Robles mantiene a cuatro altos cargos militares en Defensa pese a que deberían estar jubilados

Fiel a su trayectoria como ministra de Defensa de acometer pocos relevos en la cúpula castrense, Margarita Robles ha vuelto a sorprender entre los mandos de las Fuerzas Armadas con la decisión de mantener a varios altos cargos militares de su departamento pese a alcanzar la edad de retiro, situación equivalente a la jubilación entre los funcionarios.

Los antecesores de Robles siempre cumplieron la máxima de sustituir a los altos cargos castrenses del ministerio cuando dejaban de estar en la reserva. La situación cambió en febrero de 2023 con el director general de Política de Defensa (Digenpol), el teniente general Fernando José López del Pozo, tras modificar el organigrama del ministerio. Luego el Tribunal Supremo avaló que el Gobierno pueda colocar como directores generales a candidatos que no sean funcionarios de carrera y el Ejecutivo aprobó en diciembre de ese año un decreto ley sobre nuevas medidas para la plantilla de la Administración, en el que se fijó que los directores generales, secretarios de estado o subsecretarios podrán ser nombrados con arreglo a criterios políticos y no técnicos. Desde entonces, Robles considera que puede mantener a los directores generales que provienen de la milicia en sus respectivos cargos al haber sido nombramientos de carácter político.

En los últimos meses, al menos dos directores generales y un secretario general técnico han sido prorrogados en sus puestos más allá de los 65 años, la edad de retiro para los militares y que implica stricto sensu el final de sus respectivas carreras castrenses para pasar a la condición de civil. Se trata del director general de Armamento y Material (Dgam), almirante Aniceto Rosique; del director general de Infraestructura (Digenin), teniente general Luis Cebrián; y del secretario general técnico (Segente), general consejero togado José Luis García Castell.

Además, hay dos directores generales que pronto dejarán de estar en la reserva: en octubre el de Asuntos Económicos (Digeneco), general de división José Luis Sánchez Martínez, y en diciembre de 2027 el de Personal (Digenper), general de división José Ramón Velón, así que a día de hoy los dos únicos directores generales del ministerio —de un total de ocho— que están en servicio activo son el de Estrategia e Innovación de la Industria, teniente general Miguel Ivorra, y el de Reclutamiento y Enseñanza Militar, teniente general Pedro José García Cifo. A raíz de ello, muchos de sus conmilitones se están quedando sin la oportunidad de ascender debido al tapón creado en la cúpula del ministerio. «Es una plaga. La gente está muy soliviantada. Y todo sin motivo. Hay generales de sobra y todos los civiles del mundo para dichos puestos» que ahora ocupan altos mandos que deberían estar jubilados, se queja una fuente militar consultada por THE OBJECTIVE.

La continuidad de García Castell ha sido la más polémica de todas ellas, ya que pasó a retiro el 2 de diciembre, pero a diferencia del resto de altos cargos militares que se han quedado en la misma situación que él, su cargo no estaba en la modificación de hace dos años y se plantearon dudas legales dentro del ministerio. Debido a ello, se tuvo que elaborar un informe ad hoc que avalase su continuidad. «No ha pasado nunca. Su predecesor, Emilio Fernández-Piñeyro, intentó quedarse por todos los medios y no lo consiguió. Al final, le colocaron en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden)», recuerda otra fuente ante la situación del Segente.

Fernández-Piñeyro quedó adscrito al Ceseden como asesor civil, el mismo puesto en el que Robles había mantenido enchufada durante tres años a la expresidenta del PSOE de Madrid, Delia Blanco, sin que trascendiese a la opinión pública. El paso de Blanco por el principal centro docente militar de Defensa se produjo entre 2018 y 2021, pero no se conoció hasta hace dos años, cuando lo desveló este periódico, ya que nunca se le dio publicidad ni ella hizo gala de ello en sus redes sociales.

Antes de que el Supremo avalase que los directores generales no tienen que tener el requisito de ser funcionarios, Robles tuvo que cambiar el organigrama del ministerio para hacer una excepción con el Digenpol más allá de sus 65 años, un puesto que siempre había estado reservado a funcionarios porque estaba bajo el paraguas de la ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Con el cambio, dicho cargo quedó abierto a personas del ámbito privado —con el visto bueno del Ministerio de Hacienda— gracias a una modificación ad hominem que la ministra llevó de tapadillo al Consejo de Ministros dentro de un real decreto para el desarrollo del nuevo Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La titular de Defensa tuvo que justificar en el BOE el paso dado para mantener al general Del Pozo a su lado, ya que había precedentes en los que la Justicia había tumbado cambios que afectaban a funcionarios. En 2001, por ejemplo, el entonces ministro del ramo, Federico Trillo, sufrió un revés en los tribunales cuando se anuló el nombramiento de un amigo suyo, el arquitecto Rafael Amat, para dirigir el antiguo Instituto de Viviendas de las Fuerzas Armadas (Invifas, hoy denominado Invied).

Robles mantuvo al Digenpol orgánicamente dentro de la Secretaría General de Política de Defensa (Segenpol), pero le incluyó entre los 26 directores generales de toda la Administración General del Estado a los que se permite no ser funcionario para ocupar el puesto. En el BOE se explicó su conversión en cargo directivo por el trabajo que desempeña su titular «para seguir y valorar el desarrollo de la situación internacional en el ámbito de la política de seguridad y defensa, especialmente en zonas de crisis y otras áreas de interés». Y se mencionó, en concreto, «la actual situación de crisis en Ucrania».

La ministra señaló en aquel real decreto que era conveniente «excepcionar» el nombramiento del Digenpol «de la reserva funcionarial» que lo encuadraba la ley de servicio público, por lo que abrió la puerta a que en el futuro este cargo no lo ocupe un servidor público como hasta ahora ya que siempre han sido militares o diplomáticos.

Si bien Robles subrayó que ese cambio no iba «en el sentido de una apertura al ámbito privado» del puesto y que lo que pretendía era «aprovechar la maestría de aquellas personas que sean o hayan sido funcionarios y que puedan aportar sus conocimientos y habilidades en el ámbito de la política de seguridad y defensa», como es el caso del general Del Pozo, lo cierto es que se trató de un brindis al sol, ya que con el nuevo texto legal en la mano nada impide que el futuro Digenpol venga del sector privado, advirtieron entonces fuentes militares a THE OBJECTIVE.