Educación, un campo de minas en el Gobierno de Ayuso que ha terminado por estallar

La catarata de dimisiones en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y en el Grupo Popular en la Asamblea no ha sorprendido a todos aquellos que conocían el campo de minas en que se había convertido el área educativa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Tanto parte del equipo de gestión como la autoría intelectual de algunos de los proyectos estaban en manos de Antonio Castillo Algarra, un asesor externo del Ejecutivo, el «susurrador», como era conocido, según aseguran a THE OBJECTIVE fuentes del Gobierno madrileño.

Una situación que estalló este lunes con la dimisión del consejero Emilio Viciana, y a la que este martes se han sumado dos directores generales, se trata, en concreto, del director general de Universidades, Nicolás Javier Casas; y de la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera. Pero la crisis no se ha quedado ahí, sino que se ha extendido a la Asamblea de Madrid, donde también han anunciado que dejan sus actas el portavoz de Educación, Pablo Posse, y los parlamentarios Mónica Lavín, de Política Social, y Carlota Pasarón, de Juventud.

Todos ellos, «sin ninguna experiencia política», según las fuentes consultadas, pero del círculo cercano a Antonio Castillo. Este asesor externo tuvo una academia para preparar opositores y un grupo de teatro, y se acercó a la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta el punto de tener «mano izquierda» en la elección de directivos y parlamentarios, algunos de los cuales llegaron a participar en las reuniones de la consejería donde se debatían asuntos de calado.

En el área de Educación se sabía que Castillo había sido el artífice de la polémica Ley de Universidades, por encima del propio consejero y de su equipo, que podría haber sido el detonante de que esta crisis estallara. Estas fuentes apuntan que debe de haber sido el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el que haya tomado la decisión de poner fin a esta situación y tomar el control. «Miguel Ángel ha dado un zapatazo y ha dicho que hasta aquí», señalan fuentes conocedoras del malestar existente.

En los pasillos de la Consejería de Educación nunca se entendió que un joven Nicolás Javier Casas, con un escaso currículum más allá de tener conocimientos de música, fuera nombrado para una responsabilidad tan grande, «a bregar con los rectores, eso no lo entendió nadie, pero se sentía protegido por Castillo». Similar situación fue la de María Luz Rodríguez, con una trayectoria de profesora en un colegio concertado, «y de repente aterriza para esta responsabilidad». Dos personas «agradables, valiosas y listas, pero sin conocimiento para esta materia», apuntan. De todos ellos se asegura que eran un «equipo en la sombra» capitaneado por Castillo.