España solo deportó a 3.400 ilegales en 2025 pese a que emitió 41.300 órdenes de expulsión

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue manteniendo un bajo índice de deportación de inmigrantes en situación ilegal con orden de expulsión. En 2025, el Ejecutivo socialista ejecutó 3.398 órdenes de expulsión, pese a que entraron ilegalmente 36.775 inmigrantes y a que las órdenes dictadas eran 41.315 entre enero y octubre. Así consta en una respuesta parlamentaria al diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Alberto Catalán, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Esta refleja un ligero auge en las órdenes ejecutadas con respecto a los últimos años: en 2021 se expulsó a 2.025 irregulares, 2.627 en 2022 y 3.090 en 2023, con un ligero descenso en 2024 a 3.031. Sin embargo, en 2019, antes de la pandemia, España expulsó a 4.677. En 2016, hace una década, a 5.051, pese a que la presión migratoria era menor.

En comparación con otras épocas, sin embargo, los datos son ridículos. Durante los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), fueron expulsados más de 81.000 inmigrantes en situación irregular. Posteriormente, en los siete años de Mariano Rajoy (2011-2018), fueron deportados alrededor de 47.000. En cambio, el Ejecutivo de Sánchez acumula hasta ahora algo más de 18.000 expulsiones, unos 62.000 menos que los registrados en el mandato de su compañero socialista. Pese al ligero repunte, España se encuentra muy por debajo de lo necesario para cumplir con todas las órdenes de expulsión que emite, con un cumplimiento por debajo del 8%, y a años luz de la media de la Unión Europea, que se mueve entre el 25% y el 30% de ejecución.

Por provincias

La respuesta del Gobierno al diputado de UPN disgrega las expulsiones ejecutadas, además, por provincias, lo que dibuja un mapa interesante. La Comunidad de Madrid está a la cabeza con 788, seguida de Barcelona (327) y Málaga (169). Llama la atención la bajada en Ceuta, en donde se ha pasado de 172 expulsiones en 2019 a 4 en el año pasado, las mismas que se ejecutaron en Melilla, en donde en 2019 se expulsó a 214.

De acuerdo con la normativa que regula la entrada, la libre circulación y la residencia en España de los ciudadanos de la Unión Europea (y de otros países del Espacio Económico Europeo), aprobada mediante el Real Decreto 240/2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las decisiones de expulsión las adopta la Administración General del Estado. Concretamente, son los delegados o subdelegados del Gobierno en cada comunidad autónoma los encargados de emitir estas resoluciones.

Las consecuencias de una orden de expulsión no se aplican de forma automática en todos los casos. Solo cuando se tramita por la vía de urgencia o preferente, la salida del territorio español se hace efectiva de inmediato. En cambio, si se sigue el procedimiento ordinario, la persona afectada dispone de un plazo voluntario —entre 7 y 30 días desde la notificación— para abandonar el país por sus propios medios.

La expulsión conlleva, además, una prohibición de entrada en España y, en su caso, en los territorios de otros Estados de la UE con los que exista un acuerdo específico al respecto. En la práctica, sin embargo, muchas órdenes no se ejecutan por dificultades para localizar a la persona afectada, por la falta de cooperación de los países de origen, como Marruecos o Argelia, o por el colapso judicial y administrativo.

Llegada de ilegales

El año 2024 fue un año desbocado en las llegadas ilegales a nuestro país: 64.000 personas, 46.843 a través de las Islas Canarias. Una cifra un poco por debajo del récord histórico de 2018, cuando se alcanzaron 64.298 llegadas. En 2025 llegaron de forma ilegal a España un total de 36.775 inmigrantes, lo que supuso una caída del 42,6% en relación al año anterior. Un descenso que se produjo gracias a que disminuyó un 62% la llegada a Canarias respecto al año anterior. No obstante, en Baleares aumentó un 24,5%, y en Melilla y en Ceuta, la llegada irregular se disparó un 43,88% más entre ambas ciudades.

Ante esta oleada, las expulsiones no se están ejecutando en el orden deseable. Además, en lo sucesivo será más complicado. La actual regularización puede afectar a ciertas expulsiones y procedimientos de retorno, pero solo en casos muy concretos y siempre para extranjeros no comunitarios (de terceros países) en situación irregular, sin impacto en las expulsiones de ciudadanos de la UE ni en las prohibiciones de entrada derivadas del régimen comunitario (Real Decreto 240/2007).