El PP señala al embajador de Sánchez en India por un presunto desvío de fondos públicos

El Partido Popular ha presentado una batería de preguntas parlamentarias que ponen el foco en el trabajo del embajador español en India, Juan Antonio March, por un presunto desvío de fondos después de que la sección sindical de UGT en el país asiático pidiese al Ministerio de Asuntos Exteriores una inspección de servicio ante las sospechas de un uso indebido de dinero público.

La iniciativa parlamentaria del principal partido de la oposición coincide con el inicio este martes de una visita oficial de tres días a India del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reunirse con el primer ministro del gigante asiático, Narendra Modi, y participar en la IV cumbre global de inteligencia artificial (IA) en Nueva Delhi. A diferencia de su último viaje de octubre de 2024, el jefe del Ejecutivo no ha incluido a su esposa, Begoña Gómez, en la delegación oficial.

Las embajadas y consulados se encargan de las actividades de acción cultural exterior conforme a unos procedimientos de planificación, autorización y supervisión que Exteriores establece a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). La función de control la realiza, precisamente, un organismo de la Aecid: el Sistema de Información de la Cooperación Cultural Exterior (Sicce).

La embajada en Nueva Delhi ha planteado una serie de actuaciones en el marco del año dual España-India en este 2026. Entre ellas, un evento que tuvo lugar en Bangalore el pasado 15 de diciembre y la próxima celebración de tres conciertos en la región de Rajastán a finales de febrero. Para dichos eventos, se cuenta con la participación de la compañía de danza india STEM Dance Kampani junto con el tenor español Joan Laínez y la mezzosoprano china Huiling Zhu, que cuenta también con nacionalidad alemana. Ambos han participado en el pasado en otras actividades remuneradas por la Fundación Onuart, que el propio March presidió durante años.

El PP asegura que esta iniciativa cultural habría obtenido, para su realización, «el respaldo financiero por parte de autoridades regionales, así como de empresas nacionales con presencia en el país» asiático. De ser así, este tipo de procedimientos «requeriría de unos procesos administrativos específicos, como son la autorización del Sicce, así como su publicidad en el BOE», subrayan los diputados populares que firman la batería de preguntas. En este sentido, plantean si Exteriores ha autorizado estas actividades dentro del año dual España-India y si tiene conocimiento de que la embajada vaya a organizar estos conciertos con la mencionada compañía de danza india.

El principal partido de la oposición pone en duda el trabajo de March al inquirir al departamento que dirige José Manuel Albares si ha recabado «alguna información específica o dictado algún tipo de instrucción sobre esta actividad concreta» en la capital india y si cuenta «con todos los trámites preceptivos que se requieren» por parte del ministerio. Además, pregunta a Exteriores si el embajador solicitó autorización al Sicce para estos actos y si obtuvo la «correspondiente autorización».

Además, exige conocer el presupuesto de la embajada española en Nueva Delhi para actividades culturales en 2025 y 2026, y si se ha contratado a STEM Dance Kampani el año pasado y se prevé hacerlo en este año dual más allá de las actividades en Rajastán en febrero. Por último, el PP pone el foco en la mezzosoprano Huiling Zhu al reclamar las actividades organizadas por March en las que ha participado y «cuál es el monto total percibido por esta artista y financiado por la Embajada de España en Nueva Delhi como contraprestación por sus actuaciones artísticas».

March fue elegido a principios de 2024 para dirigir la legación diplomática en India en sustitución de José María Ridao, quien pidió el relevo a Albares unas semanas antes. La elección del primero causó sorpresa entre sus compañeros porque llevaba 12 años en excedencia fuera de Exteriores. Concretamente, presidiendo la Fundación Onuart, cuya sede está en Barcelona.

La polémica cúpula de Barceló

El embajador fue el representante permanente ante la Oficina de Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra entre 2004 y 2007. En plena pandemia de coronavirus publicó Momentum (Espurna, 2020), un ensayo en el que proponía una nueva arquitectura política mundial. Hace dos décadas y gracias a su gran amistad con el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, logró convencer al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para que España asumiera gran parte del coste de la modernización de la Sala de Conferencias de la sede ginebrina de la ONU, que incluía una espectacular cúpula creada por Miquel Barceló.

El embajador ofreció a la ONU, con el respaldo de Madrid, que España se hiciera cargo de la renovación de la citada sala, hoy dedicada a los Derechos Humanos. El Estado correría con el 30% del coste de la obra y el resto serían contribuciones privadas. Tras la aceptación de la oferta, el Gobierno español presupuestó en 16,6 millones de euros el coste del encargo al pintor español, pero la cifra se disparó por encima de los 20 millones. La construcción de la cúpula estuvo rodeada de polémica, entre otras razones porque a la misma fueron destinados 500.000 euros con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), algo que el Gobierno de Zapatero intentó justificar señalando que la obra tenía como objetivo la promoción de los derechos humanos y el multilateralismo.

En el año 2017, el presidente del Tribunal de Cuentas en ese momento, Ramón Álvarez de Miranda, denunció en el Congreso de los Diputados irregularidades en la contribución del Estado a la cúpula, en los ejercicios de 2007 a 2011, indicando que «la aportación prevista, de cinco millones de euros en 2008 se elevó finalmente a 11,5 millones debido al incremento del coste y al incumplimiento de las previsiones de financiación por parte de las entidades privadas» y que el Estado tuvo que asumir un porcentaje mucho mayor del coste, ante la falta de aportaciones privadas.

La cúpula de Barceló fue inaugurada el 18 de noviembre de 2008, con casi un año de retraso sobre la fecha prevista, en presencia de los reyes Juan Carlos y Sofía; el citado Zapatero; el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon; y el entonces primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, con quien el jefe del Ejecutivo español promocionaba la Alianza de Civilizaciones. En el acto estuvo presente March, como vicepresidente de la Fundación Onuart, cargo que compatibilizaba con ser embajador de España en Rusia, un puesto para el que fue nombrado en diciembre de 2007. 

Con la llegada del PP de Mariano Rajoy a Moncloa, March dejó de ser embajador en Moscú en 2011 y desde entonces se dedicó a este organismo, en el que ostentó la presidencia durante más de una década. En su página web, prácticamente los únicas actividades de las que se da cuenta son la celebración de conciertos, entre ellos, cada año, un «Concierto por los Derechos Humanos», que tienen lugar en la sala decorada por Barceló.

Esta obra del artista mallorquín Miquel Barceló en el Palacio de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) sigue siendo un quebradero de cabeza económico para España. El Gobierno aprobó un real decreto a finales de 2024 para entregar una subvención directa de 1,5 millones de euros a la mencionada Fundación Onuart con la que renovar la sala en la que se celebran los plenos sobre Derechos Humanos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores colgó en su página web el proyecto gubernamental porque así le obliga la ley de Transparencia y Buen Gobierno ante un desembolso económico de esa cuantía. Pero lo hizo sin ninguna publicidad previa y en pleno mes de agosto, con un período de audiencia en verano de poco más de dos semanas —del 19 de agosto al 6 de septiembre de 2024— para presentar alegaciones, según desveló El Confidencial Digital. Un claro intento de que este trámite administrativo pasase lo más desapercibido posible.

Tanto el proyecto como la memoria omitían en qué se iba a gastar esta subvención directa de España a Naciones Unidas, por lo que varios diplomáticos consultados por THE OBJECTIVE expresaron su temor a posibles desviaciones presupuestarias como ocurrió en el pasado. Otras personas que estuvieron involucradas en el proyecto original defienden que tanto este gobierno como futuros se deben implicar en la conservación y mejoras de este emblemático lugar, conocido como «la sala española» entre los funcionarios de la ONU que trabajan en Ginebra, pues consideran que esta obra de Barceló es «patrimonio cultural de España».