Bronca en el Consejo de Estado por el intento de convertir el aborto en un derecho

El Consejo de Estado ha tumbado el primer intento del Gobierno de reformar el artículo 43 de la Constitución para convertir el aborto en un derecho. La falta de acuerdo en la reunión de la Comisión Permanente sobre el dictamen redactado por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que criticaba esta reforma al considerarla inconstitucional, ha obligado a la presidenta, Carmen Calvo, a suspender el plenario, previsto para este jueves, en el que se iba a «despachar el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución», según la comunicación interna a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El informe de este órgano consultivo del Ejecutivo no es vinculante, pero sí supone un cuestionamiento de su estrategia política, que ahora se quiere solucionar con la solicitud de otro dictamen.

Las prisas del Gobierno por poder ofrecer a sus socios de izquierda el éxito de haber convertido el aborto en un derecho recogido en la Constitución han chocado con el freno de uno de los padres de la Constitución, que ha cuestionado la manera con la que el Gobierno quiere «colar» esta reforma constitucional, según las fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Sánchez ha querido tramitar de una manera rápida la medida: el 14 de octubre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución con el objetivo de garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó este anteproyecto, justificó esta reforma por la necesidad de fortalecer la sanidad pública, ya que se incorpora este derecho en el marco del artículo 43 de la Constitución, vinculado al derecho a la salud y al sistema público sanitario. Según explicó, en determinadas comunidades autónomas se está reduciendo la calidad del servicio público de salud y apostando claramente por una privatización y externalización de servicios que afectan específicamente a la interrupción voluntaria del embarazo.

El camino elegido para intentar convertir el aborto en un derecho de la Constitución ha sido cuestionado por parte de Herrero y Rodríguez de Miñón, ya que en vez de vincularlo al artículo 15, que defiende el derecho fundamental a la vida, lo hace al 43, que protege el derecho a la salud. Una opción«más fácil» para reformar la Carta Magna. Si el Gobierno hubiera querido incorporar este derecho por el artículo 15, de los derechos fundamentales, «donde siempre se ha tratado el tema del aborto», según las fuentes jurídicas consultadas, «se necesitaría una reforma de la Constitución que se llama agravada». Una tramitación que exige mayoría del Congreso y el Senado de dos tercios, disolución inmediata de las cámaras y convocatoria de un referéndum. Por el contrario, el Gobierno ha utilizado la estrategia de decir que no afecta al derecho a la vida, sino que es una derivación del derecho a la salud sexual y reproductiva.

Estas fuentes apuntan que es un «fraude y no se puede hacer una reforma constitucional que afecta al derecho a la vida si no es por la vía prevista por la Constitución para la reforma de los derechos fundamentales». Así lo sostiene en su dictamen el consejero de la Sección Primera que aborda los asuntos de Presidencia, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, al subrayar que elude el artículo 15, el del derecho a la vida, utilizando otra vía que es la del derecho a la salud, que no tiene la protección de reforma constitucional que tienen los derechos fundamentales.

Pleno suspendido

Este dictamen fue debatido el pasado día 29 de enero en la Comisión Permanente del Consejo de Estado, pero al no ser aprobado no podrá ser analizado en el plenario previsto para este jueves, que preside Carmen Calvo. La convocatoria de la reunión del pleno estaba fijada para «despachar el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución, que será examinado en la Comisión Permanente del día 29 de enero. El orden del día y la hora del pleno se comunicarán próximamente».

Sin embargo, en una comunicación siguiente, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se señala que «no habrá sesión del pleno del Consejo de Estado el próximo jueves, 5 de febrero, al no haber sido aprobado por la Comisión Permanente de ayer el dictamen que iba a ser sometido al pleno». Seguidamente, se subraya que «pronto se informará de la fecha prevista para la próxima sesión».