Una veintena de ministros dimitieron antes por causas menos graves que Óscar Puente

Desde el arranque de la democracia con unas primeras elecciones generales en junio de 1977 han dimitido en España más de una veintena de ministros por motivos políticos o personales de diversa índole. Algunas de las causas para dejar el cargo eran más graves que otras, pero nada comparable a lo que se resiste el titular de Transportes, Óscar Puente, para presentar su dimisión. Todo hace indicar, según los técnicos y peritos, que el accidente de Adamuz, con 46 muertos, se produjo por la falta de mantenimiento de la red y el deterioro de algunos tramos de las vías debido a la negligencia de ADIF. A ello cabría sumarle, a posteriori, el relato plagado de mentiras y contradicciones y la ocultación de la verdad a las víctimas por parte del ministro Óscar Puente. El cóctel perfecto para abandonar el cargo.

Otro aspecto que de por sí ya sería suficiente para justificar su dimisión es el coste económico y la pérdida de imagen a la que ha sometido a la red ferroviaria. Renfe y ADIF están soportando grandes pérdidas económicas motivadas por los gastos ocasionados por el doble accidente, por la vía férrea inutilizada y por la fuga de pasajeros que, por primera vez, han propiciado imágenes de trenes medio vacíos. El daño a la marca AVE queda constatado con la huida de turistas nacionales y extranjeros. La tormenta perfecta para que Puente abandone su poltrona.

La desidia de Transportes en la conservación de las líneas de alta velocidad y la falta de transparencia tras el accidente superan con creces las causas que motivaron la caída de una veintena de ministros en los 50 años de democracia. Adelanto algunos nombres: Alfonso Guerra, Antoni Asunción, Manuel Pimentel, Màxim Huerta, Mariano Fernández Bermejo y José Luis Corcuera, entre otros. Al compararlos con el caso Puente no pretendo justificar las causas que obligaron a los demás ministros a dejar sus cargos.

Los móviles que llevaron a dimitir a algunos ministros de Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy e incluso José Luis Rodríguez Zapatero serían suficientes para obligar a Puente a abandonar la sede de su ministerio en el Paseo de la Castellana.

Existe un precedente similar al de Puente, y en el mismo ministerio: el de su antiguo titular Enrique Barón. El ministro de Transporte sí presentó su dimisión en privado a Felipe González tras dos siniestros aéreos en el espacio de diez días: la caída de un avión de la compañía Avianca en Mejorada del Campo, con 181 fallecidos, y el choque de dos aeronaves de Iberia y Aviaco en la pista del aeropuerto de Barajas por culpa de la niebla, con 93 fallecidos, en diciembre de 1983. 

No existía un problema de mantenimiento de las instalaciones o de los controles aéreos, pero sí algunas objeciones sobre la señalización en las pistas. La culpa no era del ministro, pero Barón asumió políticamente su responsabilidad. La crisis se resolvió con la petición de González para que su colaborador permaneciera en su cargo al menos hasta la remodelación gubernamental que tenía prevista y que, finalmente, consumó un año después.

Casos de los que aprender

La dimisión del ministro del Interior, José Luis Corcuera, que sustituyó a José Barrionuevo tras los escándalos de los GAL, fue mucho más ejemplarizante. El histórico sindicalista burgalés tuvo que enfrentarse a un periodo convulso con ETA en activo, pero dimitió por un asunto que hoy día sería irrisorio, siguiendo los parámetros morales del sanchismo y sus socios. El Tribunal Constitucional declaró en 1993 inconstitucional algunos de los apartados de la ley estrella de Corcuera aprobada en el Gobierno. Se trataba de la ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la ley de la patada en la puerta, que permitía a los agentes de la Policía entrar en los domicilios sin una orden judicial cuando se encontraran ante un flagrante delito de tráfico de drogas.

El Constitucional rechazó ese apartado de la patada en la puerta, pero mantuvo la mayor parte de la ley, que estuvo en vigor hasta la aprobación de la Ley Orgánica 4/2015, conocida como la ley mordaza del Gobierno de Rajoy. Era solo una amarga victoria, pero Corcuera se mostró firme y dimitió en noviembre de 1993. 

Ese tipo de conductas de compromiso ético y de responsabilidad moral, como la de Corcuera, no figuran en el catecismo de Puente y sus compañeros de gabinete. El responsable político de la catástrofe de Adamuz y sus homólogos siguen al pie de la letra el manual de resistencia de Sánchez. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la vicepresidenta María Jesús Montero, han logrado que el Gobierno se convierta en el Ejecutivo que más leyes ha perdido desde 1977, y se olvidan de la ética cuando reaccionan con total normalidad. Sin olvidar además la ausencia de presupuestos desde 2023. Tampoco dimiten.

Otros ministros también han aprendido de memoria el manual de resistencia: la titular de Igualdad, Ana María Redondo, a la que las irregularidades y los fallos técnicos en las pulseras de los maltratadores tan solo habrían bastado para presentar su dimisión; como el ministro del Interior, Grande-Marlaska, por las muertes de los guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate; como la ministra Isabel Rodríguez García, por el caos de la vivienda y los precios de los alquileres; y como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cada vez más enfangado por los casos de las mascarillas e hidrocarburos. 

En el ejercicio de la voluntad personal que llevó a varios ministros a dimitir hay casos que sirven de referencia y que ilustrarían a Puente y sus compañeros para facilitar su decisión. Me referiré a cuatros de ellos que afectaron a tres ministros socialistas y a uno del Partido Popular: Carmen Montón, Maxim Huertas y Antoni Asunción por los socialistas y Manuel Pimentel por los populares.

La médico valenciana Carmen Montón, nombrada por Sánchez ministra de Sanidad tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, dimitió de su cargo en septiembre de 2018 por la comisión de un plagio, la no asistencia a clases y la manipulación de sus notas en las actas de un máster. Antes, Sánchez la había defendido en el Senado: «Está haciendo un trabajo extraordinario y lo va a seguir haciendo». Solo se mantuvo tres meses en su cargo.

El caso del periodista y escritor valenciano Màxim Huerta fue aún más sorprendente: ministro de Cultura en el primer Gobierno sanchista, en junio de 2028, solo se mantuvo en su cargo siete días. Su dimisión precipitada se debió al hacerse público que había adquirido una vivienda a través de una mercantil para eludir el pago de impuestos. Se convertía en el ministro exprés de la democracia. Pero tuvo la decencia de dimitir y alejarse de la estela del sanchismo. 

Ambos hicieron de conejillos de indias. A partir de esos casos, Sánchez se mantuvo firme y construyó un muro de resistencia que solo incumplió con la salida de Ábalos por fuerza mayor. Con la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, también tuvo sus enfrentamientos por los conflictos con Marruecos, y los resolvió con su salida del Gobierno.

El ministro del Interior del último Gobierno felipista, Antoni Asunción, se encontró con un avispero cuando ocupó su despacho en el madrileño Paseo de la Castellana, en noviembre de 1993. Seis meses después asumió su responsabilidad y dimitió de su cargo por algo de lo que no era responsable: la fuga de Luis Roldán. Sus colaboradores le aseguraron que el exdirector de la Guardia Civil estaba controlado mientras yo le hacía una entrevista en París. Cuando El Mundo la publicó, Asunción tuvo la dignidad de salir por la puerta del edificio del ministerio y no regresar nunca más. Algo que nunca hizo su sucesor, Juan Alberto Belloch, que tuvo más motivos para dimitir, como ahora Puente.

El cese del popular Manuel Pimentel al frente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la primera legislatura de José María Aznar fue mucho más ejemplarizante. Dejaba su cargo en febrero del 2000 tras tan solo un año de ejercicio, al conocerse que una sociedad de la esposa de su director general de Migraciones, Juan Aycart, había recibido desde 1996 una subvención de 2.000 millones de las antiguas pesetas destinados a la formación. En esos años, Aycart había sido jefe de Gabinete del ministro Pimentel cuando se encargaba de la Secretaría General de Empleo. Pimentel entonces dejó la política por algo perpetrado a sus espaldas con decencia y con la cabeza alta.

Otra ministra que no dudó a la hora de dejar su cargo fue Ana Mato, ministra de Sanidad, cuando fue imputada por participar a título lucrativo en la red Gürtel. Según el juez había recibido regalos y servicios por un importe de 5.000 euros. Incluía un bolso de Louis Vuitton, dos fiestas de cumpleaños con payasos que costaron 1.500 euros y el banquete de la comunión de su hija (1.800 euros). Dimitió en noviembre de 2014. A 20 años vista, tales gastos comparados con los dispendios de José Ábalos y Koldo y la corrupción en Transportes provocan cierta hilaridad. A todo ello había que incluir los gastos sin justificar para uso personal de Puente, desvelados por Telemadrid.

Vicente Albero, ministro de Agricultura en la última legislatura de Felipe González, permaneció sólo diez meses al frente de su cargo. Lo abandonó en 1994, en contra de la opinión de Joan Lerma —entonces presidente de la Generalidad valenciana— tras descubrirse algunas irregularidades en sus declaraciones de la renta. El dirigente socialista valenciano disponía de una cuenta con dinero negro en el despacho de Manuel de la Concha, que procedía de la venta del 5% de las acciones de la firma Marie Claire. En su despedida manifestó que su marcha se debía a un intento de «dañar lo menos posible a su Gobierno». 

Ese argumento de «no dañar a su Gobierno» en ningún momento se le ha pasado por la cabeza a Óscar Puente. No lo necesita porque se muestra inmune por el apoyo absoluto de Pedro Sánchez. El interés es mutuo: la resistencia de ambos supone un muro de contención para todo sanchismo.

La catástrofe y la mentira

Un alto cargo del Gobierno de Felipe González que vivió de cerca casos similares a los de Puente mantiene que el ministro no debería dimitir sólo por su responsabilidad al frente del Ministerio de Transportes, sino también porque ha mentido de manera sistemática a los españoles desde que se produjo la catástrofe ferroviaria: «En sus comparecencias públicas, día tras día, ha ido moldeando un relato favorable al Gobierno a sabiendas de que no decía la verdad. Como ya hicieron en la Moncloa con el apagón, Puente ha ido retrasando la verdad de los hechos para amortiguar y difuminar la culpa de él y de Sánchez. Su intervención en el Senado fue patética».

Los socialistas y sus socios de Podemos e IU durante la jornada de reflexión del 13-M, después del atentado de los trenes de Atocha, gritaban en la calle Génova, donde está la sede del PP: «No nos merecemos un Gobierno que nos mienta». Tras el choque de trenes de Adamuz, Puente ha ido tuneando la realidad con mentiras, imprecisiones, contradicciones e insultos y descalificaciones hacia los profesionales de la información que desvelaban la verdad. Su conducta pendenciera siempre fue secundada por sus compañeros del Consejo de Ministros y su presidente. Puente, de manera sistemática, ha echado mano de su tradicional y escatológico vocabulario: bulos, fango, derecha mediática y fachas, entre otros epítetos se sumaban a los ya utilizados contra periodistas: macarra, sectario, chabacano, bocazas, bufón, pendenciero o matón.

En la segunda Cámara de la democracia, Puente se enrocó en justificaciones de autobombo que sobrepasan los límites de la indecencia y que suponen un insulto para las víctimas: «Que yo dimita sería bastante injusto», «tengo la conciencia muy limpia», «hago muy bien mi trabajo», «¿se pudo hacer una gestión de la tragedia? Yo creo que no». Se mostraba así de soberbio y prepotente al tiempo que cientos de personas lloraban a sus muertos en los funerales.

Puente también ha utilizado en sus intervenciones públicas el nombre de Carlos Mazón para contraponer su caso con el del ex presidente valenciano y hacer valer así su argumentario. Lo hace de manera estudiada, con la intención de comparar los muertos de Adamuz con los de la dana, de los que el ministro y su Gobierno responsabilizan a Mazón. Sin embargo, existe una gran diferencia entre una y otra tragedia: los muertos de los choques de trenes fueron provocados por una negligencia en el mantenimiento de las vías ferroviarias, de la que se venían quejándose técnicos y maquinistas de ADIF y que podría haberse evitado con una simple reparación de las soldaduras; la dana de Valencia, en cambio, fue una catástrofe natural sobrevenida por un fenómeno atmosférico, al margen de la inoperancia en la gestión  de algunas de las autoridades de la Generalitat valenciana y de otras instancias del Gobierno central, como la AEMET, la Delegación del Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Mazón, finalmente, dimitió. ¿Y Puente?

Las anomalías del sistema democrático      

La resistencia de los cargos públicos como Puente a asumir su renuncia es una anomalía en el sistema democrático. En España los políticos se enfrentan a la dimisión como una derrota y no como una responsabilidad o un compromiso contraído con sus votantes, y no solo con los militantes de su partido. Existe una gran diferencia en las conductas de cargos públicos españoles si se compara con la tradición y la cultura de países como Inglaterra, Alemania o los estados nórdicos de Europa (Dinamarca, Noruega, Suecia). En todos esos países se dimite por razones éticas, morales o políticas, mientras que aquí se deja todo en manos de los jueces o de la mentira.

En España solo se suele dimitir por escándalos judiciales relacionados con la corrupción. En otros países europeos también se incluyen los errores personales, incumplimientos éticos, pérdida de credibilidad, honestidad académica y errores administrativos, entre otros. Para que se produzca una dimisión no es necesaria la declaración de una imputación judicial, aunque con el sanchismo ya ni eso sucede.

En otras naciones se han producido dimisiones de ministros por el mal uso de una tarjeta de crédito oficial, por el plagio de una tesis doctoral, por una denuncia por bullying, por poseer una cuenta en Suiza y por organizar una fiesta durante la pandemia, entre otras razones. 

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, también dimitió para no perjudicar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras una campaña de acoso y derribo de toda la izquierda. El político canario renunció a su cargo a raíz de que su nombre apareciera ligado a una empresa de su familia en el caso de los «papeles de Panamá», una investigación periodística internacional sobre la constitución de sociedades offshore en el país centroamericano. Soria al principio lo negó, pero finalmente tuvo que reconocer los hechos. 

El ministro Puente ha incurrido en esas contradicciones una decena de veces —cambiando la versión de los hechos— pero, para la doctrina sanchista, esas discordancias forman parte del argumentario siempre que beneficie su relato.

Los hechos a los que se enfrentaron el vicepresidente Narcís Serra y el ministro de Defensa, Julián García Vargas, eran mucho más rotundos: el uso de los medios técnicos del CESID para grabar a políticos, empresarios, periodistas y hasta el mismo jefe del Estado. Pudieron resistirse, pero a costa de dañar la imagen de González. Por ello, el número dos del Gobierno y el ministro del que dependían los servicios secretos —también su director, Alonso Manglano— dimitieron semanas después de que El Mundo desvelara con mi firma el caso de las escuchas del Cesid. Ambos tuvieron la dignidad de renunciar a sus carteras.

También en el inicio de la Democracia

Ya remitiéndonos a los años del inicio de la Transición, durante los gobiernos de UCD presididos por Adolfo Suárez, dos de sus vicepresidentes, Enrique Fuentes Quintana y Fernando Abril Martorell, dimitieron por sus diferencias políticas con Suárez. Algo parecido sucedió durante el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo: Francisco Fernández Ordóñez presentó su renuncia en 1981 como ministro de Justicia por diferencias con su jefe. Le remitió una carta en la que mantenía: «Necesito recuperar mi propia identidad y tomar una cierta distancia moral sobre los acontecimientos».

Esa reivindicación moral y ética reclamada por Fernández Ordóñez nunca ha visto la luz en las tres legislaturas de Sánchez como en el apagón del pasado mes de abril. Las renuncias por la pérdida de confianza con el jefe nunca se han producido durante los gobiernos del «puto amo», como Puente llamó a Sánchez. Es algo inasumible por sus 22 ministros, incluidos los de Sumar, que amagan pero que pronto reculan y regresan al redil. Actúan más como cruzados de un poder autócrata que como servidores de sus votantes. Es un sistema totalmente discordante de los gobiernos de Felipe González —con casos como los de Boyer y Solchaga— o del propio José Luis Rodríguez Zapatero, en el que José Bono dimitió como ministro de Defensa al no estar de acuerdo con el estatuto de Cataluña 

El histórico socialista Alfonso Guerra, vicepresidente y número dos del PSOE, dejó su cargo por los escándalos de su hermano con los que él nada tenía que ver, pero era su hermano. El caso Juan Guerra estalló en el verano de 1989 y un juez de Sevilla le abrió diligencias previas en marzo de 1990. El vicepresidente dimitió nueve meses después, algo que tampoco influirá en Puente.

Julián García Valverde, ministro de Sanidad, dejó el Gobierno por un affaire en la venta de unos terrenos de Renfe, en una etapa anterior a su cargo. No llegó a permanecer un año al frente del ministerio. Fue imputado, pero finalmente fue absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. Ni a González ni a nadie de su Gobierno se le ocurrió que permaneciera en su cargo una vez decretada su imputación. Lo contrario que hizo Sánchez, que además defendió a Puente en las redes sociales, y que tuvo la misma actuación en los casos del fiscal general y del secretario general de los socialistas extremeños. 

Otro caso que serviría de ejemplo a Óscar Puente para presentar su dimisión sería el del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que con anterioridad había sido fiscal del Tribunal Supremo y jefe de la Fiscalía de Madrid. Después de tan solo dos años en su cargo se vio forzado a dimitir por no disponer de la licencia andaluza para participar en una cacería junto al juez Garzón en tierras jienenses. Los hechos se producían días antes de la gran redada de la Operación Gürtel, dirigida por el entonces magistrado de la Audiencia Nacional.

Por último, Puente también podría dejarse guiar por el ejemplo de Esperanza Aguirre —exministra de Educación y Cultura— que dimitió dos veces. La primera, como presidenta del PP de Madrid, se debió al registro de la sede de su partido por financiación irregular y la investigación contra Francisco Granados, que ella misma había nombrado secretario general de los populares en Madrid. La segunda, como concejal del Ayuntamiento de la capital, se produjo cuando se enteró del ingreso en prisión de Ignacio González por la operación Lezo, a quien ella había designado como su sucesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid.

En la crisis por las responsabilidades políticas de la catástrofe ferroviaria de Adamuz se presenta una catarata de preguntas con una misma respuesta y un mismo denominador común: ¿Quién designó y rubricó los altos cargos de Renfe y ADIF? Óscar Puente. ¿De dónde parten las causas de la catástrofe? De Renfe y de ADIF.  ¿De quién dependen Renfe y ADIF? Del ministro de Transportes.  ¿Quién es el ministro de Transportes? Óscar Puente.  ¿Quién debe asumir responsabilidad política del choque de trenes? Óscar Puente. ¿Quién debería dimitir? Óscar Puente. Algunos políticos de la oposición ya se refieren a él como «el galgo de Adamuz».