El PP pregunta a Defensa si toma medidas con Huawei para evitar riesgos en sus contratos
Los populares piden que explique en el Congreso si hay riesgos para la seguridad nacional
La ministra de Defensa, Margarita Robles | Ricardo Rubio (EP)
El Grupo Parlamentario Popular quiere que el Gobierno explique en el Congreso de los Diputados los polémicos contratos que ha llevado a cabo con la empresa china Huawei y que podrían afectar a la seguridad nacional, desvelados por THE OBJECTIVE. Por ello, y tras la advertencia que ha realizado la Unión Europea sobre los riesgos que pueden tener en el ámbito de la ciberseguridad, ha registrado una pregunta para que le sea respondida tanto en la comisión de Defensa como en la mixta de Seguridad Nacional, a la que ha tenido acceso este periódico. La cuestión se refiere a si el Ejecutivo ha tomado alguna decisión sobre estos contratos para reducir los posibles riesgos.
Concretamente, la pregunta interpela sobre las «decisiones que ha adoptado el Ministerio de Defensa en el ámbito de la contratación del sector público en materia de la defensa y de la seguridad, en referencia a proveedores como Huawei y otras empresas tecnológicas chinas, especialmente tras el anuncio de la Comisión Europea del inicio del procedimiento de modificación del Reglamento sobre la Ciberseguridad con el objeto de reducir los riesgos en la cadena de suministro de las TIC de la UE derivados de proveedores de terceros países que plantean problemas en el ámbito de la ciberseguridad».
Como ha venido publicando THE OBJECTIVE, el Gobierno ha mantenido y mantiene una relación estable con esta empresa china, que está en el centro de la polémica. Por una parte, la Agencia Tributaria (AEAT) encargó en 2021 dos cabinas de almacenamiento para custodiar datos sensibles de millones de contribuyentes españoles. La firma china, señalada mundialmente por presunto espionaje, aporta al sistema de Hacienda las cabinas modelo OceanStor Dorado 8000. Se trata de una versión superior de las cabinas del mismo fabricante con las que opera el sistema de escuchas policiales Sitel. La revelación provocó una crisis con la inteligencia de EEUU. En el caso de la AEAT, tal y como confirma el propio organismo, los dispositivos Huawei tienen una capacidad de almacenamiento de 3.630 terabytes, el equivalente a una media de 1.500 millones de documentos.
Igualmente, el Ministerio del Interior adjudicó contratos por 12,3 millones de euros para la gestión del almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales. Según la información oficial del portal de contratación pública, son licitaciones dentro del marco de contratos centralizados entre 2021 y 2025. El encargo contempla la custodia digital del resultado de las interceptaciones ordenadas por jueces y fiscales, y se enmarca en los procesos habituales gestionados por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
En agosto de 2025, se conoció que el Ministerio para la Transformación Digital había anulado un contrato para mejorar las capacidades de fibra óptica en instituciones públicas, incluyendo el Ministerio de Defensa, mediante equipos de Huawei. Esta acción se produce semanas después de que THE OBJECTIVE hiciese público que el Ejecutivo adjudicó por 12,3 millones de euros a Huawei la gestión del almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales.
La Comisión Europea ya dio un varapalo a esta relación comercial de España, como así se recoge en una respuesta a una pregunta parlamentaria de la eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat. La vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la UE, Henna Virkkunen, recordó que el contrato realizado por el Ministerio del Interior español con el suministrador chino «tiene el potencial de generar una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera».
Montserrat le interpeló sobre las vinculaciones que España mantiene con Huawei, en concreto el suministro de servidores destinados al almacenamiento de escuchas judiciales del sistema Sitel, que gestiona interceptaciones telefónicas judiciales y cooperaciones policiales internacionales. Un acuerdo publicado por este diario antes del verano. En septiembre, Virkkunen también realizó una advertencia similar a otra pregunta del eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé.
El pasado día 20 de enero, la Comisión Europea publicó el borrador de la revisión de su Ley de Ciberseguridad que establece la retirada obligatoria de los proveedores de alto riesgo de la tecnología 5G, enfocado a las injerencias de terceros países ajenos a la OTAN, y planteó un veto formal (aunque sin nombrarlos) a los suministradores chinos de las redes de telecomunicaciones comunitarias. Los países y sus operadores tendrán 36 meses para retirar todos los componentes de sus activos calificados como «clave» a partir de que se apruebe una lista en la que se incluirán las compañías vetadas.