Funcionarios de prisiones y afectados por la Ley de Costas quieren unirse contra Armengol

Funcionarios de prisiones y distintos colectivos afectados por la paralización de la reforma de la Ley de Costas han mostrado su interés por unirse a la denuncia por prevaricación presentada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite) ante el Tribunal Supremo contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y los miembros de la Mesa del PSOE y Sumar. El motivo de esta denuncia, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes de Avite, es el bloqueo de iniciativas parlamentarias que les afectan.

Las víctimas de la talidomida podrían no quedarse solas en la batalla judicial que han emprendido contra el PSOE y Sumar por negarse a desbloquear dos iniciativas legislativas para que las ayudas que reciben queden exentas de IRPF. Ambas propuestas fueron presentadas por el Partido Popular, una en el Congreso y otra en el Senado, pero siguen, como lo definieron gráficamente los populares, en el «congelador de Amengol».

Tras publicar este periódico la decisión de las víctimas de la talidomida de recurrir a la única vía posible, tras intentarlo con reuniones con representantes del Grupo Socialista en el Congreso, los únicos que pueden desbloquearla, otros colectivos de la sociedad civil se han puesto en contacto con Avite para ver la posibilidad de unirse a esta denuncia. El primero en hacerlo ha sido el de los afectados por la paralización de la reforma de la Ley de Costas, que a su vez han contactado con los funcionarios de prisiones.

La reforma de la Ley de Costas afecta a todo el territorio nacional y hay varios colectivos que se han organizado en diferentes puntos de la geografía española. El problema se concreta en las consecuencias que está teniendo la aplicación, con carácter retroactivo, de la ley aprobada en el año 1988, que marca un deslinde que afecta a casas legalizadas y que ahora corren el peligro de ser demolidas.

Dos son las iniciativas parlamentarias que permanecen bloqueadas, ambas impulsadas por el Partido Popular: una en el Senado de 12 de marzo de 2024, con 80 prórrogas en el plazo de enmiendas, y otra en el Congreso con fecha de 10 de junio de 2025. Esta última cuenta con 19 prórrogas, según datos facilitados por colectivos de afectados, y tuvo el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja.

En el caso de los funcionarios de prisiones, la situación que permanece paralizada es la proposición modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones. En este colectivo, el sindicato mayoritario es la UGT, cercano al Gobierno, por lo que podrían ser otras organizaciones sindicales las que se unieran a los afectados por la Ley de Costas.

El interés de estos tres grupos en unir sus fuerzas, aún en fase embrionaria, es constituir un «frente cívico» para denunciar el «atropello» del que aseguran estar siendo objeto por la coalición de Gobierno que representan el PSOE y Sumar.

Las víctimas de la talidomida han recibido incluso el respaldo de la Defensora del Pueblo de Cataluña. Según escrito que les ha enviado Esther Giménez-Salinas, «la Síndica de Greuges de Catalunya comparte el posicionamiento de las personas afectadas por la talidomida en cuanto a su petición de exención tributaria de las ayudas percibidas». Además, subraya que, «la fiscalidad debe ser un instrumento de protección a los colectivos vulnerables» y que «la concesión de las ayudas es un acto de reconocimiento y de restauración del daño, después de años de invisibilización y de reclamaciones ignoradas», a la vez que «da una respuesta necesaria a la grave situación de salud vivida, que ahora se ve agravada por razones de edad y aboca a las personas afectadas a una situación de dependencia más severa».

Giménez-Salinas recuerda que «la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, imponen a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas». Por otro lado, «la Ley del IRPF ya reconoce la exención de rentas de naturaleza análoga, como las prestaciones por actos de terrorismo, ayudas por VIH, pensiones de la Guerra Civil o prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia» y «es de aplicación el principio de igualdad tributaria».