La presidenta de la comisión de la dana fue alto cargo del PSPV en su etapa de más corrupción

La presidenta de la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados, Carmen Martínez Ramírez, que acosó a Núñez Feijóo durante su comparecencia el pasado 2 de febrero, fue secretaria general del PSPV-PSOE en Valencia en los años en los que estalló el mayor número de escándalos de corrupción en las filas de los socialistas valencianos. La dirigente socialista se puso de perfil en casos tan mediáticos que afectaban a su partido en su época más ominosa como los de Crespo Gomar, Acuamed o Azud mientras ocupó su cargo entre 2008 y 2012. 

Tal fue el grado de hostigamiento de la presidenta de la comisión que el propio presidente del PP se lo recriminó: «Es una pena que usted no presida el Congreso para que el presidente y su Gobierno contesten a lo que le preguntamos».

Las corruptelas del PSPV continuaron mientras la dirigente socialista ascendía al legislativo de la Comunidad Valenciana de la dirigente socialista. Desde el Ayuntamiento de Cuart de Poblet, un municipio de 26.000 habitantes en el que fue alcaldesa 6 mandatos y 24 años, dio el salto a las Cortes Valencianas como secretaria segunda hasta 2015 y vicepresidenta primera hasta 2019.

Durante todos esos años al frente de puestos de responsabilidad en el PSPV se sucedieron una decena de casos de corrupción que también afectaron al entorno familiar de Ximo Puig con el procesamiento de su hermano. Martínez Ramírez y el PSPV también se apuntaron al silencio a raíz de las revelaciones contra Mónica Oltra, su socia en el Gobierno del Acuerdo del Botánico, por encubrir a su expareja en un caso de abuso sexual contra una menor tutelada. Uno de los cinco puntos programáticos del Botánico era «la lucha contra la corrupción», eso sí, siempre que perjudicara a otro partido distinto a la coalición.

No he encontrado en las hemerotecas ninguna declaración de la dirigente socialista Carmen Martínez Ramírez ni de Ximo Puig denunciando esos hechos o la corrupción de dirigentes de su partido.

En cambio, sí respaldaron la ofensiva judicial y parlamentaria contra el PP valenciano en las causas Gürtel contra Francisco Camps, en las que se personó el PSPV, y contra Emarsa, la sociedad que gestionaba la depuradora de Pineda. En ese caso, la alcaldesa de Cuart de Poblet acusó a Rita Barberá de «ser cómplice del saqueo llevado a cabo en los últimos años». La primera edil de Valencia se querelló contra su contrincante político por un delito de calumnias que, finalmente, archivó un juzgado. La respuesta de Martínez fue torticera: «Una buena alcaldesa debe perseguir a quienes roban a sus vecinos y vecinas, y no a quienes denuncian a los ladrones que se llevan el dinero». 

Pero Martínez Ramírez utilizaba una doble óptica para enfocar los casos de corrupción. Mientras era la máxima responsable de organización del PSPV en Valencia, el reincidente y multidefraudador José Luis Ábalos ya había perpetrado algunas de sus corruptelas y era de dominio público en las filas socialistas. Su investigada fundación Fiadelso percibió en tres años millonarias subvenciones: 1.384.734,16 euros, en 2008; 1.121.811,69 euros, en 2009; y 638.318,17 euros en 2010, según las pesquisas policiales. Se daba la circunstancia de que, en 2008, el ejercicio con más ingresos coincidía con la segunda campaña electoral que ganó Rodríguez Zapatero y el acceso de Martínez Ramírez a la Secretaría General de Valencia. 

Según la UCO, Ximo Puig pudo dopar esa campaña electoral de 2008 con fondos de la trama Azud. Ese nombre, que utilizaron los agentes para bautizar la operación anticorrupción, respondía a la marca de una de las sociedades manejadas para canalizar el pago de comisiones. Paradójicamente, «azud» en español es un sinónimo de «parada» para reconducir el agua. 

Tras revisar ampliamente la hemeroteca, no existe ninguna declaración pública de la presidente de la comisión de la dana que se manifieste sobre el caso Azud o las corruptelas de Ábalos. Sí se pronunció en la presentación del libro Tierra de Saqueo sobre otros casos que no afectaban a su partido: «La lucha contra la corrupción es una cuestión de principio y dignidad», afirmó.

«Los socialistas siempre se han instalado en la hipocresía y han usado una doble vara de medir para censurar la corrupción. Es el caso de la exalcaldesa de Quart de Poblet: toda su vida política rodeada de corruptos como se ha constatado en diversas investigaciones, que salpican al propio Ximo Puig, su valedor, y ella disciplinada y calladita. Así llegó al Congreso y a la presidencia de la comisión de la dana», me comentó un expresidente de la Comunidad Valenciana.

Aunque Martínez Ramírez, considerada como una de las militantes históricas del PSPV, formó parte primero de la órbita de Antoni Asunción y después de la de Ximo Puig, que la catapultó al Congreso de los Diputados, la larga sombra de José Luis Ábalos siempre la ha perseguido. La diputada socialista sustituyó a un compañero que había ganado a Ábalos en las primarias para la Secretaría General de Valencia y luego fue ella la sustituida por el propio Ábalos en 2012. La diputada, finalmente, ocupó la tercera plaza en la lista por Valencia en las pasadas elecciones generales, tras la ministra Morant y Ábalos. 

Entonces, ya se conocía la cara oculta del exministro de Fomento, pero nadie de los socialistas ni de Sumar puso objeciones. La orden era indiscutible porque partía de la autocrática Moncloa con la anuencia de Puig, que ya se había ganado un destino en París como embajador ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con un salario bruto anual de 150.000 euros, vivienda de lujo gratis y gastos incluidos.

En esos años de trasiego de dinero que llenaron las arcas del PSPV, las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil acusaban en sus informes a los socialistas valencianos de financiación ilegal. El escándalo más significativo fue el caso Azud dentro de un sistema transversal de corrupción política, que afectaba a tres de los cuatro años de Martínez Ramírez durante su etapa como secretaria general en Valencia. En esa tramoya de corrupción se investigó a 60 personas, entre ellas varios de sus excompañeros socialistas.

Destacaban como investigados, entre otros, además de varios dirigentes del PP, los socialistas José María Ángel, exalcalde de La Eliana y expresidente del PSPV de Valencia -muy unido a Martínez Ramírez- por financiación irregular de su partido y Rafael Rubio, exsubdelegado del Gobierno y dirigente provincial del PSPV, por el cobro de comisiones. 

La tragedia de la dana unió en un mismo frente a la exalcaldesa de Cuart de Poblet y al ex primer edil de La Eliana. Ella fue designada por el Congreso de los Diputados presidenta de la comisión de la dana y su amigo, por el Gobierno, Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana.  Pero a José Ángel también se lo llevó por delante otra riada: se vio obligado a presentar su dimisión tras conocer que había falsificado su título universitario de diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universidad de Valencia para acceder a una plaza en la Diputación de Valencia. Durante 30 años engañó a sus correligionarios cobrando un dinero que no le correspondía mientras miraban para otro lado. 

En el caso Azud también aparecía como investigado José María Cataluña, quien estuvo casi una década como tesorero del PSPV en Valencia, por el control de subvenciones opacas para campaña electorales y flujo de facturas falsas. El partido lo premió como vicepresidente de Bancaja.

Si los informes de la UCO son veraces, Cataluña coincidió como tesorero en la etapa de Martínez Ramírez en la Secretaría de Valencia. Para la Guardia Civil, el dirigente socialista trabajó «como tesorero en la sombra», al menos hasta 2008, y «residualmente» hasta 2011. En ese año apareció salpicado por el caso Brugal.

En diciembre de 2022, estando al frente de la portavocía adjunta del PSPV en las Cortes valencianas, en las que los socialistas tenían mayoría con sus socios de Compromís y Podemos, Martínez Ramírez defendió que la comisión de investigación sobre el caso Azud que había sido aprobada dos años antes se iniciara después del levantamiento del secreto sumarial sobre algunas de las piezas de la causa, según ella, para garantizar una investigación rigurosa. La realidad era muy distinta: quedaban unos meses para las elecciones autonómicas del 28-M y los socialistas se esforzaban por anestesiar el escándalo que también afectaba a su partido y que el PP ya había amortizado. 

En su arranque del caso habían quedado señalados varios cargos del PP, pero durante el desarrollo de la investigación aparecieron dirigentes socialistas como Carmen Alborch y habían sido imputados 14 cargos de la administración de Ximo Puig, que se mantenían en sus puestos. Los informes de la Guardia Civil señalaban que algunos dirigentes del PSPV habían financiado sus campañas con fondos de empresarios de la trama corrupta.