una posibilidad sería que Cataluña y el País Vasco quedaran fuera de la regularización, pero estas fuentes de Junts afirman que no es posible porque «eso no pasará ningún filtro legal». A su juicio, se está jugando con algo muy peligroso: «Yo te regulo y después todo puede ser ilegal». El partido cree que se podría recurrir esta medida de regularización.