República Dominicana asegura que Begoña Gómez no tiene su nacionalidad
Es la primera vez que el Gobierno de la nación caribeña responde a esta cuestión, recurrente en los últimos meses
Begoña Gómez.
Begoña Gómez no tiene la nacionalidad dominicana. Tras meses de especulaciones, solicitudes de investigación al juez que instruye su caso y silencio por parte de la República Dominicana, su Gobierno lo confirma: la esposa del presidente del Gobierno de España no goza de la ciudadanía de dicho país. Así se indica en una resolución de Transparencia a partir de una solicitud de THE OBJECTIVE.
Este periódico preguntó al Ministerio de Interior y Policía de República Dominicana, la autoridad responsable de este tipo de trámites de su Gobierno, si la mujer de Pedro Sánchez había obtenido la nacionalidad dominicana. La petición se fundamentó en la relevancia del asunto, al tratarse de un personaje público con interés para los ciudadanos. Asimismo, se pidió información sobre el destino de las ayudas de cooperación para el desarrollo que España, a través principalmente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), envía a dicho país.
En respuesta, desde el Gobierno de la nación caribeña indican que «no existe registro alguno relativo a procesos de adquisición de la nacionalidad dominicana a favor de María Begoña Gómez Fernández», confirmando que «no se encuentra beneficiaria de la nacionalidad privilegiada otorgada por la Presidencia de la República». En cuanto a la segunda cuestión, sugieren dirigir la solicitud al Ministerio de Hacienda y Economía.
Hace apenas dos meses, según un documento al que tuvo acceso este medio, el director jurídico de la Dirección General de Migración de República Dominicana rechazó una solicitud de información sobre la adquisición de la nacionalidad por parte de Begoña Gómez, así como la fecha y el marco normativo específico que amparó esa concesión. El funcionario remitió al Ministerio del Interior y Policía, el competente en esta materia. No obstante, destacó la imposibilidad de ofrecer información alguna al respecto en virtud de una serie de disposiciones legales. En su opinión, la reclamación no demostraba «la existencia de un verdadero y justificado interés público […] que admita la divulgación de carácter personal y privado».
Los rumores que sostienen que Begoña Gómez estaría tramitando o habría obtenido la ciudadanía, mediante la denominada «naturalización privilegiada por gracia presidencial», circulaban desde hace meses. El empresario Víctor de Aldama afirmó en Telemadrid el pasado mes de octubre que, según su información, la mujer de Pedro Sánchez la había obtenido. En ese contexto, la asociación Manos Limpias solicitó al juez Peinado el pasado noviembre que investigara esta cuestión. La obtención de la nacionalidad dominicana por parte de figuras políticas españolas no es inédita, como muestran los precedentes de Felipe González y José Bono.
República Dominicana
En los últimos años, República Dominicana ha estado en el foco mediático y político en España por su relación con vuelos oficiales y sociedades vinculadas a investigaciones judiciales. Este país caribeño fue el destino prioritario para blanquear el dinero procedente de las comisiones por contratos sanitarios durante la pandemia en el llamado caso Koldo, centrado en el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.
En el caso de Begoña Gómez, sus presuntos vínculos con dicho país van más allá de la nacionalidad. La Fiscalía Anticorrupción recibió en los últimos meses varias denuncias, todas archivadas, que alertaban de que la esposa del presidente del Gobierno dispondría de tres cuentas en la nación dominicana. Incluso uno de los denunciantes especificó que el dinero se había trasladado a Islas Caimán. El Senado también recibió una denuncia similar hace un año que incluía cuentas de ministros de Sánchez e importantes cargos del PSOE. La remitió al Tribunal Supremo, que decidió no abrir diligencias. En los últimos años, este país ha aparecido vinculado a múltiples desplazamientos de cargos españoles. De hecho, 31 vuelos de los 60 efectuados a este territorio desde marzo de 2021 por aeronaves Falcon del Estado carecen de información pública sobre su objetivo institucional o militar.