Un tribunal de Japón responsabiliza de nuevo al Estado del accidente de Fukushima

Un tribunal de Japón ha responsabilizado al Estado y a la operadora de la central nuclear de Fukushima de negligencia, en una nueva sentencia que obliga a las dos partes implicadas a compensar a miles de afectados por el accidente nuclear de 2011, cuyos efectos aún mantienen evacuadas a decenas de miles de personas.

Esta sentencia del Tribunal del Distrito de Fukushima es la tercera de un tribunal japonés que declara culpable a Tepco Electric Power (Tepco) por falta de previsión, y la segunda que señala como responsable también al Gobierno de Japón.

Los jueces han dado así la razón a un grupo de 3.800 demandantes, una de las mayores denuncias colectivas por el accidente nuclear de Fukushima, que consideraban que tanto el Gobierno como Tepco debían haber tomado más medidas para evitar la catástrofe ocurrida en 2011.

Los demandantes reclaman a ambas partes una compensación mensual de 50.000 yenes (unos 375 euros) hasta que la radiación vuelva a los niveles previos al accidente en las zonas afectadas. Para llevar su denuncia a los tribunales, los demandantes han utilizado como prueba un informe sísmico realizado por un órgano gubernamental en 2002 que señalaba que había un 20 por ciento de posibilidades de que un terremoto de más de 8 grados se produjera en la zona próxima a la central, desencadenando un tsunami.

Los jueces han decidido finalmente que Tepco y el Gobierno deben indemnizar a los afectados con una cantidad fija de 500 millones de yenes (unos 3,7 millones de euros) a repartir entre los demandantes. El tribunal ha considerado que, dado que la limpieza de las zonas contaminadas por la radiactividad podría prolongarse durante décadas, el coste final sería desorbitado si se estableciera una cantidad mensual.

El coste total del desmantelamiento de la central nuclear y de las indemnizaciones a los afectados superará los 20 billones de yenes (unos 166.832 millones de euros), según un informe del pasado mes de marzo elaborado por el Ministerio Japonés de Economía, Comercio e Industria.