Calvo usa a una exministra afín para maniobrar a favor del aborto en el Consejo de Estado
Le encarga un nuevo dictamen tras rechazar el presentado por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo | Alejandro Martínez Vélez (EP)
La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha encargado a María Luisa Carcedo, exministra socialista de Sanidad de Pedro Sánchez, un nuevo dictamen sobre el anteproyecto de ley del Ejecutivo que tiene como objetivo reformar la Constitución para incorporar el aborto como derecho, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Este encargo, que ejecuta la comisión permanente, se produce después de que Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón elaborara un informe en contra de esta medida, al entender que es inconstitucional. Al ser rechazado, no llegará a pleno, que se iba a celebrar este jueves y que ha sido suspendido. Ahora se busca un informe ad hoc para ajustarlo a las tesis de Sánchez.
El objetivo de la que fuera vicepresidenta del Gobierno de Sánchez parece claro: que el Consejo de Estado respalde la decisión del presidente de convertir en derecho el aborto, dentro de la Constitución. Aunque este informe no es vinculante, un pronunciamiento contrario sería un duro varapalo para el presidente, y aún más si llega de este órgano consultivo presidido por quien fue uno de los miembros más destacados del Gobierno.
Como ha desvelado este periódico, el que fuera padre de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ha redactado un dictamen que fue debatido en una reunión de la Comisión Permanente. El documento no recibió el apoyo necesario para ser analizado en el pleno del Consejo de Estado, que se tenía que celebrar este jueves, y que ha sido cancelado. La solución que ha buscado Carmen Calvo es encargar otro informe, según las fuentes consultadas, para que se alinee con la tesis del Gobierno socialista.
El miembro del Consejo de Estado que se ha elegido para redactar este informe ha sido la exministra de Sanidad del Gobierno de Sánchez, María Luisa Carcedo, nombrada para este cargo en marzo de 2023. Su nombramiento como consejera permanente causó sorpresa en este órgano consultivo por su «escasa formación jurídica». Carcedo preside la sección novena de esta institución, responsable de los asuntos de los ministerios de Trabajo y Economía Social; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; de Derechos Sociales y Agenda 2030; y de Igualdad.
El texto que redacte Carcedo volverá a la Comisión Permanente, más afín a los postulados de la izquierda, por lo que las fuentes consultadas dan por hecho que, a diferencia de lo sucedido con Herrero y Rodríguez de Miñón, pasará este primer filtro. Después, tendrá que superar el pleno, en el que se puede encontrar con otros obstáculos. Un pleno que, según estas fuentes, no se va a demorar mucho, e incluso se podría celebrar la semana que viene; aunque otras fuentes piensan que «todavía no se atreven a convocarlo» hasta que no tengan la certeza de que saldrá adelante el dictamen. El malestar en el Consejo de Estado con esta maniobra va en aumento. «No es jurista y la han puesto de ponente, junto con otro, presidiendo la ponencia especial para llevar al pleno un dictamen que satisfaga a la mayoría de la permanente, que el de Herrero y Rodríguez de Miñón, no satisface».
Un «fraude»
El principal problema de esta reforma, que ha sido calificada por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón como un «fraude», es que el Gobierno ha elegido un mecanismo para reformar la Constitución que esquiva el trámite más complejo. El camino diseñado para intentar convertir el aborto en un derecho dentro de la Constitución ha sido vincularlo al artículo 43, que protege el derecho a la salud, y no al 15, en el que se enmarca el derecho a la vida, comprendido entre los fundamentales.
Una opción «más fácil» para reformar la Carta Magna. Si el Gobierno hubiera querido incorporar este derecho por el artículo 15, de los derechos fundamentales, «donde siempre se ha tratado el tema del aborto», según las fuentes jurídicas consultadas, «se necesitaría una reforma de la Constitución que se llama agravada». Una tramitación que exige mayoría del Congreso y del Senado de dos tercios, disolución inmediata de las cámaras y convocatoria de un referéndum. Por el contrario, el Gobierno ha utilizado la estrategia de decir que no afecta al derecho a la vida, sino que es una derivación del derecho a la salud sexual y reproductiva.