El aborto enfrenta a Rodríguez de Miñón y Carmen Calvo en el Consejo de Estado

El miembro del Consejo de Estado y uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, tiene previsto llevar al pleno de este órgano consultivo como voto particular su dictamen en contra de que se reforme la Constitución, como pretende Pedro Sánchez, para que el aborto sea considerado un derecho, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Esta reunión está prevista el próximo jueves, y en el orden del día podría ir el debate del nuevo informe encargado a la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que preside la sección novena de esta institución.

El aborto se ha convertido en el seno del Consejo de Estado en una batalla que, lejos de amainar, podría llegar hasta el pleno de esta institución. Concretamente, a la sesión plenaria del próximo jueves, que tiene que dar el visto bueno al informe sobre el anteproyecto de ley del Gobierno de reforma del artículo 43 de la Constitución para que el aborto sea un derecho. Como ha venido informando este periódico, una vez que ha llegado al Consejo de Estado para contar con un informe, que no es vinculante, se ha abierto la guerra entre el primer responsable de elaborar un dictamen, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, exvicepresidenta del primer Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque inicialmente el choque no ha sido decisivo, puede serlo si Herrero y Rodríguez de Miñón mantiene hasta el final su intención de llevar su dictamen al pleno y convertirlo en un voto particular. Su intención es dejar constancia de su rechazo al intento del Ejecutivo de Sánchez de pretender colar la reforma de un derecho fundamental, recogido en el artículo 15 de la Constitución, como es el derecho a la vida.

Este choque, que se puede producir en el pleno del Consejo de Estado en el que quedará solventada esta cuestión, es un episodio más del malestar que ha generado en esta institución un asunto tan polémico como es el aborto. De hecho, las informaciones desveladas por este periódico y las filtraciones que se han producido no son del agrado de la presidenta, Carmen Calvo, y así lo ha transmitido a los miembros de la comisión permanente.

Este periódico no solo desveló que el dictamen de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón había sido rechazado por la permanente, por lo que no ha pasado al pleno, sino que el nuevo informe había recaído en la exministra socialista de Sanidad, María Luisa. Carcedo, que ocupó este departamento en uno de los gobiernos de Pedro Sánchez. Según fuentes de la Presidencia del Consejo de Estado, el perfil de la nueva ponente no fue elegido por su ideología, afín a los postulados del Gobierno, sino que solamente responde a que Carcedo preside la sección novena de esta institución, responsable de los asuntos de los ministerios de Trabajo y Economía Social; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; de Derechos Sociales y Agenda 2030; y de Igualdad. Por lo tanto, es el área encargada de la temática del aborto.

La herramienta utilizada por el Gobierno para convertir el aborto en un derecho está en el origen del rechazo de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. El Ejecutivo, en vez de vincularlo al artículo 15 de la Constitución, que defiende el derecho fundamental a la vida, lo hace al 43, que protege el derecho a la salud. Un camino «más fácil» para reformar la Carta Magna. Si el Gobierno hubiera querido incorporar este derecho por el artículo 15, de los derechos fundamentales, «donde siempre se ha tratado el tema del aborto», según las fuentes jurídicas consultadas, «se necesitaría una reforma de la Constitución que se llama agravada». Una tramitación que exige mayoría del Congreso y el Senado de dos tercios, disolución inmediata de las cámaras y convocatoria de un referéndum. Por el contrario, el Gobierno ha utilizado la estrategia de decir que no afecta al derecho a la vida, sino que es una derivación del derecho a la salud sexual y reproductiva.

Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE apuntan que es un «fraude y no se puede hacer una reforma constitucional que afecta al derecho a la vida si no es por la vía prevista por la Constitución para la reforma de los derechos fundamentales». Así lo sostiene en su dictamen el consejero de la Sección Primera que aborda los asuntos de Presidencia, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, al subrayar que elude el artículo 15, el del derecho a la vida, utilizando otra vía que es la del derecho a la salud, que no tiene la protección de reforma constitucional que tienen los derechos fundamentales.