Vox pagó al líder de Revuelta para externalizar irregularmente cuatro puestos de trabajo
La formación de Santiago Abascal habría usado Picaporte como herramienta de presión para captar la entidad juvenil
El líder de Vox, Santiago Abascal, a la izquierda, y el presidente de Revuelta, Jaime Hernández, a la derecha. | Ilustración de Alejandra Svriz
El contrato acordado entre Vox y Jaime Hernández, el presidente de Revuelta, por 262.000 euros al año sirvió para externalizar irregularmente a cuatro trabajadores del partido. Fuentes próximas a los afectados denuncian a THE OBJECTIVE que «el contrato sirvió para mantener a los mismos empleados, con las mismas funciones, pero sin antigüedad ni protección laboral», lo que encajaría con los supuestos clásicos de una presunta cesión ilegal de trabajadores, prohibida por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, al utilizar una empresa interpuesta como mero vehículo para mantener personal propio sin asumir responsabilidades laborales.
Esto explicaría por qué la empresa se constituyó nueve días antes de la firma del contrato, ex profeso, con todo tipo de cláusulas de confidencialidad y sin prestar servicios a otros clientes. El importe del contrato cubría los salarios de esos cuatro empleados, que continuaron realizando las mismas funciones de comunicación y contenidos en el mismo centro de trabajo y bajo la misma cadena de mando, pero despojados de su antigüedad y de los derechos asociados a una relación laboral directa.
Las funciones atribuidas a Picaporte en el contrato eran las mismas que, de facto, Jaime Hernández y Santiago Pidal, sus administradores solidarios, ya tenían como trabajadores de Vox: producción de campañas y eventos (contacto con proveedores, coordinación de montajes, gestión de presupuestos y supervisión de las actividades logísticas necesarias), operaciones de cabina de realización en la sala de prensa y ruedas de prensa, y la producción de contenidos audiovisuales y gráficos. Santiago Aneiros y Javier Barrios también fueron externalizados a través de Picaporte.
Una empresa pantalla
Lejos de tratarse de una contratación de servicios con autonomía productiva, Picaporte habría actuado como empresa pantalla, sin estructura independiente ni capacidad decisoria, limitándose a canalizar el pago de unos trabajadores que seguían integrados en la organización de Vox. El contrato de 262.000 euros anuales no se corresponde con un proyecto concreto, ni con una prestación diferenciada, sino con el coste anual de cuatro empleados previamente vinculados al partido y luego externalizados.
Los cuatro trabajadores de Picaporte siguieron obedeciendo directrices del partido, produciendo contenidos y estrategias que beneficiaban a Vox. Por este motivo, los laboralistas consultados subrayan que «cuando el dinero se destina a mantener a las mismas personas, en el mismo puesto y bajo las mismas órdenes, la externalización pierde toda cobertura legal y se convierte en un fraude diseñado para abaratar costes y facilitar el control disciplinario».
El contrato tenía duración de dos años, pero se extinguió en diciembre de 2025 con el caso Revuelta, que estalló cuando dos jóvenes de Vox, Arturo Villa y Javier Esteban —este último denunciado por una supuesta agresión sexual—, denunciaron a Jaime Hernández y Pablo González Gasca, cabecillas de Revuelta, por el supuesto desvío de fondos destinado a las víctimas de la dana. La tesis de los afectados es que «los impagos se produjeron tras la negativa de Revuelta a plegarse a determinadas exigencias», y que «la externalización fue utilizada como herramienta de presión política indirecta, castigando económicamente a la empresa para forzar una rendición».
«Cuando no hay autonomía, no hay externalización real», explican expertos laboralistas, que recuerdan que la ley prohíbe expresamente usar empresas interpuestas para vaciar de derechos a empleados propios, especialmente cuando el objetivo es eliminar antigüedad, reducir costes y facilitar represalias posteriores. Desde el entorno de los afectados califican los hechos como un ejemplo de «matonismo empresarial, en el que la precarización y el impago se emplean como instrumentos de control político».
Posibles sanciones
De investigarse los hechos, Vox podría enfrentarse a reclamaciones laborales por cesión ilegal, sanciones económicas y la obligación de reconocer a los trabajadores como empleados directos, además del desgaste político derivado de un discurso público que choca frontalmente con estas prácticas. Hasta ahora, pese a las preguntas de este medio, Vox no ha explicado por qué destinó 262.000 euros anuales a una empresa externa para mantener a cuatro trabajadores que ya estaban en su estructura, ni por qué esos mismos trabajadores pasaron a tener menos derechos por hacer exactamente el mismo trabajo.
No hay menciones públicas ni en el PDF de las cuentas de Vox 2024 ni en los informes del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio de aquel año que hagan referencia a Picaporte Events. Fuentes internas aseguran que el gerente, Javier Cortés, «ocultó un contrato de más de 500.000 euros al Tribunal de Cuentas entre Vox y la empresa Picaporte», y que «este contrato es una prueba de que se querían quedar con Revuelta pagando a Jaime cerca de medio millón de euros». Al no poder desacreditarlo con su gestión de Picaporte, que tenía nexos económicos con Vox, fueron a por Revuelta, tras meses intentando controlar la asociación juvenil con presiones a los jóvenes acreditadas en audios.