Exteriores delega en Argelia la legalización de documentos por el colapso del consulado
Las legaciones de Orán y Argel, saturadas por la regularización de Sánchez, piden ayuda al país africano

José Manuel Albares (d), y el ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf (i), en una reunión el año pasado en Johannesburgo. | EP
El Consulado General de España en Argelia ha colapsado. Como ha contado THE OBJECTIVE, el pasado miércoles la legación diplomática en Orán sufrió un intento de asalto por parte de 300 argelinos buscando la validación de documentos tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar al menos a 500.000 inmigrantes. La situación es similar en Argel, en donde el consulado ha delegado en el Ministerio de Exteriores de Argelia la expedición de certificados.
«Debido al aumento exponencial de solicitudes de citas para legalización en este Consulado General registrado en los últimos días, y teniendo en cuenta la imposibilidad material de dar respuesta a este aumento de demanda, con carácter excepcional y temporal, a partir del próximo domingo 15 de febrero de 2026 se suspende la necesidad de legalizar en el Consulado la documentación de los expedientes de solicitudes de visado, tanto Schengen como nacionales», reza la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que dice lo siguiente, en su literalidad: «Bastará en todos los casos en que sea necesario legalizar un documento con la legalización del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia».
Esta medida afecta a las gestiones relativas a las legalizaciones de documentos requeridas en los expedientes de solicitudes de visados Schengen (estancias cortas) y nacionales (largas estancias, por trabajo, estudios, residencia, reagrupación familiar, etc.), que ya no serán supervisadas por el Ministerio de Exteriores de España, sino por el de Argelia, lo que supone una admisión implícita de que el sistema consular español está desbordado y no puede garantizar la revisión adecuada.
Los expertos en extranjería e inmigración consultados por THE OBJECTIVE alertan de que de esta forma se podría producir una pérdida del control español sobre la autenticidad de los documentos, aumentando el riesgo de fraude, ya que se confía en autoridades extranjeras en un momento de alta demanda migratoria.
El consulado ha tomado esta medida tras auténticas avalanchas humanas, con colas ingentes, gente durmiendo en la calle y episodios de violencia. Tal y como apuntaba un testigo de Orán, «la gente duerme en la calle para estar los primeros el día siguiente. Vienen pidiendo la renovación de residencias, certificados de penales y actas de nacimiento y de matrimonio, sobre todo. La avalancha de este miércoles fue brutal».
Colapso total
El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de la regularización extraordinaria que permitirá a más de medio millón de inmigrantes legalizar su situación en España ha provocado un colapso de los servicios administrativos, tanto de las oficinas de extranjería como de consulados y padrones municipales. Los beneficiarios buscan ir recopilando toda la documentación, como certificado de empadronamiento y certificado de ausencia de delitos penales, antes del mes de abril, cuando entra en vigor la medida.
No solo los consulados: las comisarías también se encuentran desbordadas por este anuncio. La Policía Nacional ha alertado de un aumento del 60% en las denuncias relacionadas con la supuesta pérdida del pasaporte por parte de extranjeros que quieren acogerse a la regularización, un «fraude» que busca en muchos casos borrar los antecedentes penales. Las nacionalidades con una «mayor incidencia» en este tipo de denuncias son la pakistaní (con un aumento del 866,67%), la argelina (con un 356,25%), marroquí (+114%) y colombiana (+39%).
Los argelinos son, llamativamente, de entre los más interesados, desbordando los consulados en su país de origen y en este. En las últimas horas se ha detenido a cuatro argelinos con antecedentes en su país por intentar regularizarse con documentación falsa. Se están dando, en definitiva, las tres consecuencias de las que alertaron los sindicatos policiales: un efecto llamada, la generalización del «fraude del pasaporte» y un colapso de las comisarías y consulados. Todo esto supone un «balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y trata de seres humanos».
