Igualdad corta las subvenciones a toda entidad que no sea abolicionista de la prostitución
Redondo pretende limitar las ayudas a las asociaciones que no definan el trabajo sexual como una «forma de violencia»
La ministra de Igualdad, Ana Redondo. | Diego Radamés (Europa Press)
El Ministerio de Igualdad quiere incluir una nueva condición para las asociaciones que aspiren a recibir subvenciones: que se definan como abolicionistas de la prostitución. Así se especifica en las nuevas bases reguladoras de las líneas de crédito, que solicitan a las entidades que quieran concurrir que reconozcan explícitamente el trabajo sexual como una «forma de violencia hacia las mujeres», bien en los fines y estatutos o acreditándolo «fehacientemente por cualquier medio admitido en derecho». Las ayudas a las que afecta este nuevo requisito son las que tienen que ver con la lucha contra la violencia machista y el apoyo a las víctimas de trata.
El gabinete que lidera Ana Redondo pretende así «reafirmar el enfoque feminista» de las subvenciones con arreglo a «la perspectiva de género y el enfoque abolicionista» para «alcanzar la igualdad y transformar el sistema patriarcal». La medida ha generado mucha polémica, ya que divide a las asociaciones feministas, que la aplauden, y a las que trabajan en intervención e investigación en el ámbito de la prostitución, que consideran que la exigencia supone un condicionamiento ilegal, porque vincula el acceso a fondos públicos a la adopción de una perspectiva ideológica concreta.
En este sentido, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha promovido un documento de alegaciones al que se han adherido otra treintena de colectivos y más de un centenar de personas a título individual, en el que reclama al Ministerio de Igualdad que «reconsidere» la redacción porque «introduce una calificación normativa no prevista en el marco legal vigente» y que es «contraria» a principios como el pluralismo, la objetividad administrativa o la neutralidad ideológica.
El CATS denuncia que los cambios «conculcan» al incluir la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres junto a otras conductas «claramente tipificadas como violencia genera una indeterminación conceptual incompatible» con el principio. Las alegaciones recuerdan que la prostitución «no está tipificada como delito» en España, ni existe «una definición legal estatal que la califique como violencia de género», ni tampoco «se ha establecido normativamente su erradicación como objetivo jurídico autónomo».
La plataforma Stop Abolición, que aglutina a trabajadores sexuales, declara que el Gobierno ha decidido «saltarse el Estado de derecho para atribuirse de un plumazo la capacidad de decidir qué asociaciones merecen recibir fondos», algo que considera «radicalmente contrario a la Ley 38/2003 General de Subvenciones». Aunque la plataforma no ha podido realizar alegaciones, dice apoyar «línea a línea» las del CATS, y abunda: «Los derechos sexuales han sido y serán siempre el canario en la mina de las libertades. Lo vivido estos últimos tres años alrededor de la prostitución ha batido todas las marcas de irracionalidad, fanatismo y manipulación. La democracia es otra cosa».
«Toda la lucha del PSOE y, paradójicamente, de un gobierno cuyo presidente es incapaz de negar haber sido financiado en sus primarias por su suegro Sabiniano, empresario de puticlubs, se ha basado desde 2022 en el engaño, la propaganda en su peor versión y el filibusterismo», zanjan desde la plataforma.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a centenares de colectivos feministas, subraya que han hecho alegaciones que coinciden con el planteamiento de Igualdad: «Lo que sorprende es que partidos como Sumar y organizaciones que se autoperciben como feministas sean incapaces de denunciar todas las formas de la violencia contra las mujeres, incluido el proxenetismo. Esperamos que el Ministerio de Igualdad no ceda ante las presiones de los lobbies y mantenga ese criterio».
Igualdad abunda así en la postura abolicionista que el PSOE mantiene sobre la prostitución, pero que no ha materializado en una ley por la falta de apoyos parlamentarios. Es una cuestión controvertida que divide al feminismo y al propio Gobierno, en el que conviven posturas punitivistas con otras más regulacionistas.