El PSOE extremeño se aferra a su sede 'okupa' alegando que en la Guerra Civil se la quitaron

El PSOE de Don Benito se resiste al desalojo de su casa del pueblo después de que el Ayuntamiento de esta localidad pacense iniciase este miércoles los trámites para pedir su cesión a la Junta de Extremadura con el fin de darle un uso social. En un vídeo subido a las redes sociales, subraya que el inmueble fue adquirido por «el movimiento obrero dombenitense previo a la Guerra Civil» y que, con posterioridad, «fue incautado por el régimen franquista, arrebatado de manera injusta en un momento en el que la democracia fue silenciada por las armas».

La vicesecretaria general del PSOE dombenitense, Marta Núñez, recordó que el edificio en disputa «viene siendo la sede del PSOE de Don Benito desde los inicios de la democracia, espacio del que se ha hecho un uso pacífico y responsable», al tiempo que constató que es «triste» comprobar que el PP muestra «una falta absoluta de respeto y olvida intencionadamente la historia de nuestro pueblo».

«El inmueble, sede del PSOE, fue adquirido por el movimiento obrero dombenitense previo a la Guerra Civil, movimiento obrero del que nos sentimos legítimamente coherederos junto a las organizaciones sindicales. Posteriormente, fue incautado por el régimen franquista, arrebatado de manera injusta en un momento en el que la democracia fue silenciada por las armas», advirtió Núñez.

La número dos del PSOE en dicha localidad incidió en que la sede socialista es «un símbolo de la historia política de Don Benito, especialmente de la etapa democrática que mayor progreso ha dado a nuestra ciudad y a España», así como «testigo» de la memoria «colectiva» de los vecinos de esta ciudad. «La prudencia que mostró el PP cuando, bajo las manos de otros dirigentes, gobernó Don Benito, hoy se ve empañada por intervenciones desafortunadas e irrespetuosas. No se trata solo de un inmueble, se trata de memoria, de respeto y de dignidad. ¡Porque la historia y la memoria nunca se negocian!», concluyó la dirigente local del PSOE.

La polémica sobre la sede del PSOE en Don Benito saltó en noviembre. Una reclamación de pago emitida a través del Organismo Autónomo de Recaudación OAR de la Diputación de Badajoz, en la que se solicitaba el abono del impuesto de bienes inmuebles (IBI), puso sobre aviso a los funcionarios de la Junta de Extremadura, que desconocían esta circunstancia. Las fuentes consultadas indicaron a THE OBJECTIVE que en aquel momento existía una deuda acumulada desde 2016 que superaba los 13.000 euros.

Tras esa notificación, se confirmó que el edificio en cuestión es el mismo que el PSOE de Don Benito emplea como sede desde hace varias décadas y cuya propiedad corresponde a la Junta de Extremadura. Se trata de un inmueble de 492 metros cuadrados, construido en 1970, que cuenta con tres plantas de altura. Se desconoce cómo y en qué momento un inmueble propiedad de la administración autonómica pasó a convertirse en sede de la formación socialista.

El actual delegado del Gobierno en Extremadura y presidente de la gestora del PSOE en dicha región, José Luis Quintana, se autoconcedió una licencia de obras para reformar la sede socialista en 2021 cuando él era alcalde en dicha localidad. El montante fue de aproximadamente 44.000 euros. Dos años antes, en 2019, el regidor hizo una consulta técnica interesándose por la compra de la sede emplazada en el centro de la ciudad. Unas instalaciones que habían pasado por las manos de la Cooperativa Obrera Unión Progreso de Don Benito, la organización a la que se refirió Marta Núñez en su vídeo. Tras la contienda, fue sede municipal de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Don Benito, y la delegación local del Movimiento Nacional franquista.

El problema, según advierten fuentes socialistas, es que esa organización de izquierdas no era equivalente al PSOE de la época ni formaba parte de UGT. Por ello, no se restituyó a esta formación ni al sindicato como otros inmuebles cuando el Gobierno de José María Aznar procedió a ello con su ley 43/1998 para la restitución de bienes incautados a partidos políticos tras la Guerra Civil.

La reforma de la sede del PSOE de Don Benito siempre estuvo envuelta en un halo de misterio. No se supo cuánto dinero se gastó en ella ni tampoco su verdadera titularidad. De hecho, en algún encuentro con afiliados, Quintana dijo lo siguiente: «Mejor no preguntéis». Es evidente que el entonces edil y secretario general del PSOE en la localidad sí lo sabía, pues se había interesado en la compra del inmueble, subrayan las citadas fuentes.

Al menos desde el 1 de junio de 2005, el OAR, dependiente de la Diputación de Badajoz, se convirtió en el ente administrador de la recaudación del IBI. Una figura fiscal por la que el PSOE de Don Benito no ha mostrado el más mínimo interés en los últimos años, según atestiguan testigos consultados por este periódico. La concatenación de olvidos del hoy delegado del Gobierno de Pedro Sánchez no es baladí. La razón es que el organismo fiscalizador dependía en esas fechas de Miguel Ángel Gallardo, exlíder de los socialistas hasta hace unas semanas y procesado en el caso David Sánchez.

Cedido al Ayuntamiento por tres años

El concejal popular de Relaciones Institucionales, Ángel Valdés, ha informado este miércoles de la solicitud formal remitida a la Junta de Extremadura para la cesión del inmueble ubicado en el número 8 de la calle Cecilio Gallego. El edificio de tres plantas, cuya titularidad autonómica fue confirmada por THE OBJECTIVE a principios de febrero, fue transferido a la Junta extremeña mediante el real decreto 2464/1982 en materia de cultura y, posteriormente, cedido al Ayuntamiento dombenitense en 1984 a través de un convenio de colaboración para destinarlo a centro social. 

No obstante, el actual equipo de Gobierno, que dirige Elisabeth Medina (PP), no ha encontrado en los archivos municipales copia de dicho convenio ni documentación que acredite la cesión o adscripción del inmueble en beneficio del PSOE. Asimismo, el edificio no figura en el inventario de bienes inmuebles del consistorio ni está siendo utilizado para fines públicos en la actualidad.