El Gobierno prohibirá vender bebidas energéticas a menores de 16 años

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que el Gobierno pondrá en marcha una normativa para prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años.

En declaraciones a la prensa en Barcelona, ha asegurado que es una evidencia científica que las bebidas energéticas se han convertido en una «amenaza» para la salud de los jóvenes. El Ministerio plantea, además, extender la prohibición a los menores de 18 años en el caso de las bebidas con más de 32mg de cafeína por cada 100ml.

«El Ministerio de Consumo lo que anuncia hoy es la firme voluntad de sacar esta regulación adelante. Lo haremos con el instrumento jurídico más eficaz, y que pueda ver la luz en el menor plazo posible», ha detallado Bustinduy, que ha asegura también que existe un amplio consenso social sobre la cuestión.

En este sentido, buscará garantizar «que se proteja y se anteponga la protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes sobre los intereses económicos de una industria muy poderosa, pero que no debe primar sobre la protección del bienestar y la salud de los niños».

Alta aprobación

La regulación se sumará a la prohibición de la venta de bebidas energéticas en los centros escolares de toda España, y va en línea con las medidas adoptadas por países como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría y Lituania, así como con las iniciativas de comunidades como Galicia y Asturias.

Según el último barómetro publicado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) la semana pasada, 9 de cada 10 personas en España están de acuerdo con la prohibición, una opinión también mayoritaria entre los encuestados de entre 18 y 35 años (88,3%).

La encuesta recoge también que el 25% de los encuestados consume bebidas energéticas -de media, 2 veces por semana-, que casi la mitad (49%) de quienes las toman lo hacen al menos una vez al día, y que el 47% las mezclan regularmente con alcohol.

Alojamiento de emergencia

El ministro se ha referido también al informe de evaluación que ha hecho público el Ministerio sobre el control de precios en situaciones de emergencia, como se hizo en Grazalema (Cádiz) y otras 13 localidades afectadas por las inundaciones de las últimas semanas.

El objetivo de Gobierno era «impedir que en situaciones de emergencia hubiera operadores económicos que pudieran lucrarse a costa de la vulnerabilidad de la ciudadanía». «Nuestra evaluación es muy positiva, no se han producido esas subidas y, sobre todo, lo importante es que las plataformas no han podido generar esas subidas abusivas de precios que hemos visto en otras situaciones», ha proseguido Bustinduy.

El ministro espera que la medida pueda verse ratificada por unanimidad en el Congreso este jueves: «En el caso de que alguien votara en contra de esta medida, lo que estaría haciendo es responsabilizándose directamente».

Dependencia y discapacidad

Bustinduy ha inaugurado este martes el Congreso Multisedes sobre Servicios Sociales, Cuidados y Comunidad, y sobre esta cuestión ha destacado que es «fundamental» el proceso de reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que ha entrado en su última fase en el Congreso y que espera que pueda ser aprobada por unanimidad.

«No se entendería que nadie se negara a apoyar una cuestión que es de un absoluto consenso en nuestra sociedad, que es la necesidad de que contemos con un modelo de cuidados, un sistema de atención a la dependencia a la altura de las necesidades de nuestra sociedad», ha afirmado.

Medidas sobre vivienda

El ministro ha defendido también una prórroga automática y universal de todos los contratos que vencen en los próximos meses, «que afectan hasta a casi 3 millones de personas hasta el final de la legislatura».

«Son contratos que se suscribieron hace 5 años, cuando las condiciones del mercado del alquiler reflejaban unas tensiones mucho menores que en la actualidad y, por tanto, en todos los lugares donde no están protegidas por la aplicación de zonas tensionadas de la ley de vivienda, las familias que se enfrentan a esa renovación de contratos se pueden enfrentar a subidas del 40, el 50 o hasta el 60% del precio de los alquileres», ha asegurado.

Bustinduy ha reiterado también su apoyo a la prohibición de compras especulativas de vivienda en zonas tensionadas: «Quiero agradecer a los Comuns que hayan liderado una vez más en este ámbito con su acción política y hayan dado ejemplo al resto. Y ojalá nuestro socio de Gobierno, el Partido Socialista, pueda de una vez vencer sus reticencias que ha expresado hasta ahora y decidirse a proteger a los inquilinos y a las familias en España».