El embajador español en India pidió al Instituto Cervantes que canalizara fondos opacos

La directora del Instituto Cervantes (IC) en Nueva Delhi, María Gil, se negó a mediados de enero a canalizar transferencias de empresas patrocinadoras para un acto cultural organizado por la embajada española en la India que no contaba con la supervisión ni el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores. El jefe de la legación, el diplomático Juan Antonio March, le pidió a Gil que «consultase con su sede si esta opción era viable, ya que ‘a través de la embajada no se podía hacer’», según se indica en un extenso informe redactado por la sección cultural sobre este episodio. Sin embargo, pocos días después rechazó dar ese paso tras una consulta a su sede central en Madrid, pese a la «gran preocupación» que le generó este asunto ante «la posibilidad de conflicto con el embajador en caso de negarse».

El consejero cultural de la embajada subraya en dicho informe que la petición de March para la recepción de fondos de varias empresas sin conocimiento de Exteriores era «completamente irregular» y que así se lo transmitió a Gil. El embajador había planteado a la directora del Cervantes de Nueva Delhi dicha posibilidad el 10 de enero, ante su deseo de organizar tres conciertos en el estado de Rajastán a finales de febrero. Eso sí, lo hizo «en privado», sin dejar rastro por escrito. El mensaje que le trasladó fue que el Cervantes de la capital india se convirtiera en una especie de empresa pantalla para canalizar fondos opacos. En concreto, «la posibilidad de que el IC recibiese las transferencias de las empresas patrocinadoras para, a continuación, transferir de nuevo el dinero desde la cuenta del IC a la empresa CTIM de la Sra. (Madhu) Nataraj», la coreógrafa local que dirige esta compañía musical.

«El embajador le pidió a la Sra. Gil que consultase con su sede si esta opción era viable, ya que ‘a través de la embajada no se podía hacer’. El 19 de enero, la directora del IC llamó al encargado de Asuntos Culturales para informarle de esto, transmitiendo su gran preocupación por el tema y la posibilidad de conflicto con el embajador en caso de negarse», se resume en el informe redactado por el diplomático. Un texto de 16 páginas que circula por los despachos del gabinete de Albares y de la cúpula de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid) desde hace algunos días.

La respuesta del consejero cultural de la embajada fue muy clara: «En primer lugar, que no se preocupase lo más mínimo, ya que lo que el embajador le había planteado [a la directora del IC] era completamente irregular y que tan solo debía comunicarlo a su sede, desde donde le dirían que no es posible actuar de intermediario para transacciones financieras entre empresas privadas locales ajenas a la administración española». Gil procedió tal y como le recomendó el diplomático, «recabando la negativa de la sede del Cervantes en Madrid e informando a continuación al embajador». Esto último no fue un problema para March, pues a finales de enero dio la instrucción de «facilitar el contacto directo entre empresas y artistas para los pagos» sin que Exteriores supiese nada de ello.

Ante este panorama, la directora del Cervantes se desmarcó el 27 de enero de los conciertos de Rajastán tras recabar la oposición de sus superiores en Madrid. El consejero cultural también decidió apartarse al recibir un día después varios correos electrónicos de empresarios indios que querían hacer transferencias a la empresa CTIM para un acto cultural de la embajada que, sin embargo, no tenía el aval previo de Exteriores. Una vez tomada esa decisión, se puso a «recopilar toda la información disponible» para informar «a la sede en Madrid siguiendo instrucciones recibidas de Aecid».

En el informe se adjuntan, por ejemplo, capturas de pantalla de la conversación con Gil, así como con Alejandro Palma, responsable de Asuntos Administrativos dentro del Cervantes, a quien el diplomático le advirtió dos semanas antes «del peligro que entrañaba esta propuesta» del embajador March y, sobre todo, «del uso indebido del IC como empresa canalizadora de fondos que se pretendía hacer».

El autor del informe subraya que desde el momento que conoció la actividad cultural de Rajastán, tuvo «profundas dudas sobre aspectos tanto de forma como de fondo», al tratarse de una iniciativa que estaba comenzando «a tomar forma sin conocimiento de la sede central de Exteriores», un hecho confirmado por la Aecid el 27 de enero, «ni la obligatoria autorización en el Sistema de Información de la Cooperación Cultural Exterior (Sicce)». Este organismo está adscrito a la Aecid y se encarga de la función de control de las actividades culturales que embajadas y consulados despliegan en el exterior.

El consejero cultural hace hincapié en que su posición «se vio comprometida» con la llegada a su correo de trabajo de las peticiones de empresas para realizar transferencias dinerarias sin conocimiento de Exteriores, «al verse designado como coordinador de una actividad para la que no se contaba ni con autorización Sicce ni con siquiera conocimiento informal por parte de la sede central» de la Aecid.

Ante el dilema de poder estar incurriendo en una ilegalidad, el diplomático llegó a preguntar a Madrid si el embajador «quizás había contactado directamente a la dirección de Aecid» sin pasar por él para informar de esta actividad y, por tanto, «dotarla de respaldo desde la capital». Sin embargo, la sede central de la agencia de cooperación le confirmó «que esto no era así» y reenvió toda la información del caso al director de Relaciones Culturales y Científicas, Santiago Herrero.

Fue la propia Aecid la que pidió al consejero cultural que le facilitase «toda la información disponible sobre la actividad cultural propuesta por el embajador para febrero de 2026». Una labor de recopilación que terminó el 28 de enero y que quedó plasmada en un informe que incluye 25 anexos y contiene un último párrafo que compromete a March: «Hasta recibir instrucciones precisas de la sede de Aecid con respecto a cómo abordar la actividad cultural propuesta por el embajador para febrero de 2026, este encargado no realizará más gestiones relacionadas con aquella, de lo cual se informará al embajador».