El Gobierno aprueba una ley anticorrupción con las medidas anunciadas tras el 'caso Cerdán'
La norma incluye nuevas exigencias y sanciones a empresas, administraciones y partidos en la contratación pública
(i-d) María Jesús Montero, Elma Saiz y Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Javier Lizón (EFE)
El anteproyecto de ley orgánica de integridad pública aprobado este martes por el Gobierno modificará 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas, para luchar contra la corrupción en la contratación pública, con nuevas exigencias y sanciones a empresas, administraciones y partidos políticos.
La iniciativa se enmarca en el plan estatal de lucha contra la corrupción anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en julio del año pasado, cuando compareció en el pleno del Congreso para abordar el caso Koldo tras la entrada en prisión provisional de quien fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se trata de una ley «muy ambiciosa» con 84 puntos que contempla, por ejemplo, hacer público y accesible el registro de empresas con prohibición de contratar con la administración e incrementar de 15 a 20 años el plazo en el que las empresas condenadas por corrupción puedan contratar con la administración o percibir subvenciones o beneficios fiscales.
Las donaciones a los partidos políticos deberán ser notificadas a partir de 2.500 euros, en vez de los actuales 25.000, y de forma mensual; y los partidos tendrán que someter sus cuentas a auditorías externas, endureciendo el régimen sancionador si no lo cumplen.
Se amplía la prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años y, para recuperar el dinero malversado, se refuerza la oficina de recuperación y gestión de activos y la capacidad del Estado de incautar bienes a corruptos desde el inicio de la investigación, con figuras como el «decomiso sin condena» o el de «riqueza no justificada».
Nueva agencia independiente de integridad pública
El anteproyecto recoge una de las exigencias de Sumar: la creación de una agencia independiente de integridad pública, una autoridad que, según ha explicado Montero, aglutinará funciones hoy dispersas y será la responsable de coordinar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude.
La vicepresidenta ha confiado en que los grupos parlamentarios apoyarán la creación de ese organismo, que mantendrá el anonimato de las personas que denuncien y podrá practicar pruebas dentro de la administración antes de que el caso llegue a los juzgados, que seguirán siendo los encargados de perseguir y castigar cualquier ilícito penal.
A pesar del estado avanzado de la legislatura y de las dificultades del Gobierno para encontrar apoyos parlamentarios, Montero ha considerado que hay margen para que la ley se apruebe. El objetivo es aprobar el proyecto para remitirlo al Congreso antes del verano, de modo que pueda comenzar la tramitación parlamentaria en septiembre y llegar al BOE antes de que acabe la legislatura, a mediados de 2027, ha recalcado, recordando que Sánchez mantiene su intención de acabar la legislatura.