Bruselas dice que España no comunicó la baliza V16 y advierte de las consecuencias jurídicas

El Partido Popular Europeo (PPE) ha asegurado este viernes que la Comisión Europea ha confirmado que el Gobierno de España no notificó a Bruselas la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16 conectada y ha advertido de consecuencias jurídicas «relevantes» e incluso sobre la posibilidad de llegar a cuestionar la aplicación de la obligación en vigor.

Así se desprende de la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la vicepresidenta del grupo del PPE, Dolors Montserrat, según ha indicado esta formación en una nota de prensa. En la respuesta, el vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourné, en nombre de la Comisión Europea, afirma que los reales decretos españoles «no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535», al tiempo que reconoce que corresponde a los Estados miembro evaluar si sus proyectos de medidas están sujetos a la obligación de notificación, según recoge Servimedia.

En este sentido, la norma europea obliga a los Estados miembro a notificar a la Comisión Europea cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción, con el fin de prevenir obstáculos al mercado interior y garantizar su compatibilidad con el Derecho de la Unión, según señala el PPE.

Infracción

«Si los Estados miembro no cumplen su obligación de comunicar los proyectos de reglamentos técnicos con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/1535, la Comisión puede adoptar medidas de ejecución con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea», advierte la respuesta parlamentaria.

Ello significa que podría dar lugar a un procedimiento formal de infracción contra España, dice el PPE. Además, la Comisión recuerda las implicaciones jurídicas de esta situación, señalando que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados a la Comisión de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535».

Bruselas recuerda que el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel de la UE y, en su lugar, se aplican las normas nacionales de tráfico de los estados miembro. «No obstante», recalca, «la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior» que las autoridades españolas «tendrían que justificar».

Alterar el mercado interior

En relación con el impacto sobre el mercado interior, la Comisión Europea, según explica el PPE, subraya igualmente que «la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior» que las autoridades españolas tendrían que justificar conforme al Derecho de la Unión.

Tras conocer la respuesta, Montserrat ha desrtacado la importancia de esta respuesta: «El propio Ejecutivo europeo recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados, lo que confirma la enorme inseguridad jurídica que esta decisión ha generado para millones de conductores y para el conjunto del sector».

La eurodiputada ha añadido que «cuando un Gobierno impone un dispositivo obligatorio con requisitos técnicos específicos y no cumple los procedimientos europeos, pone en riesgo la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones». Ha reclamado al Ejecutivo que «aclare de forma inmediata esta situación, garantice el pleno respeto al Derecho de la Unión Europea y actúe con transparencia y responsabilidad».

Asimismo, ha destacado que «la Comisión Europea también advierte de que este tipo de requisitos técnicos nacionales puede constituir una restricción al mercado interior», uno de los principios fundamentales de la Unión Europea y ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez se empeñe en «ir por libre» en vez de consensuar con el resto de la UE sus decisiones.