La Generalitat descubre falta de datos de los beneficiarios de viviendas públicas de Alicante
Esa información se refiere a las propiedades y los ingresos económicos que debe cumplir la unidad familiar
Viviendas foco de polémica por sus adjudicaciones. | Morell (EFE)
La Generalitat Valenciana ha descubierto que falta documentación preceptiva en los expedientes de una parte de los 140 adjudicatarios de las viviendas de protección pública (VPP) de la Playa de San Juan de Alicante investigadas por irregularidades que podrían determinar que algunos de los beneficiarios no cumplían los requisitos exigidos.
La vicepresidenta primera del Consell y consejera de Vivienda, Susana Camarero, ha explicado este miércoles en Alicante que esa falta de información «en algunos de los expedientes» se refiere a las propiedades y los ingresos económicos que debe cumplir la unidad familiar que resulte adjudicataria de la VPP, ya que se ha visto que en algunos expedientes solo se aportan los datos de uno de los beneficiarios con el argumento de que existe separación de bienes cuando en realidad la ley obliga a incluir los de todos los convivientes.
Según Camarero, todos estos expedientes serán revisados «punto por punto» y tienen el denominador común de haber sido tramitados y supervisados por el funcionario que este lunes fue suspendido cautelarmente de empleo y sueldo por avalar la adjudicación de una de las viviendas sociales a su propia mujer, arquitecta municipal, omitiendo su deber de inhibirse y ocultando datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él forma parte.
El funcionario apartado, una ‘oveja negra’
Además de su propio caso, este funcionario, al que la vicepresidenta ha calificado de «oveja negra», también dio por buenos otros expedientes con los datos económicos de uno de los solicitantes y no de la unidad familiar, como es obligado, por lo que serán objeto de revisión para actuar «caiga quien caiga» con el fin de que «la ley actúe en los supuestos en los que se hubiese podido cometer presuntamente un delito».
A preguntas de los periodistas antes de asistir a una reunión de la patronal CEV en Alicante, la consellera de Vivienda ha recordado que la Generalitat ha llevado el caso a la Fiscalía y que al conocerse el escándalo abrió una investigación interna que fue la que apuntó a las supuestas irregularidades del funcionario apartado.
«No queremos alamar hasta que no conozcamos uno por uno los casos», ha advertido Camarero antes de insistir en que el objetivo es conocer si los adjudicatarios «efectivamente reúnen las condiciones para poder comprar esa vivienda» para, en caso contrario, hacer lo que «la Justicia diga».
Sobre posibles ventas o alquileres de esas viviendas públicas, Camarero ha informado de que de los 140 pisos únicamente ha habido una petición de venta y tres solicitudes para alquilar, y en este punto ha recalcado que para ambos casos la conselleria tiene que autorizar antes en base a varios supuestos, entre ellos un contrato laboral en el extranjero o el cuidado de dependientes en otro punto geográfico.
En todo caso, ha indicado que la Administración valenciana estudiará hacer uso del derecho de retracto porque no tolerará «que haya ninguna posibilidad de que se especule con unas viviendas de protección pública».
Camarero ve «hipocresía» en el PSPV y Compromís
La vicepresidenta del Consell valenciano ha acusado de «hipocresía» al PSPV-PSOE y Compromís y también de manipular los hechos y bulos falseando parte de la información, ya que cree que confunden intencionadamente VPP con vivienda social, de las que ha recordado que el Botànic construyó «cero» en ocho años de mandato.
Tras opinar que esta falta de política en la etapa socialista causa las actuales listas de espera y el incremento del 50 por ciento del precio en el caso de las ventas y del 90 en el alquiler, ha culpado al anterior Ejecutivo de cambiar los márgenes de renta para los solicitantes y se ha comprometido a impulsar cambios para estrechar la vigilancia para la limpieza del proceso.
De este modo se va a hacer que sea un órgano colegiado, una comisión de evaluación y no solamente un funcionario el que supervise la comprobación de los requisitos de ingresos y propiedades de los peticionarios, mientras que se obligará a que haya más publicidad de las promociones públicas por parte de las promotoras y la apertura de un registro general para todos los interesados de VPP.