Anticorrupción pide reabrir el 'caso Vitaldent' al apreciar delitos fiscales

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación en el que pide reabrir el llamado caso Vitaldent, que el juez instructor archivó al no apreciar indicios de delitos contra la Hacienda Pública ni de estafa, porque cree que se basó en un informe elaborado con datos poco fiables y obvió, en cambio, uno fundado en los «datos auténticos» que constata la existencia de delitos fiscales.

La causa tiene su origen en una denuncia conjunta interpuesta en 2013 por una veintena de franquiciados contra la antigua cúpula directiva por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, organización criminal y falsedad documental. Las franquicias denunciaron que estaban obligadas a cobrar en metálico a sus pacientes y pagar en negro un 10% de su facturación al presidente, Ernesto Colman.

En un auto dictado el pasado 13 de octubre, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, acordó el sobreseimiento libre al concluir que no se dan los elementos típicos de los delitos contra la Hacienda Pública ni hay indicios incriminatorios respecto a los delitos de estafa y apropiación indebida, por lo que a su vez decaerían los posibles delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Los fiscales anticorrupción José Grinda y Tomás Herranz, en un escrito del 25 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, formulan un recurso de apelación para impugnar las conclusiones de García-Castellón sobre los delitos contra la Hacienda Pública y estafa.

Informes «no fiables»

Grinda y Herranz esgrimen que, si bien el juez decidió archivar entendiendo que no se había podido determinar la supuesta cuota defraudada a la Agencia Tributaria, esta asunción es errónea porque se apoya en un informe elaborado en 2020 por peritos de Hacienda que no son «fiables».

Y ello porque, según explican, «el informe de enero de 2020 solo contempla como documentación las hojas de caja y los programas Navision y Ulyses» de las clínicas propias, y «ni los unos ni las otras son fiables«, conforme declararon en sede judicial los propios peritos.

El Ministerio Público remite a García-Castellón a informes anteriores de 2017 que beben de los datos de las clínicas propias –propiedad del Grupo Vitaldent– y de las estrictamente franquiciadas. «Se basan en un documento que fue elaborado para las propias personas investigadas, para su conocimiento y, por tanto, con los datos auténticos», sostienen.

Detallan que la documentación a la que se refieren los informes de 2017 es la intervenida al investigado Bartolo Conte, «mano derecha» de Colman, y que es «muy fiable» porque «recoge datos reales de 2013 a 2015 ocultados a la Agencia Tributaria«. De ella y de la pericial judicial, aseveran los fiscales, se desprenden con «claridad» delitos referidos a esos tres ejercicios y a los de 2011 y 2012.

Con todo, señalan que, aunque García-Castellón entendió que los informes de 2017 quedaban «superados» con el informe de 2020 y un último de 2021, no es así, sino que, como analizan documentos diferentes, de los de 2017 se deduce la existencia de delitos fiscales, mientras que «con la documentación que se les aporta para los informes de 2020 y 2021 no pueden cuantificar la cuota defraudada».

Pagos en B

Anticorrupción afirma que hay «varios elementos incriminatorios» respecto al delito contra la Hacienda Pública y en este sentido apunta a «la existencia de cobros mensuales en B por importes que oscilan entre los 10.000 a 12.000 euros mensuales por cada una de las clínicas propias» y a «pagos en B por franquiciados de confianza».

Menciona asimismo una «doble contabilidad», «realizada ‘ad hoc’ con la finalidad de cuadrar sus declaraciones fiscales», que estaría acreditada por «las tablas aportadas junto la denuncia y confeccionadas por el ex director financiero que contiene la contabilidad A y B de las clínicas», así como facturaciones sin IVA.

Todo ello conduce a la Fiscalía a sostener la existencia de una organización criminal que estaría encabezada por Colman, al que acusa de crear «un entramado de sociedades instrumentales, situando al frente a personas de su confianza de conducta activa, como Conte, o más pasiva –testaferros–«, cuya finalidad sería «conseguir la elusión de obligaciones fiscales a través del cual se obtenían importantes cantidades de dinero y se blanqueaban los beneficios obtenidos».

Por otro lado, indica Anticorrupción, «se constata también la imposición de condiciones fraudulentas a los franquiciados, por el uso de la marca, entre ellas pago de determinados cánones según su volumen de facturación entre el 10% y el 11%, así como el pago actividades que no prestaba, especialmente el canon de publicidad, de un 5%, destinando dichos recursos al enriquecimiento personal de los responsables del Grupo Vitaldent».

La piedra clave de este «sistema defraudatorio», acotan Grinda y Herranz, sería «el pago de unos cánones mediante la entrega de dinero en efectivo –un 10%, 10.000 euros mensuales según los casos–, eludiendo el pago de los impuestos, mediante el flujo de capital desde las clínicas odontológicas de la marca Vitaldent».

Los fiscales explican que «ese dinero era el que habían percibido en metálico de sus clientes y que no registraban en la contabilidad de las mercantiles citadas», que «llevaban un doble registro en sus clínicas».

A este respecto, Grinda y Herranz precisan que, por una parte, registraban y contabilizaban «las cantidades que percibían de los tratamientos financiadas o por transferencia» y, por otra, registraban pero no contabilizaban y, por tanto, tampoco declaraban, el dinero que los clientes pagaban en efectivo.