Los ataques de Óscar Puente a THE OBJECTIVE llegan a la Comisión Europea
Impulso Ciudadano aporta sus contribuciones al informe sobre el Estado de derecho en España que elabora Bruselas
Óscar Puente en una imagen de archivo. | EP
La entidad Impulso Ciudadano, que vela por los derechos constitucionales de los ciudadanos, especialmente en Cataluña, ha aportado sus contribuciones al informe que la Comisión Europea elabora anualmente sobre el Estado de derecho en sus países miembros. En la información remitida, menciona los ataques a la libertad de prensa y al pluralismo por parte del Gobierno de España. En concreto, reporta los «ataques» de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, «a periodistas y medios de comunicación» como THE OBJECTIVE —tachándole de «seudomedio», «fango» o «The Ojete»—, así como los «continuos señalamientos y descalificaciones en redes sociales» contra la periodista Ketty Garat.
En el apartado sobre la libertad de prensa, la entidad que preside el catedrático de Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona Rafael Arenas subraya cómo, a partir de 2024, el Gobierno de España «desplegó un discurso que pervive, en el que se reiteran machaconamente los conceptos ‘seudomedios’ y ‘fango’ como forma de tratar de desautorizar las abundantes críticas que recibe por los diferentes casos de corrupción que han ido aflorando». Juzga de «muy despectivo» la manera de dirigirse a este periódico por informaciones que no son de su agrado. «También es frecuente escuchar a los miembros del Poder Ejecutivo hablar de la derecha mediática y judicial como un todo homogéneo».
La APM da amparo a Ketty Garat
En dicho informe, Impulso Ciudadano se hace eco de cómo la Asociación de Prensa de Madrid (APM) concedió amparo a Ketty Garat, una de las periodistas de esta casa que ha publicado información relevante sobre los diversos casos de corrupción que afectan al Ejecutivo. Fue la primera en señalar, en 2021, las razones de la salida del Gobierno de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, en una coyuntura política y mediática en la que el dirigente socialista parecía intocable. THE OBJECTIVE no ha sido hasta la fecha condenado por ninguna de las informaciones que ha publicado sobre el Gobierno.
Ábalos se querelló a comienzos de 2022 contra Ketty Garat y Álvaro Nieto, director del periódico, por un presunto delito de injurias y calumnias. Después de dos años de instrucción judicial, con declaración de testigos y diversas pruebas presentadas por el diario, el juez archivó la causa al entender que «las informaciones tienen una base fáctica contrastada» y que las fuentes consultadas eran «solventes». Ello no fue suficiente para que el sucesor de Ábalos en Transportes, es decir, Óscar Puente, cesara sus ataques. Todo lo contrario. Ha mantenido e incluso incrementado su campaña contra este periódico a través de sus redes sociales.
Impulso Ciudadano también se muestra preocupado por la deriva antipluralista del Ejecutivo respecto a los medios de comunicación. Denuncia «los limitadísimos turnos de palabra» en las ruedas de prensa en las que, de forma sistemática, se excluye a aquellos medios que llevan una labor de fiscalización. Asimismo, señala la «no comparecencia» del presidente Pedro Sánchez en eventos de trascendencia política.
Inacción del Gobierno
En su informe, de 14 páginas, también aborda la independencia de los tribunales y la Fiscalía y el cumplimiento de las decisiones judiciales. A este respecto, critica la selección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): «La Comisión no puede convertirse en cómplice de prácticas que no tienen encaje en la arquitectura constitucional de los Estados miembros; y aquí nos referimos a favorecer acuerdos entre determinadas fuerzas políticas, excluyendo a otras, y convirtiendo los procedimientos formales de la selección de vocales del CGPJ en un mero paripé».
Como ejemplo flagrante y reiterativo de incumplimiento de las sentencias judiciales, señala a la Administración catalana que, junto a la inacción del Gobierno central para pedir la ejecución de las sentencias, hace que en la práctica no se aplique el 25% de horas lectivas en castellano en la mayoría de colegios públicos de la región. A mediados de año, la Comisión Europea, tras recoger todas esas aportaciones, emitirá su informe sobre el Estado de derecho en España junto al del resto de Estados miembros.
«Corrupción», carpeta pendiente
En las 20 páginas que el Ejecutivo comunitario dedicó a España en su informe de 2025 no señala riesgos sistémicos para el Estado de derecho, pero avisa de que siguen pendientes medidas de calado en ámbitos como la lucha contra la corrupción, la transparencia, los medios de comunicación y el judicial, incluida la reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial del CGPJ.
En el capítulo sobre la lucha contra la corrupción, el documento recordaba que la ley de protección al denunciante de 2023 obliga al Gobierno a presentar una «amplia estrategia de previsión y lucha contra la corrupción» a más tardar en septiembre de 2024, «pero ese trabajo está aún por empezar».
En su repaso a los casos más graves de corrupción, la Comisión se hacía eco de la investigación de un presunto caso vinculado a la pandemia de coronavirus por el que se ha encausado un exministro y diputado, en referencia velada a la situación de José Luis Ábalos y el caso Koldo. También recogía que la Fiscalía Europea había informado de cuatro casos de corrupción en España.