El cocinero de Barcelona al que echaron por no acreditar el B2 de catalán: «Hay otros en riesgo»

Manuel Escribano trabajó durante casi dos décadas como cocinero del Ayuntamiento de Barcelona, pero le echaron en enero de 2024 por no acreditar el nivel B2 de catalán. Después de emprender una dura batalla legal, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaminó que su despido había sido improcedente. Sin embargo, el consistorio, que dirige el PSC de Jaume Collboni, prefirió indemnizarle —explica Escribano— con «el dinero de todos los contribuyentes» (58.696,92 euros) antes que readmitirlo en su puesto de trabajo.

Curiosamente, cuando firmó el despido, Escribano ya tenía el certificado B2, tras haber dedicado cuatro años a cursar los distintos niveles para obtenerlo. Es decir, su voluntad era permanecer en un puesto de trabajo que le «hacía muy feliz». Sospecha que su destitución fue parte de una «jugada» del consistorio para cambiar el modelo de comedor: «Me quisieron echar para externalizar el servicio de comedor a una empresa. Como yo, hay otros trabajadores en riesgo de sufrir su destitución porque cuando entraron nadie les pidió una prueba escrita de catalán y ya tienen más de 50 años».

Escribano habla para THE OBJECTIVE sobre su caso, que llamó la atención del periodista y escritor Gregorio Morán, quien murió el lunes de la semana pasada. Este cocinero fue el protagonista del último artículo escrito por Morán, titulado La culpa es del cocinero, en el que contaba la discriminación que sufrió como trabajador y por parte de un gobierno socialista: «Lo que leí me encantó. Qué pena que ya no esté entre nosotros. No llegué a conocerle, pero me hubiera gustado».

Apoyo de «las chicas de la limpieza»

Desde que se dio a conocer su caso, ha vivido una situación muy tensa. Ahora prefiere estar fuera del ojo público, pero accede a explicar su situación actual por el cariño que le mostró Morán en estas páginas. Afirma que en todo este tiempo «solamente las chicas de la empresa Clece de limpieza», su «encargada» y todos sus «proveedores del mercado de la Boquería», en las Ramblas de Barcelona, le han «mostrado su solidaridad». Ninguna autoridad o concejal ha hecho lo mismo.

«Sé que se ha hablado bastante de mi caso en el Ayuntamiento y que la gente me tenía aprecio, pero nadie se ha puesto en contacto conmigo». La sentencia de la Justicia catalana ponía en su caso un límite al uso del requisito lingüístico como herramienta laboral. Escribano llevaba muchos años trabajando en una situación de «fijo discontinuo». La asociación Convivencia Cívica Catalana, que preside Ángel Escolano, es quien ha llevado su caso y están muy satisfechos por la decisión judicial.

Trabajó para cuatro alcaldes

Escribano entró a trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona con un contrato de urgencia y, tras superar tres pruebas prácticas, que en «ningún momento» fueron idiomáticas. «Entré con contrato de auxiliar administrativo, ya que no había plaza de cocinero en 2007. En 2014 salió la plaza y fue entonces cuando mi nómina aparecía la palabra cocinero».

También asegura que, pese a trabajar en una administración pública, «nunca fueron claros con mi condición laboral». «Al parecer, estaba de interino y en 2014 me hicieron laboral. Yo confié en mi superior. Le dije que si esto era bueno para mí y su respuesta fue: ‘Cuando te vayas, te queda paro’. En este momento debía haber sospechado, pero yo estaba feliz en mi puesto de trabajo y jamás pensé que su jugada era quitarme de en medio».

Este cocinero ha trabajado a las órdenes de cuatro alcaldes de distinto color político de la Ciudad Condal: Jordi Hereu (PSC), Xavier Trias (CiU), Ada Colau (Comuns) y Jaume Collboni (PSC). Nunca tuvo problemas con ningún ejecutivo. Ahora ha vuelto a su Córdoba natal, a cuidar a su madre de 91 años y «con la satisfacción de que no se salieron con la suya».