La regularización exprés podría beneficiar a delincuentes si declaran no tener antecedentes

La regularización exprés pactada por el Gobierno con Podemos, y que beneficiará a más de 500.000 inmigrantes en situación irregular, podría incluir a delincuentes en determinados supuestos. El más llamativo se debe a la modificación de la disposición transitoria quinta del Reglamento de Extranjería, punto diez, cuya nueva redacción prescribe que habrá escenarios en los que si el solicitante no se encuentra en situación de probar la ausencia de antecedentes penales, bastará con una declaración responsable. Esto es, la cumplimentación de una página.

«Con carácter excepcional, si el interesado acreditase haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Gobierno, previa solicitud al efecto, podrá recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondiente», recoge el texto del proyecto, que abunda: «En caso de no recibir dicha información en el plazo de un mes, la Administración comunicará esta circunstancia al interesado, que podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. En ese caso, se entenderá […] que el interesado carece de antecedentes penales en los citados países».

Dicha redacción, planteada como una válvula de escape burocrática para evitar que miles de inmigrantes queden excluidos por trabas de su país de origen, podría suponer una vía de regularización para algunos delincuentes, teniendo en cuenta que la colaboración con algunos países de origen a estos efectos no suele ser fluida.

Los abogados consultados por THE OBJECTIVE se debaten entre la tranquilidad y la inquietud. Los primeros alegan que el sistema no filtra completamente, pero que «no es más laxo que otros procedimientos de extranjería habituales (arraigo, reagrupación) en los que también se acepta declaración responsable en casos similares cuando el certificado no se obtiene». Los segundos entienden que «se está abriendo la puerta a la regularización de delincuentes», muchos de los cuales podrían ser identificados «de origen»: «Cuando entran por Canarias rompen sus pasaportes y no se les requisan los móviles, como ya sucede en Alemania, hay mucha laxidad; las organizaciones consulares no solo no cumplen su función de identificación, sino que dan nacionalizaciones exprés a través de la memoria democrática».

Otro punto potencialmente problemático del real decreto es aquel que exime a los que hayan delinquido «por necesidad»: «La exigencia de carecer de antecedentes penales salvaguarda los intereses de la sociedad española, prestándose especial atención a aquellos delitos especialmente relevantes, sin perjuicio de la preservación de la situación jurídica de las personas que hayan podido actuar en estado de necesidad». Esto es, que los delitos menores no serán motivo de no regularización.

Los regularizados, y esta es otra cuestión que ha generado debate, podrán votar en las elecciones municipales en determinados supuestos. Podrán participar en estos comicios los ciudadanos de terceros países de la Unión Europea o de países extracomunitarios que tengan tratado de reciprocidad, como Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Estos últimos no podrán votar en las europeas.

Más de 500.000

Aunque la cifra ofrecida por el Gobierno es de 500.000 beneficiarios de la regularización, esta en realidad se aplicará a cientos de miles más. En primer lugar, porque la cifra está desactualizada, y remite a cuando se impulsó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). El propio colectivo que la promovió, Regularización Ya, avisa de que, según las cifras actuales, los potenciales beneficiarios pueden ser hasta 700.000 personas. Una cifra que otros estudios, como el de Funcas, elevan a casi 850.000. Y en segundo lugar, porque la regularización abre la puerta a la reagrupación familiar. En total, podríamos estar hablando de un millón de beneficiarios de la regularización.

Por lo expuesto, tanto PP como Vox han cargado contra el real decreto aprobado por el Gobierno y Podemos asegurando que va a generar un efecto llamada que va a desbordar los servicios públicos. Los de Santiago Abascal han ido más allá y hablan de que Pedro Sánchez busca una «sustitución electoral», Anuncian un recurso ante el Tribunal Supremo para suspender su aplicación, prevista para principios de abril.