Una asociación feminista avisa de errores en las nuevas pulseras antimaltrato: «Son un riesgo»

La Volaera, asociación feminista de Granada que asiste a mujeres que han sido víctimas de maltrato y que ya detectó los errores en las polémicas pulseras antimaltrato en junio de 2024, advierte de que las tobilleras que las sustituirán, y que han sido licitadas por el Ministerio de Igualdad por 71 millones de euros, ampliables a 111, contienen errores que «podrían afectar a la salud e integridad de las usuarias». Un análisis técnico-jurídico realizado por la entidad ha detectado deficiencias «preocupantes» y que evidencian, según María Martín Romero, su presidenta, «la tortura institucional y la dejadez con que este ministerio vuelve a tratar a las mujeres y sus criaturas cuando estas se encuentran en peligro por sus maltratadores».

La asociación, tras un análisis detallado, ha concluido que la licitación que expira el próximo viernes contiene graves carencias. «Lo detectado pone de manifiesto la mala praxis y las consecuencias de ello. Cualquier licitación tiene que describir con precisión absoluta los requisitos tecnológicos y que los mismos estén plenamente actualizados. Resultan preocupantes las deficiencias de planificación técnica, como la exigencia de cumplimiento en base a una legislación derogada o que el plan de transición sea incoherente con el pliego de 2023 que hemos encontrado», añade Martín Romero. 

Entre las deficiencias detectadas por el equipo que ha llevado a cabo el estudio destaca la «desprotección de las usuarias en zonas rurales o de montaña por no pedir dispositivos con cobertura satelital»: «Es como hacer víctimas de primera y de segunda clase. Tienes mala suerte si no vives en donde tengas buena cobertura». La advertencia de la presidenta de La Volaera es porque, a pesar de que la tecnología 3GPP Release 17 (ya implantada por operadores de telefonía móvil de la Unión Europea y que en España está en plena eclosión) la llevan multitud de dispositivos móviles, «aquí no se exige».

«El pliego solo requiere cobertura terrestre y, en el caso del dispositivo de la víctima, tecnología de cobertura móvil de hace más de una década. Es un auténtico disparate que, contándose con tecnología que permite la localización de víctimas y agresores de violencia machista en cualquier parte del territorio nacional, el Ministerio no la haya tenido en cuenta en la definición de requisitos de los dispositivos, poniendo en riesgo la salud o integridad de la víctima u obligando a los órganos judiciales a encarcelar a los agresores, disponiendo de medidas menos drásticas de protección», abunda el estudio.

Numerosos errores

Pero no es el único error destacado, sino que La Volaera señala otros como la «incongruencia normativa en contratos de alta cuantía», exigiendo el «cumplimiento de legislación derogada (RD 3/2010) en lugar del vigente Real Decreto 311/2022 del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), originado por utilizar modelos de documentos anticuados». O también la «negligencia grave en la planificación de la transición». Y es que el ministerio ofrece a la adjudicataria la posibilidad de ampliar el periodo de transición con la actual empresa hasta los seis meses, pero no tiene en cuenta que a la UTE Vodafone-Securitas solo se le puede exigir contractualmente la subcontratación y colaboración durante un máximo de tres meses desde la finalización de su contrato. «Esta discrepancia evidencia un desconocimiento de las limitaciones del marco contractual vigente y pone de nuevo en riesgo la continuidad de la protección de las víctimas durante el traspaso de poderes».

Por último, el estudio señala la «contradicción en la gestión de potestades públicas», pues se externalizan funciones nucleares públicas a personal de empresa privada, lo que «vulnera el principio de minimización de datos al dar acceso directo a datos sensibles de salud y condenas penales sin filtro administrativo previo», y la «vulneración de la igualdad de trato por falta de definición técnica»: «El pliego no detalla requisitos funcionales, técnicos y de seguridad suficientes, lo que impide a las empresas evaluar viabilidad y competir en igualdad. En cambio, obliga a la adjudicataria a definir, desarrollar y poner operativa la solución en solo 60 días junto a la Delegación del Gobierno, tarea técnicamente improbable, salvo para la actual UTE (Vodafone-Securitas), sugiriendo un diseño a medida para su continuidad».

«Es para echarse a llorar»

Por todo lo expuesto, Martín Romero considera «evidente el interés del Ministerio de Igualdad por quitarse de encima la protección de las usuarias de este servicio tan crítico. Se pone de perfil en la gestión diaria del Sistema de Protección Telemática, sin intervención directa en las comunicaciones con órganos judiciales o fiscalía. Su desidia en la elaboración del pliego, cometiendo errores groseros como la utilización de legislación derogada, establecer un periodo de hasta seis meses para el cambio total de la empresa adjudicataria —cuando no puede exigirse a la actual proveedora— o desconocer cómo debe funcionar el Sistema de Protección de las víctimas de violencia machista, requiriendo a la nueva contratista que lo defina detalladamente, es para echarse a llorar».

La presidenta de La Volaera recalca que su voluntad «es seguir defendiendo a las víctimas tanto de los agresores como de las Administraciones Públicas que, con sus acciones, ejercen tortura institucional. Recordemos que, a principios de febrero, presentamos una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por los fallos detectados con las pulseras que, según la ministra, funcionan a la perfección».