El Defensor del Pueblo insiste al Govern en que aclare cómo garantiza el castellano en las aulas
Lleva desde junio de 2025 sin aportar la información que le requiere la institución que dirige Ángel Gabilondo
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa. | EP
El Gobierno de la Generalitat lleva más de medio año, desde junio de 2025, sin aportar la información que le requiere el Defensor del Pueblo para conocer los criterios que aplica para garantizar el aprendizaje del castellano en las aulas de Cataluña. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la institución que dirige Ángel Gabilondo notificó en un escrito del 6 de febrero «su inexcusable deber de colaboración» después de la queja que formalizó Societat Civil Catalana para que no se vieran vulnerados los derechos de los «alumnos hispanohablantes» tras el decreto que el Ejecutivo autonómico aprobó en 2024 y que definía el catalán como «lengua vehicular» en los colegios de la región.
El Govern de Salvador Illa ha asumido las tesis nacionalistas respecto al modelo de inmersión lingüística en los colegios públicos de Cataluña. Con la llegada del PSC al frente de la Generalitat no ha habido una rectificación de este modelo iniciado con Jordi Pujol y la sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que se aplique el 25% de horas lectivas en castellano solo se cumple en la treintena de centros en los que hubo una ejecución de sentencia. En el resto de centros quedó en suspenso después de que el anterior Govern de Pere Aragonès promulgara un nuevo decreto sobre el catalán que está revisando el Tribunal Constitucional. Y en 2024, el Ejecutivo de Illa aprobó el Decreto 91/2024 de 14 de mayo, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña, y del que el TSJC anuló aquellos artículos que contravenían la Constitución.
Ante este escenario, las entidades de padres a favor del bilingüismo en las escuelas catalanas están librando la batalla a solas. El Govern de Salvador Illa, debido a sus servidumbres parlamentarias, no quiere entrar en este asunto, incluso obstaculiza las investigaciones al respecto. El Defensor del Pueblo notificó en un escrito del 6 de febrero que «ante la falta de respuesta, el Defensor del Pueblo se ve obligado a recordar por segunda vez a la Administración su inexcusable deber de colaboración, expresamente regulado en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril».
Queja de Societat Civil Catalana
Societat Civil Catalana presentó un escrito de queja en 2024 instando al Defensor del Pueblo a investigar «la discriminación de los alumnos hispanohablantes». En su última notificación de respuesta, la institución que dirige Ángel Gabilondo «lamenta este involuntario retraso en el esclarecimiento de la circunstancia que planteó en su queja».
El Defensor del Pueblo atendió el escrito de Societat Civil Catalana contra el Decreto 91/2024 de 14 de mayo, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña, ante el riesgo de que —pese a la entonces suspensión cautelar de la norma decretada por el TSJC tras el recurso de AEB— la Generalitat estuviera aplicando de facto criterios de discriminación del castellano.
La institución añade que le ha parecido «procedente» iniciar una actuación «de carácter informativo ante la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Cataluña». Y pese a que el tema está ya judicializado, dado que en septiembre de 2025 el TSJC estimó parcialmente el recurso y declaró nulos varios artículos del decreto, el Defensor del Pueblo ha mantenido su exigencia a la Generalitat a efectos de tener información. Cabe recordar que el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo en Cataluña) no quiso abordar la cuestión.
Las fuentes consultadas por este periódico explican que, «en teoría, la Generalitat está aplicando el decreto tal y como ha quedado tras la revisión del TSJC». Sin embargo, como Societat Civil Catalana había recurrido al Defensor con anterioridad al dictamen del TSJC, el procedimiento sigue adelante. «El Defensor pide algo tan sencillo como información sobre los criterios que está dirigiendo la Generalitat en los centros educativos para garantizar el aprendizaje en castellano», concluye la entidad constitucionalista.