El embajador en India toma represalias contra el diplomático que alertó del desvío de fondos

Situación insostenible en la embajada española en India después de que el jefe de la legación, Juan Antonio March, haya tomado represalias contra el consejero cultural que alertó del presunto desvío de fondos para su beneficio personal en un informe de 16 páginas remitido a la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid) y al que tuvo acceso THE OBJECTIVE.

Dos fuentes diplomáticas han señalado a este diario que el consejero cultural en Nueva Delhi se encuentra de baja médica desde hace unos días con un cuadro de ansiedad grave, a raíz del presunto acoso laboral que ha sufrido por parte de March desde la semana pasada, cuando se conocieron las primeras informaciones de que el PP había presentado una batería de preguntas parlamentarias que ponían el foco en el trabajo del embajador ante las sospechas de un uso indebido de dinero público.

En concreto, una de las fuentes relata que el embajador ha expulsado al diplomático de reuniones de trabajo y que está difundiendo «información falsa» sobre el consejero en «su campaña de acoso laboral». El funcionario afectado, por su parte, habría denunciado esta situación a través del canal del informante que Exteriores tiene para que sus empleados canalicen denuncias internas. Este diario preguntó a la Oficina de Información Diplomática (OID) si podía confirmar esto último y si el ministro, José Manuel Albares, ha tomado alguna decisión sobre los hechos que están ocurriendo en la embajada en Nueva Delhi después de que el propio ministerio indicase la pasada semana que se estaba «analizando y verificando la información por los servicios competentes». Un portavoz del jefe de la diplomacia señaló al respecto que «hay una inspección en marcha que sigue su curso».

En la legación española se consideran estos hechos como una «represalia» del embajador contra su subordinado por el contenido del informe que envió a la Aecid a finales de enero, en el que alertó a Madrid por los conciertos en la región india de Rajastán que March estaba planificando para finales de este mes de febrero a espaldas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Unos hechos que llevaron al consejero cultural, a la Aecid e, incluso, al Instituto Cervantes (IC) de la capital india a desmarcarse de dicha organización ante el riesgo de incurrir en irregularidades.

La directora del Cervantes en Nueva Delhi, María Gil, se negó a mediados de enero a canalizar transferencias de empresas patrocinadoras para dicho acto cultural al no contar con la supervisión ni el visto bueno de Exteriores. Previamente, March le había pedido que «consultase con su sede si esta opción era viable, ya que ‘a través de la embajada no se podía hacer’», según se indica en un extenso informe redactado por la sección cultural sobre este episodio. Pocos días después, Gil rechazó dar ese paso tras una consulta a su sede central en Madrid, pese a la «gran preocupación» que le generó este asunto ante «la posibilidad de conflicto con el embajador en caso de negarse».

El consejero cultural subrayó en dicho informe que la petición de March para la recepción de fondos de varias empresas sin conocimiento de Exteriores era «completamente irregular» y que así se lo transmitió a Gil. El embajador había planteado a la directora del Cervantes dicha posibilidad el 10 de enero. Eso sí, lo hizo «en privado», sin dejar rastro por escrito. El mensaje que le trasladó fue que este organismo cultural se convirtiera en una especie de empresa pantalla para canalizar fondos opacos. En concreto, «la posibilidad de que el IC recibiese las transferencias de las empresas patrocinadoras para, a continuación, transferir de nuevo el dinero desde la cuenta del IC a la empresa STEM de la Sra. (Madhu) Nataraj», la coreógrafa local que dirige esta compañía musical de danza contemporánea con sede en Bangalore.

Ante este panorama, la directora del Cervantes se desmarcó el 27 de enero de los conciertos de Rajastán tras recabar la oposición de sus superiores en Madrid. El consejero cultural también decidió apartarse al recibir un día después varios correos electrónicos de empresarios indios que querían hacer transferencias a la empresa STEM para dicho acto cultural de la embajada que, sin embargo, no tenía el aval previo de Exteriores. Una vez tomada esa decisión, el diplomático se puso a «recopilar toda la información disponible» para informar «a la sede en Madrid siguiendo instrucciones recibidas de Aecid». Es decir, que la elaboración del informe partió de una solicitud en este sentido de la Aecid.

En el informe se adjuntan, por ejemplo, capturas de pantalla de la conversación con Gil, así como con Alejandro Palma, responsable de Asuntos Administrativos dentro del Cervantes, a quien el diplomático le advirtió dos semanas antes «del peligro que entrañaba esta propuesta» del embajador March y, sobre todo, «del uso indebido del IC como empresa canalizadora de fondos que se pretendía hacer».

El autor del informe hizo hincapié en que desde el momento que conoció la actividad cultural de Rajastán, tuvo «profundas dudas sobre aspectos tanto de forma como de fondo», al tratarse de una iniciativa que estaba comenzando «a tomar forma sin conocimiento de la sede central de Exteriores», un hecho confirmado por la Aecid el 27 de enero, «ni la obligatoria autorización en el Sistema de Información de la Cooperación Cultural Exterior (Sicce)». Este organismo está adscrito a la Aecid y se encarga de la función de control de las actividades culturales que embajadas y consulados despliegan en el exterior.

El consejero cultural admitió que su posición «se vio comprometida» con la llegada a su correo de trabajo de las peticiones de empresas para realizar transferencias dinerarias sin conocimiento de Exteriores, «al verse designado como coordinador de una actividad para la que no se contaba ni con autorización Sicce ni con siquiera conocimiento informal por parte de la sede central» de la Aecid. Ante el dilema de poder estar incurriendo en una ilegalidad, el diplomático llegó a preguntar a Madrid si el embajador «quizás había contactado directamente a la dirección de Aecid» sin pasar por él para informar de esta actividad y, por tanto, «dotarla de respaldo desde la capital». Sin embargo, la sede central de la agencia de cooperación le confirmó «que esto no era así» y reenvió toda la información del caso al director de Relaciones Culturales y Científicas, Santiago Herrero.

Fue la propia Aecid la que pidió al consejero cultural que le facilitase «toda la información disponible sobre la actividad cultural propuesta por el embajador para febrero de 2026». Una labor de recopilación que terminó el 28 de enero y que quedó plasmada en el informe junto a 25 anexos y que contiene un último párrafo que compromete directamente a March: «Hasta recibir instrucciones precisas de la sede de Aecid con respecto a cómo abordar la actividad cultural propuesta por el embajador para febrero de 2026, este encargado no realizará más gestiones relacionadas con aquella, de lo cual se informará al embajador».

Las autoridades indias se resistieron a aceptar la llegada de March a la embajada española. El gabinete de Albares cursó su petición de plácet en enero de 2024, pero el Gobierno de Nueva Delhi tardó seis meses en conceder la luz verde. Una demora excesiva, a juicio de fuentes diplomáticas, con la que India expresó al Ejecutivo de Pedro Sánchez su malestar por la elección de este diplomático, quien había estado más de una década de excedencia fuera del Ministerio de Asuntos Exteriores tras una polémica salida de Rusia como embajador por orden de la socialista Trinidad Jiménez en julio de 2011. Con carácter previo, tuvo una controvertida gestión en la representación permanente de la ONU en Ginebra entre 2004 y 2007. Con él se dieron los primeros pasos para la construcción de la cúpula de Miquel Barceló que luego acumuló importantes sobrecostes.

Un concierto coincidía con su cumpleaños

Además, la polémica en Exteriores por los actos culturales que ha organizado March a espaldas del ministerio ha salpicado a su amiga china Huiling Zhu, una cantante de ópera con numerosas actuaciones en los últimos años para la Fundación Onuart, cuyo consejo consultivo preside José Luis Rodríguez Zapatero y que el embajador presidió desde 2019 hasta el momento en el que Exteriores pidió su plácet a las autoridades indias.

La mezzosoprano asiática cuenta con doble nacionalidad, china y alemana, y el año pasado recibió 18.000 euros de la legación española en Nueva Delhi por varios conciertos organizados en julio y octubre. Su caché subió este año, ya que March apalabró con ella tres actuaciones en territorio indio —del 22 al 27 de febrero— a cambio de 14.000 euros que iban a sufragar varias empresas y el Gobierno regional de Rajastán, sin que el departamento de José Manuel Albares supiese nada. Precisamente, el hecho de que el último de los conciertos estuviese fijado para este 27 de febrero, día que coincide con su 68º cumpleaños, ha llevado a varios de sus compañeros a sospechar que el embajador preparó este evento cultural como una especie de regalo en este estado del norte de India, conocido por sus palacios y fuertes.

«¿En qué cabeza cabe hacer actividades culturales españolas con fondos del Estado o donados a este sin conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores?», se pregunta un antiguo embajador en una capital asiática. «La mezzosoprano es su novia desde hace muchos años y la lleva a todas partes, le organiza conciertos y le paga sus honorarios de cantante con los fondos de la acción cultural de la embajada», se queja este veterano diplomático.