La Junta de Extremadura acredita que el PSOE 'okupa' un inmueble oficial desde hace décadas

La Junta de Extremadura ha acreditado por escrito que el PSOE no ha estado pagando el alquiler de su sede en la localidad de Don Benito desde hace varias décadas. «No constan ingresos por alquiler dado que no existe arrendamiento alguno del inmueble», indica el Ejecutivo de María Guardiola en una respuesta a través del Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

El inmueble en el que los socialistas de Don Benito tienen su casa del pueblo se encuentra en el número 8 de la calle Cecilio Gallego y es propiedad de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. En 1984, la Junta de Extremadura dirigida por Juan Carlos Rodríguez Ibarra cedió el local al Ayuntamiento dombenitense por tres años. En su cláusula segunda se estipulaba que la transferencia de este inmueble de titularidad autonómica era «para el fomento y promoción de actividades deportivas, juveniles y culturales» en el pueblo. Entre las condiciones se subrayaba que tenía que tener «preferentemente utilización social y deportiva».

La cláusula tercera del convenio, al que ha tenido también acceso este periódico, fijó una duración del mismo en los citados tres años «a contar desde el siguiente día de la firma, pudiendo no obstante renovarse o rescindirse por mutuo acuerdo antes de su término». Sin embargo, «no consta en esta administración regional la renovación del mencionado convenio y, realizada la consulta correspondiente al Ayuntamiento de Don Benito, se informa que en el archivo municipal no se ha encontrado documentación alguna que acredite la cesión del inmueble a terceros ni la existencia de convenio de colaboración relacionado con el mismo» para que el PSOE lo utilizase como sede local.

Desde el Servicio de Patrimonio Municipal se ha verificado que el inmueble no figura inscrito en el inventario de bienes del ente local, «ni como bien de dominio público ni como bien patrimonial», por lo que el lugar donde tiene su sede el PSOE «no está siendo utilizado actualmente por ese Ayuntamiento, ni consta adscripción alguna a servicio municipal alguno». Además, el abono de los suministros de agua y luz «no es realizado por la Junta de Extremadura», por lo que corre a cargo de las arcas socialistas en dicho municipio de la provincia de Badajoz.

La polémica sobre la sede del PSOE en Don Benito saltó en noviembre. Una reclamación de pago emitida a través del Organismo Autónomo de Recaudación OAR de la Diputación de Badajoz, en la que se solicitaba el abono del impuesto de bienes inmuebles (IBI), puso sobre aviso a los funcionarios de la Junta de Extremadura, que desconocían esta circunstancia. Las fuentes consultadas indicaron a TO que en aquel momento existía una deuda acumulada desde 2016 que superaba los 13.000 euros.

Tras esa notificación, se confirmó que el edificio en cuestión es el mismo que el PSOE de Don Benito emplea como sede desde hace varias décadas y cuya propiedad corresponde a la Junta de Extremadura. Se trata de un inmueble de 492 metros cuadrados, construido en 1970, que cuenta con tres plantas de altura. Se desconoce cómo y en qué momento un inmueble propiedad de la administración autonómica pasó a convertirse en la sede de la formación socialista.

El actual delegado del Gobierno en Extremadura y presidente de la gestora del PSOE en dicha región, José Luis Quintana, se autoconcedió una licencia de obras para reformar la sede socialista en 2021 cuando él era alcalde en dicha localidad. El montante fue de aproximadamente 44.000 euros. Dos años antes, en 2019, el regidor hizo una consulta técnica interesándose por la compra de la sede emplazada en el centro de la ciudad. Unas instalaciones que habían pasado por las manos de la Cooperativa Obrera Unión Progreso de Don Benito, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Don Benito y la delegación local del Movimiento Nacional franquista.

La reforma de la sede del PSOE de Don Benito siempre estuvo envuelta en un halo de misterio. No se supo cuánto dinero se había gastado en la reforma ni tampoco su verdadera titularidad. De hecho, en algún encuentro con afiliados, Quintana dijo lo siguiente: «Mejor no preguntéis». Es evidente que el entonces edil y secretario general del PSOE en la localidad sí lo sabía, pues se había interesado en la compra del inmueble.

Al menos desde el 1 de junio de 2005, el OAR, dependiente de la Diputación de Badajoz, se convirtió en el ente administrador de la recaudación del IBI. Una figura fiscal por la que el PSOE de Don Benito no ha mostrado el más mínimo interés en los últimos años, según atestiguan testigos consultados por este periódico. La concatenación de olvidos del hoy delegado del Gobierno de Pedro Sánchez no es baladí. La razón es que el organismo fiscalizador dependía en esas fechas de Miguel Ángel Gallardo, exlíder de los socialistas hasta hace unas semanas y procesado en el caso David Sánchez.

Ocultación de un vehículo familiar

En 2023, Gallardo puso al frente del OAR a Manuel Gómez Parejo, la misma persona que en otoño de 2024 sustituyó a Quintana al frente del PSOE en Don Benito. El IBI ha seguido sin pagarse en los últimos años pese a que Gallardo y Gómez Parejo eran los supuestos garantes de la inspección fiscal de la Diputación de Badajoz. Además, THE OBJECTIVE desveló en noviembre que Gómez Parejo ha ocultado el uso de un vehículo de su empresa familiar. Un hecho incompatible con la legislación extremeña por sus cargos públicos como director general de la Institución Ferial de Extremadura (Feval) desde 2015 hasta 2019 y como director general de Formación Profesional de la Junta de Extremadura desde ese año hasta 2023.

En el momento de entrar en Feval, Gómez Parejo era administrador único de varias sociedades familiares, entre ellas Arrosol SL, una empresa agrícola dedicada al cultivo de arroz y almendro. Para acceder hace una década a la condición de alto cargo de la Administración extremeña, el dirigente socialista tuvo que ceder a su hermano la condición de administrador único de dichas empresas, aunque mantiene el 50% de las acciones en ellas. En las declaraciones de bienes que Gómez Parejo ha ido entregando a la Diputación de Badajoz en los últimos años no aparece dinero en cuentas bancarias ni vehículos en propiedad, un caso atípico entre los diputados provinciales. El único cambio relevante se produjo este año 2025, en el que comunicó la compra de un coche DS7 Crossback en noviembre del año pasado. Lo que ha permanecido invariable ha sido el porcentaje de acciones, tanto en Arrosol como en otras sociedades familiares.

Pese a no tener coche propio hasta hace un año, Gómez Parejo empezó a cobrar dietas por kilometraje de la Diputación en julio de 2023 tras dejar el cargo en el Gobierno extremeño, aunque sin tener un vehículo a su nombre. Primero, con 13 euros por un recorrido de 50 kilómetros. En febrero de 2024, las dietas aumentaron a 161,98 euros. El tope se produjo en mayo del año pasado con un total de 521,95 euros tras hacer más de 2.000 kilómetros. Las indemnizaciones que Gómez Parejo ha recibido de la Diputación por kilometraje hasta que a finales de 2024 estrenó el DS7 Crossback han sido 2.358,55 euros: 247,26 en los meses de 2023 y 2.111,29 en los de 2024.