El juez que investiga la entrada del líder del Frente Polisario Brahim Gali en España ha rechazado archivar el caso, como solicitaba la Abogacía del Estado, y cuestiona los principales argumentos que esgrime, entre ellos que se cumplió el Código Schengen para el control de fronteras europeas.
El juez Rafael Lasala, titular del juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, ha decidido en un auto, al que ha tenido acceso Efe, mantener abierta la causa por la entrada de Gali en España el pasado mes de abril, un procedimiento en el que figura como investigada la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y encubrimiento.
El juez ve que no hay razones para archivar la causa y cree que la interpretación que hace la Abogacía del Estado sobre el cumplimiento del código Schengen para el cruce de fronteras en condiciones excepcionales «es muy parcial». Además, sostiene que se ha cometido «una vulneración frontal» de lo que establece ese reglamento «al haber pretendido su inaplicación» por parte de las autoridades implicadas.
En su análisis del referido reglamento aplicado al caso, destaca que la exención se refiere al sellado de los documentos de viaje de jefes de estado o de personalidades, y resalta a renglón seguido que ninguna de estas circunstancias se dan en relación a Gali ya que la República Árabe Saharaui Democrática no esta reconocida por ninguno de los estados del Espacio Schengen.
Considera de «menor entidad» la disposición de que permite la entrada por «motivos humanitarios», que, añade, fue dictada con motivo de la pandemia en beneficio de quienes cumplían con el resto de requisitos y que, en cualquier caso, no afecta a los residentes en Argelia.
En opinión del juez, existen «motivos» hasta el actual momento de la instrucción para creer que no fue una «mala o difícil» interpretación la que se hizo de este precepto sino una «vulneración frontal» al haberse intentado su no aplicación, «razón por la que se cuestiona lo sucedido en sede penal y no en otra jurisdicción».
En su auto, el instructor, a pesar de considerar el anterior motivo «suficiente» para rechazar el sobreseimiento, se pregunta sobre el delito de encubrimiento planteado por las acusaciones y recuerda que la causa también investiga si la entrada «discreta» de Gali podría tener como finalidad evitar problemas judiciales, alusión hecha en relación a la causa que tenía abierta en esos momentos el líder polisario en la Audiencia Nacional.
«Aunque no haya medidas cautelares contra ella -argumenta en relación a la inexistencia de una orden internacional de detención contra Gali-, las autoridades han de poner en conocimiento de los juzgados competentes la localización del sujeto investigado».
Además, en relación al delito de falsedad investigado, advierte el magistrado que podría afectar no sólo a los que se hubieran aprovechado de la misma, sino también «a quiene hubieran consentido la utilización de cualquier documentación falsificada».
En este sentido, califica de «excusa» el hecho de que el líder polisario hubiera ingresado en el hospital de Logroño con una identidad falsa con el «pretexto» de preservar datos íntimos sobre su salud, al entender que «ofende» a los profesionales sanitarios y administrativos de dicho centro.
La instrucción de la causa continuará el próximo lunes con la toma de declaración como testigos de las jefes de Gabinete de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y del actual ministro del Interior con el fin de determinar si sus superiores conocían con anterioridad la entrada de Gali en España.
