El Jemad se desmarca del Gobierno y vota en contra de que el aborto sea un derecho

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Teodoro López Calderón, se desmarcó este jueves del Gobierno de Pedro Sánchez y votó en contra, con voto particular, contra el dictamen del Consejo de Estado que pretende reformar la Constitución para convertir el aborto en un derecho, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes de este órgano asesor del Ejecutivo. Su intervención sorprendió a algunos de los asistentes por «valiente y sensata».

Esta discrepancia se une a la de otros miembros del Consejo de Estado, que han expresado en privado su malestar por la «utilización política» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo este jueves de la votación. Sánchez se hizo eco del resultado de la votación en el mitin del PSOE de apertura de la campaña electoral de las autonómicas de Castilla y León.

La tramitación en el Consejo de Estado del anteproyecto de ley del Gobierno de Sánchez para convertir el aborto en un derecho recogido en la Constitución ha estado llena de obstáculos, por la dificultad que conlleva llevar a cabo una reforma constitucional. El nuevo reclamo electoral de Sánchez, la bandera del aborto, ha tensado las costuras de este órgano asesor, que acoge a destacadas personalidades de ambas formaciones políticas, PSOE y PP, que han ocupado cargos de responsabilidad y otros que lo ostentan en la actualidad.

La Presidencia la ostenta la exvicepresidenta socialista del Gobierno, Carmen Calvo, y los 32 consejeros se dividen en permanentes, natos y electos. Entre los permanentes se encuentran, entre otros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, María Teresa Fernández de la Vega y María Luisa Carcedo; como natos figuran el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; y como electos, la exvicepresidenta del Gobierno del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, que no asistió al pleno del jueves, y el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Todos ellos han asistido a una guerra interna provocada por el texto remitido por el Gobierno, que pretende reformar la Constitución para introducir el aborto como derecho, pero no por la vía complicada del artículo 15, que afecta a los derechos fundamentales, sino por una más fácil, la del 43, que se refiere a la protección de la salud, contemplando el aborto dentro de los supuestos a recibir prestaciones sanitarias. El Gobierno de Sánchez intenta esquivar el artículo 15, ya que supone disolver el Congreso y el Senado y convocar elecciones; y ha optado por el segundo, que necesitaría tres quintos del Congreso, 210 diputados. Ni uno ni otro procedimiento sería posible, pero Sánchez ya ha conseguido introducir la polémica en el debate político.

Como ya adelantó este periódico, la jornada del jueves, día de la celebración del plenario que tenía que discutir el segundo dictamen -elaborado por la exministra socialista María Luisa Carcedo tras rechazarse el de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón- se desarrolló en un clima de tensión, al que le puso la puntilla el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez utilizó la polémica aprobación del informe no vinculante de este órgano de consulta en el mitin de apertura de la campaña electoral de Castilla y León, cuyas elecciones se celebrarán el próximo día 15.

«Es una auténtica manipulación política del Consejo de Estado», aseguran las fuentes consultadas por este periódico. «Quieren una polarización y una confrontación porque el presidente del Gobierno ya soltó el tema en Burgos», «solo quieren eso y todo lo demás no les importa nada». Y señalan: «A día de hoy no hay ningún problema con el aborto y se está llevando a cabo con normalidad». Estas fuentes llegan a afirmar que «fue una absoluta vergüenza y algunos consejeros no sabían exactamente qué decía un dictamen disparatado e incongruente, urgido por la presidenta, que tenía prisa porque Sánchez quería anunciarlo en el mitin».

«Polarización y enfrentamiento»

La utilización política que denuncian no solo se refiere a Pedro Sánchez, sino a las «maniobras» de Carmen Calvo para forzar un dictamen favorable a las tesis del Gobierno. Para conseguirlo, y ante el rechazo del plenario al dictamen de la exministra socialista, Carmen Calvo encargó a Luis María Cazorla, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y miembro del Consejo de Estado, redactar una enmienda con la que modificar el texto de Carcedo e intentar así conseguir la mayoría. Calvo hizo un receso en la sesión y después se aprobó el texto con la enmienda, con seis votos en contra.