Vox pagaba 262.000 euros anuales al líder de Revuelta, la organización juvenil del partido
La formación de Abascal contrató a Hernández a través de una empresa para tareas de comunicación
Ilustración de Alejandra Svriz.
Vox mantenía una generosa relación contractual con Jaime Hernández, presidente de Revuelta, antes de que el partido denunciara al joven ante la Fiscalía por supuestos desvíos en los fondos para los afectados por la riada valenciana. Un documento confidencial al que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE acredita que la formación que preside Santiago Abascal pagaba 217.000 euros anuales (IVA no incluido) a Hernández a través de Picaporte Events & Creativity Lab SL en concepto de «prestación de servicios de comunicación y audiovisual». Esto es, un total de 262.570 euros al año: 21.881 cada mes.
El documento fue rubricado en Bambú 12, sede nacional del partido, el 1 de noviembre de 2024, tres días después de la dana, en pleno pico de recaudación de fondos solidarios por Revuelta, semanas después de que se registrara la empresa de la que Jaime Hernández era administrador solidario. Su firma rubrica el documento junto con la de Javier Cortés, gerente de Vox. Este establece unas cláusulas de confidencialidad muy estrictas, «dada la naturaleza estratégica de los servicios», y compromete al presidente de Revuelta a mantener en secreto sus prestaciones «tanto durante la vigencia del contrato como indefinidamente después de su terminación».
Entre las prestaciones a las que se compromete Hernández en el contrato están la producción de campañas y eventos (contacto con proveedores, coordinación de montajes, gestión de presupuestos y supervisión de las actividades logísticas necesarias), operaciones de cabina de realización en la sala de prensa y ruedas de prensa de Vox y la producción de contenidos audiovisuales y gráficos. El contrato tenía duración de dos años, pero se extinguió en diciembre de 2025 con el caso Revuelta.
Este estalla cuando dos jóvenes del partido, Arturo Villa y Javier Esteban —este último denunciado por una supuesta agresión sexual—, denunciaron a Jaime Hernández y Pablo González Gasca, cabecillas de Revuelta, por el supuesto desvío de fondos destinado a las víctimas de la dana. En ese momento, Vox se lavó las manos y niega que haya «vinculación orgánica, ni económica ni administrativa» con la organización juvenil. Pero sí la había con su presidente a través de Picaporte.
La colaboración de esta entidad, que tiene como administradores solidarios a Jaime Hernández y Santiago Pidal, queda totalmente acreditada en este documento, en el que se especifica que toda notificación debe realizarse a Manuel Mariscal y a Iván Piña, ambos del equipo de comunicación de Vox, a través de [email protected]. El contrato tenía una duración mínima de dos años, por lo que el partido podría haber pagado más de 500.000 euros al proveedor, pero se habría rescindido el pasado mes de diciembre alegando «pérdida de confianza». El partido no ha respondido a las dudas planteadas por este medio sobre el documento.
No hay menciones públicas ni en el PDF de las cuentas de Vox 2024 ni en los informes del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio de aquel año que hagan referencia a Picaporte Events. Fuentes internas aseguran que el gerente, Javier Cortés, «ocultó un contrato de más de 500.000 euros al Tribunal de Cuentas entre Vox y la empresa Picaporte», y que «este contrato es una prueba de que se querían quedar con Revuelta pagando a Jaime cerca de medio millón de euros». Al no poder desacreditarlo con su gestión de Picaporte, que tenía nexos económicos con Vox, fueron a por Revuelta, tras meses intentando controlar la asociación juvenil con presiones a los jóvenes acreditadas en audios.
Este documento ve la luz cuatro días después de que El Confidencial desvelara que Vox paga 26.795 euros al mes al asesor áulico de Santiago Abascal, Kiko Méndez-Monasterio, a través de una sociedad sin empleados. El contrato fue firmado por Méndez-Monasterio, en calidad de administrador único de Tizona y por el propio Cortés.
El pánico se ha instalado en la sede nacional de Vox a raíz de las filtraciones que las últimas semanas se publican en medios de comunicación como THE OBJECTIVE. Fue este medio, precisamente, el que informó de cómo el partido ha activado un protocolo antifiltraciones y extremado las precauciones en Bambú, 12, donde antes de las reuniones se requisan los teléfonos y se pasa a los empleados por un detector de metales. A estos, además, se les ha prohibido hablar con exmiembros como Pablo González Gasca. De momento, la eficacia del protocolo no es la deseada.